El corregimiento de las diecisiete villas (fotografