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| Ginés de Vala de Rey, arrendador del voto de Santiago en Quintanar del Marquesado |
Las críticas más graves contra el corregidor Antonio Pérez de Torres y la familia Buedo fueron proferidas por Alonso de Jávega. Iban dirigidas contra Diego de Buedo, tío de Martín Alfonso de Buedo, y hermano de Martín de Buedo. El hermano de Alonso, Gil Sanz de Jávaga, había recibido en depósito dos mil reales del derecho de tanteo de una venta de una heredad a Juan de Madrigal. Pedro de Andújar, alcalde ordinario, ordenó el depósito en poder del mayordomo Diego López de Andújar, pero el dinero se esfumó una vez formalizada la venta al removerse el deposito por orden de Diego de Buedo para destinarse al pago de un censo contraído contra el caudal del pósito. Aparte de la estafa, el corregidor se arrogó una causa que pertenecía al siguiente alcalde vararreyense Diego de Gabaldón para endosar la deuda de dos mil reales al concejo de Vara de Rey y exonerando a Diego de Buedo. Tan enrevesado asunto escondía, hombre de paja incluido, la venta de la regiduría perpetua de Diego de Buedo a favor del mencionado Gil Sanz de Jávega y el arrepentimiento de esta venta para intentar ceder la regiduría a favor de Hernán Pérez de Oviedo. En esta lucha por el poder había sido determinante la intervención a favor de los hidalgos, Buedo y Oviedo, del alguacil del corregimiento Juan de la Torre. La familia Buedo dominaría, con el control de la Tesorería de rentas reales, y su hacienda agraria de Pozoamargo, la política municipal de Vara de Rey y tendría una gran influencia en San Clemente en el período que va de 1580 hasta la muerte de Alfonso Martín de Buedo en 1605 y la posterior bancarrota de la Hacienda de 1607.
En el caso mencionado de las mojoneras, el conflicto había surgido por la apropiación de un trozo de término de Vara de Rey por el concejo de San Clemente. El corregidor dio la razón a San Clemente y llevó a la cárcel de San Clemente al regidor Rodrigo López por no entregar la ejecutoria original de la delimitación de términos; finalmente, Vara del Rey obtendría la restitución del término arrebatado, acudiendo al Consejo Real, que mandó un juez de comisión, el licenciado Núñez de Chabes, para entender en el pleito y que acabaría dando la razón a los vararreyenses. Aunque es erróneo pensar en un concejo vararreyense unido en la defensa de los intereses de la villa frente a un enemigo, la familia Buedo, y la parcialidad del corregidor. Los Buedo tenían solidas alianzas familiares con los Montoya; contra el regidor Pedro de Montoya Vizcarra y otro regidor Alonso Ruiz de Alarcón, además alférez de la villa, iban las críticas y acusaciones de talar los pinos del monte del Azaraque, situado en las actuales tierras de Casas Benítez. Este Alonso Ruiz de Alarcón, del que desconocemos su presencia como vecino de Vara de Rey, debía contar con el favor del corregidor, pues salía indemne de juicios por deudas con un vecino de la villa llamado Pedro López de Espinosa.
Las depredaciones de los ganados de los regidores vararreyenses se llevaban a cabo en el pinar de Azaraque, ya por entonces una dehesa, pues la mayoría de los pinos habían sido talados. Las acusaciones venían de los tres molineros de los molinos inmediatos al pinar y junto al río: La Losa, Los Nuevos y El Batanejo. Allí los ganados de Pedro Montoya Vizcarra, el capitán Martín de Buedo Montoya, Salvador de Buedo y Martín de Buedo Gomendio pastaban libremente ante los ojos de los guardas de sierra de Vara de Rey. No faltaban los ganados de algún otro regidor, como un Jávega, cuyas casas no muy lejos de allí había dado lugar a un embrión de aldea, llamada Las Talayas. El surgimiento de nuevos núcleos, como se citan en la Relaciones Topográficas, por la roturación de las dehesas era algo común. En algún caso, los núcleos surgían alrededor de los molinos como las Casas de Juan López en los molinos de EL Batanejo.
Sobre la fortuna que podía hacer un simple alguacil de corregimiento en las comisiones para la toma de cuentas de propios y del pósito encargadas por el corregidor, es paradigmático el caso de Diego de Agüero. La toma de cuentas de los años 1591 y 1592, supusieron para el alguacil, ya acusado en otras villas de llevar salarios de trescientos maravedíes frente a los doscientos estipulados, unos salarios de 2002 maravedíes por la toma de cuenta de propios al mayordomo Alonso López de Andújar, de San Miguel de 1590 a 1591, en los tres días de su comisión; añadir a ello, otros dos mil maravedíes por la toma de cuentas del pósito en 1592 al mayordomo Diego de Honrubia. El que acusaba era el escribano del concejo Martín Gómez.
En Quintanar del Marquesado los enfrentamientos del corregidor venían con Ginés Vala de Rey. Si la acción gubernativa del corregidor en la localidad era encomiada por el escribano Francisco Serrano, el alcalde de la hermandad Francisco Sainz o el regidor Juan Gómez, no era este el parecer general de la villa. Las primeras denuncias las destapó un principal como Onofre Martínez, acusando al alférez mayor de la villa, Alonso Martínez Donate de participar en sobornos junto al alguacil Diego de Agüero en la toma de cuentas. El caso de este Onofre es digno de mención; personaje que ya conocemos en otros desaguisados, sabemos de él que era boticario. Onofre no parecía muy contento con la inspección que sufrió su botica por el alguacil Cristóbal Mendoza y un vecino de Santa María del Campo, llamado Miguel López cirujano, ni con los dos mil maravedíes que se llevaron de la inspección en un proceso bastante irregular y del que no quedaba papel alguno. El boticario solo contaba en su denuncia con lo que pudieran aportar en su testimonio oral el escribano Francisco Serrano, el médico licenciado Pedro López y el cirujano Francisco de León.
Aunque el que denunciaba la rapiña e inoperancia de la burocracia sanclementina era el escribano Pedro el Royo, acusando a alguaciles como Diego de Alfaro o Alonso de la Fuente Zapata de acudir para San Miguel a la elección de oficios, únicamente para llevarse un salario de cuatro o seis ducados en presencias fugaces por la villa de Quintanar. Como en otras villas, eran los alguaciles los que visitaban las villas; de los corregidores, apenas si sabía nada. El primer corregidor de las diecisiete villas, llamado Pedro de Castilla, había pasado sin pena ni gloria por el partido; Melchor Pérez de Torres, al menos, había visitado las villas, Quintanar le acogió para el día de Todos los Santos de 1488, pero su hijo no había dado señales de vida por el pueblo.
La ausencia de los corregidores de las villas tal vez era precaución. Si tomamos como ejemplo el caso de Quintanar, vemos un pueblo entero que se negaba a pagar las rentas reales al cogedor de las mismas. Éste, llamado, Martín Gómez reconocía que los vecinos deudores de las alcabalas eran un total de cuatrocientos. Por esta razón, Antonio Pérez de Torres evitaba su presencia en Quintanar, que quedaba a expensas de las actuaciones de alguaciles como el ya reiterativo e insaciable Diego de Agüero. Sus actuaciones eran denunciadas por Ginés de Vala de Rey, ya no solo por contravenir la común provisión del salario diario de doscientos maravedíes, sino porque el alguacil, además de llevarse cuatrocientos salarios diarios, solía recibir sendos pares de gallinas o capones por arreglar las cuentas de la villa en casa de Juan Parreño Talaya. Ginés de Vala de Rey no era un testigo cualquiera, arrendador del voto de Santiago, conocía bien su comarca y era bien conocido en ella; no solo las tierras de las aldeas antiguas de Villanueva al sur, también comarcas como la de Motilla del Palancar. Sabía de un hecho ocurrido allí por Juan Sainz Moreno, alcalde ordinario de Motilla, cuando unos arrieros se vieron obligados a pagar una imposición de ochenta reales a los alguaciles del corregimiento, añadida a la que ya habían pagado en los puertos secos de Valencia por las mercaderías que de aquel Reino traían; dieciocho reales llevaba otro alguacil en Tarazona por una comisión contra Martín Sánchez de Talaya.
Pero las denuncias de Ginés de Vala de Rey afectaban a sí mismo. Ginés de Vala de Rey había ganado paulina de Su Santidad para actuar contra los deudores del voto de Santiago, del que era arrendador. Los deudores eran moradores del lugar de Gil García; hasta allí se desplazaron Gines de Vala de Rey y su amigo Martín Sánchez de Talaya, tras entregar la paulina al sacristán de Gil García, esta admonitoria contra los deudores fue leída en la iglesia de Gil García. El intento de ejecución de deudores por Ginés de Vala de Rey y su amigo debió ser visto como una intromisión eclesiástica en las competencias propias de la justicia civil del corregimiento; el alguacil Francisco de Cárdenas metería en prisión a Gines de Vala de Rey y procedió del mismo modo contra Martín Sánchez de Talaya, arrendador de alcabalas por haber colaborado en la publicación de la paulina. El calvario que sufrieron los dos amigos fue sangría de maravedíes en salarios a los alguaciles Francisco Cárdenas y su sobrino Francisco de Santiago. El asunto acabaría en la Chancillería de Granada.
La villa de Quintanar andaba en pleitos con la de Tarazona por haber hecho esta villa una dehesa para pagar el nuevo servicio de millones, dentro de los arbitrios que la Comisión del Reino concedió para el pago de este servicio. En realidad, Tarazona había adehesado dos términos, la Torquilla, en disputas con Quintanar, y la Cardosa, hacia la parte de Madrigueras. El caso es que el corregidor Antonio Pérez de Torres entendió en este asunto que no era de su competencia, según ambas villas para expoliarlas con gastos judiciales de cien ducados. Aparte de las quejas comunes, la cuestión es que las decisiones del corregidor, hasta ser contradichas por el Consejo, fueron favorables a los pastores de Quintanar que seguían pastando en la dehesa de las Torquillas, en algunos casos, protegiendo a los pastores con cuatro hombres armados con arcabuces. Otras veces la colisión de intereses era entre las necesidades fiscales de la Corona y el obligado abasto de la villa. El corregidor decidió dejar en depósito para su embargo con destino a la recaudación del servicio de millones los dos mil reales del arca de tres llaves del pósito de Tarazona, sin embargo el dinero fue utilizado para comprar trigo en las villas de Montalbo, Villar de Cañas y Carcelén y hacer pan cocido para gasto de sus vecinos. El corregidor Antonio Pérez de Torres respondería condenando a los oficiales tarazoneros a multas de cinco mil maravedíes a cada uno y llevándolos presos a Ineista y Villanueva de la Jara.
El acotamiento de dos dehesas por la villa de Tarazona entró, además, en conflicto con la villa de Alarcón, pues las tierras cercadas eran propios históricos de esta villa: una, cerca de Villalgordo, donde dicen los Pozos de la Cañada hasta la Cardosa, y la otra en el término de Pozo LLorente y la Abanilla. Alarcón pidió la restitución de sus términos y lo consiguió por provisión de dos de mayo de 1591. Curiosamente, la villa de Alarcón no otorgaba más término a Tarazona que aquel de los canales y goteras adentro. Se contradecía así la confesión que la propia villa de Tarazona había hecho en las Relaciones Topográficas en que pretendía por derecho de villazgo habérsele concedido una legua de término hacia el oeste y media legua hacia el norte y este, amén de toda la tierra que hasta el río Júcar se extendía por el sur, obviando que el propio villazgo de 1564 reconocía el derecho de Alarcón a usar de su derecho y jurisdicción como hasta entonces lo había usado y fijaba los límites en los mojones que ya se habían establecido en 1483 por el licenciado González Molina y que Tarazona se había cuidado de derribar. La villa de Tarazona no reconoció estos límites y recurrió a Granada la propiedad de las dehesas de Alarcón, que ahora consideraba suyas. Mientras decidía la Chancillería, Tarazona hubo de acotar las ya referidas dehesas de las Torquillas, en disputa con Quintanar, y la de la Cardosa, esta vez en dirección hacia Madrigueras.
En Tarazona era importante la opinión de Dionisio Clemente, vecino de Villanueva de la Jara pero que gozaba del ejercicio de una regiduría en aquella villa. Era hombre de confianza del corregidor, pero no por ello dejó denunciar la arbitrariedad y cohechos del alguacil Diego de Agüero y la injusticia del embargo de los sesenta mil maravedíes del pósito de Tarazona, decisión que había quebrantado la paz social en el pueblo y causado gran alboroto. Denunciaba Dionisio Clemente cómo no todo era opresión real para esquilmar al pueblo con el servicio de millones, pues la concesión de arbitrios y arrendamiento de dehesas eran excusas para que los regidores hicieran uso de estos bienes en beneficio propio. Así, denunciaba cómo se los regidores Diego Tabernero, Luis Caballero y Francisco Cépedes habían utilizado a García Picazo para concederle el arrendamiento de una dehesa a muy bajo precio para que los ganados de los regidores pastaran libremente en los pastos adehesados. La almoneda de la dehesa se había hecho en el mesón que el alférez Juan Mondéjar tenía en la plaza pública. La realidad era que los tarazoneros habían comprado su libertad y villazgo de los jareños a costa de endeudar a la villa; no era extraño que los tres regidores mencionados y el alférez Juan Mondéjar anduvieran por las calles de Tarazona pidiendo a los vecinos aportaciones de veinte a treinta reales para pagar los réditos de los censos tomados para comprar le villazgo. Las aportaciones de veinte a cincuenta reales sumaron hasta ciento cincuenta ducados, repartidos entre cincuenta y seis vecinos, y es que en la villa el año 1591 había tres ejecutores para cobrar las deudas de los censos del villazgo, cuyo tenedor era Urgenio Conejero. El repartimiento, entendido como préstamo, se cargaría a costa de los propios del concejo. El caso es que las denuncias de Dionisio Clemente, que había contribuido con cincuenta reales, ante el juez de residencia Gudiel .acabarían con los oficiales del concejo de Tarazona en prisión
En el caso mencionado de las mojoneras, el conflicto había surgido por la apropiación de un trozo de término de Vara de Rey por el concejo de San Clemente. El corregidor dio la razón a San Clemente y llevó a la cárcel de San Clemente al regidor Rodrigo López por no entregar la ejecutoria original de la delimitación de términos; finalmente, Vara del Rey obtendría la restitución del término arrebatado, acudiendo al Consejo Real, que mandó un juez de comisión, el licenciado Núñez de Chabes, para entender en el pleito y que acabaría dando la razón a los vararreyenses. Aunque es erróneo pensar en un concejo vararreyense unido en la defensa de los intereses de la villa frente a un enemigo, la familia Buedo, y la parcialidad del corregidor. Los Buedo tenían solidas alianzas familiares con los Montoya; contra el regidor Pedro de Montoya Vizcarra y otro regidor Alonso Ruiz de Alarcón, además alférez de la villa, iban las críticas y acusaciones de talar los pinos del monte del Azaraque, situado en las actuales tierras de Casas Benítez. Este Alonso Ruiz de Alarcón, del que desconocemos su presencia como vecino de Vara de Rey, debía contar con el favor del corregidor, pues salía indemne de juicios por deudas con un vecino de la villa llamado Pedro López de Espinosa.
Las depredaciones de los ganados de los regidores vararreyenses se llevaban a cabo en el pinar de Azaraque, ya por entonces una dehesa, pues la mayoría de los pinos habían sido talados. Las acusaciones venían de los tres molineros de los molinos inmediatos al pinar y junto al río: La Losa, Los Nuevos y El Batanejo. Allí los ganados de Pedro Montoya Vizcarra, el capitán Martín de Buedo Montoya, Salvador de Buedo y Martín de Buedo Gomendio pastaban libremente ante los ojos de los guardas de sierra de Vara de Rey. No faltaban los ganados de algún otro regidor, como un Jávega, cuyas casas no muy lejos de allí había dado lugar a un embrión de aldea, llamada Las Talayas. El surgimiento de nuevos núcleos, como se citan en la Relaciones Topográficas, por la roturación de las dehesas era algo común. En algún caso, los núcleos surgían alrededor de los molinos como las Casas de Juan López en los molinos de EL Batanejo.
Sobre la fortuna que podía hacer un simple alguacil de corregimiento en las comisiones para la toma de cuentas de propios y del pósito encargadas por el corregidor, es paradigmático el caso de Diego de Agüero. La toma de cuentas de los años 1591 y 1592, supusieron para el alguacil, ya acusado en otras villas de llevar salarios de trescientos maravedíes frente a los doscientos estipulados, unos salarios de 2002 maravedíes por la toma de cuenta de propios al mayordomo Alonso López de Andújar, de San Miguel de 1590 a 1591, en los tres días de su comisión; añadir a ello, otros dos mil maravedíes por la toma de cuentas del pósito en 1592 al mayordomo Diego de Honrubia. El que acusaba era el escribano del concejo Martín Gómez.
En Quintanar del Marquesado los enfrentamientos del corregidor venían con Ginés Vala de Rey. Si la acción gubernativa del corregidor en la localidad era encomiada por el escribano Francisco Serrano, el alcalde de la hermandad Francisco Sainz o el regidor Juan Gómez, no era este el parecer general de la villa. Las primeras denuncias las destapó un principal como Onofre Martínez, acusando al alférez mayor de la villa, Alonso Martínez Donate de participar en sobornos junto al alguacil Diego de Agüero en la toma de cuentas. El caso de este Onofre es digno de mención; personaje que ya conocemos en otros desaguisados, sabemos de él que era boticario. Onofre no parecía muy contento con la inspección que sufrió su botica por el alguacil Cristóbal Mendoza y un vecino de Santa María del Campo, llamado Miguel López cirujano, ni con los dos mil maravedíes que se llevaron de la inspección en un proceso bastante irregular y del que no quedaba papel alguno. El boticario solo contaba en su denuncia con lo que pudieran aportar en su testimonio oral el escribano Francisco Serrano, el médico licenciado Pedro López y el cirujano Francisco de León.
Aunque el que denunciaba la rapiña e inoperancia de la burocracia sanclementina era el escribano Pedro el Royo, acusando a alguaciles como Diego de Alfaro o Alonso de la Fuente Zapata de acudir para San Miguel a la elección de oficios, únicamente para llevarse un salario de cuatro o seis ducados en presencias fugaces por la villa de Quintanar. Como en otras villas, eran los alguaciles los que visitaban las villas; de los corregidores, apenas si sabía nada. El primer corregidor de las diecisiete villas, llamado Pedro de Castilla, había pasado sin pena ni gloria por el partido; Melchor Pérez de Torres, al menos, había visitado las villas, Quintanar le acogió para el día de Todos los Santos de 1488, pero su hijo no había dado señales de vida por el pueblo.
La ausencia de los corregidores de las villas tal vez era precaución. Si tomamos como ejemplo el caso de Quintanar, vemos un pueblo entero que se negaba a pagar las rentas reales al cogedor de las mismas. Éste, llamado, Martín Gómez reconocía que los vecinos deudores de las alcabalas eran un total de cuatrocientos. Por esta razón, Antonio Pérez de Torres evitaba su presencia en Quintanar, que quedaba a expensas de las actuaciones de alguaciles como el ya reiterativo e insaciable Diego de Agüero. Sus actuaciones eran denunciadas por Ginés de Vala de Rey, ya no solo por contravenir la común provisión del salario diario de doscientos maravedíes, sino porque el alguacil, además de llevarse cuatrocientos salarios diarios, solía recibir sendos pares de gallinas o capones por arreglar las cuentas de la villa en casa de Juan Parreño Talaya. Ginés de Vala de Rey no era un testigo cualquiera, arrendador del voto de Santiago, conocía bien su comarca y era bien conocido en ella; no solo las tierras de las aldeas antiguas de Villanueva al sur, también comarcas como la de Motilla del Palancar. Sabía de un hecho ocurrido allí por Juan Sainz Moreno, alcalde ordinario de Motilla, cuando unos arrieros se vieron obligados a pagar una imposición de ochenta reales a los alguaciles del corregimiento, añadida a la que ya habían pagado en los puertos secos de Valencia por las mercaderías que de aquel Reino traían; dieciocho reales llevaba otro alguacil en Tarazona por una comisión contra Martín Sánchez de Talaya.
Pero las denuncias de Ginés de Vala de Rey afectaban a sí mismo. Ginés de Vala de Rey había ganado paulina de Su Santidad para actuar contra los deudores del voto de Santiago, del que era arrendador. Los deudores eran moradores del lugar de Gil García; hasta allí se desplazaron Gines de Vala de Rey y su amigo Martín Sánchez de Talaya, tras entregar la paulina al sacristán de Gil García, esta admonitoria contra los deudores fue leída en la iglesia de Gil García. El intento de ejecución de deudores por Ginés de Vala de Rey y su amigo debió ser visto como una intromisión eclesiástica en las competencias propias de la justicia civil del corregimiento; el alguacil Francisco de Cárdenas metería en prisión a Gines de Vala de Rey y procedió del mismo modo contra Martín Sánchez de Talaya, arrendador de alcabalas por haber colaborado en la publicación de la paulina. El calvario que sufrieron los dos amigos fue sangría de maravedíes en salarios a los alguaciles Francisco Cárdenas y su sobrino Francisco de Santiago. El asunto acabaría en la Chancillería de Granada.
La villa de Quintanar andaba en pleitos con la de Tarazona por haber hecho esta villa una dehesa para pagar el nuevo servicio de millones, dentro de los arbitrios que la Comisión del Reino concedió para el pago de este servicio. En realidad, Tarazona había adehesado dos términos, la Torquilla, en disputas con Quintanar, y la Cardosa, hacia la parte de Madrigueras. El caso es que el corregidor Antonio Pérez de Torres entendió en este asunto que no era de su competencia, según ambas villas para expoliarlas con gastos judiciales de cien ducados. Aparte de las quejas comunes, la cuestión es que las decisiones del corregidor, hasta ser contradichas por el Consejo, fueron favorables a los pastores de Quintanar que seguían pastando en la dehesa de las Torquillas, en algunos casos, protegiendo a los pastores con cuatro hombres armados con arcabuces. Otras veces la colisión de intereses era entre las necesidades fiscales de la Corona y el obligado abasto de la villa. El corregidor decidió dejar en depósito para su embargo con destino a la recaudación del servicio de millones los dos mil reales del arca de tres llaves del pósito de Tarazona, sin embargo el dinero fue utilizado para comprar trigo en las villas de Montalbo, Villar de Cañas y Carcelén y hacer pan cocido para gasto de sus vecinos. El corregidor Antonio Pérez de Torres respondería condenando a los oficiales tarazoneros a multas de cinco mil maravedíes a cada uno y llevándolos presos a Ineista y Villanueva de la Jara.
El acotamiento de dos dehesas por la villa de Tarazona entró, además, en conflicto con la villa de Alarcón, pues las tierras cercadas eran propios históricos de esta villa: una, cerca de Villalgordo, donde dicen los Pozos de la Cañada hasta la Cardosa, y la otra en el término de Pozo LLorente y la Abanilla. Alarcón pidió la restitución de sus términos y lo consiguió por provisión de dos de mayo de 1591. Curiosamente, la villa de Alarcón no otorgaba más término a Tarazona que aquel de los canales y goteras adentro. Se contradecía así la confesión que la propia villa de Tarazona había hecho en las Relaciones Topográficas en que pretendía por derecho de villazgo habérsele concedido una legua de término hacia el oeste y media legua hacia el norte y este, amén de toda la tierra que hasta el río Júcar se extendía por el sur, obviando que el propio villazgo de 1564 reconocía el derecho de Alarcón a usar de su derecho y jurisdicción como hasta entonces lo había usado y fijaba los límites en los mojones que ya se habían establecido en 1483 por el licenciado González Molina y que Tarazona se había cuidado de derribar. La villa de Tarazona no reconoció estos límites y recurrió a Granada la propiedad de las dehesas de Alarcón, que ahora consideraba suyas. Mientras decidía la Chancillería, Tarazona hubo de acotar las ya referidas dehesas de las Torquillas, en disputa con Quintanar, y la de la Cardosa, esta vez en dirección hacia Madrigueras.
En Tarazona era importante la opinión de Dionisio Clemente, vecino de Villanueva de la Jara pero que gozaba del ejercicio de una regiduría en aquella villa. Era hombre de confianza del corregidor, pero no por ello dejó denunciar la arbitrariedad y cohechos del alguacil Diego de Agüero y la injusticia del embargo de los sesenta mil maravedíes del pósito de Tarazona, decisión que había quebrantado la paz social en el pueblo y causado gran alboroto. Denunciaba Dionisio Clemente cómo no todo era opresión real para esquilmar al pueblo con el servicio de millones, pues la concesión de arbitrios y arrendamiento de dehesas eran excusas para que los regidores hicieran uso de estos bienes en beneficio propio. Así, denunciaba cómo se los regidores Diego Tabernero, Luis Caballero y Francisco Cépedes habían utilizado a García Picazo para concederle el arrendamiento de una dehesa a muy bajo precio para que los ganados de los regidores pastaran libremente en los pastos adehesados. La almoneda de la dehesa se había hecho en el mesón que el alférez Juan Mondéjar tenía en la plaza pública. La realidad era que los tarazoneros habían comprado su libertad y villazgo de los jareños a costa de endeudar a la villa; no era extraño que los tres regidores mencionados y el alférez Juan Mondéjar anduvieran por las calles de Tarazona pidiendo a los vecinos aportaciones de veinte a treinta reales para pagar los réditos de los censos tomados para comprar le villazgo. Las aportaciones de veinte a cincuenta reales sumaron hasta ciento cincuenta ducados, repartidos entre cincuenta y seis vecinos, y es que en la villa el año 1591 había tres ejecutores para cobrar las deudas de los censos del villazgo, cuyo tenedor era Urgenio Conejero. El repartimiento, entendido como préstamo, se cargaría a costa de los propios del concejo. El caso es que las denuncias de Dionisio Clemente, que había contribuido con cincuenta reales, ante el juez de residencia Gudiel .acabarían con los oficiales del concejo de Tarazona en prisión
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| Dionisio Clemente, regidor de Tarazona y vecino de Villanueva de la Jara |
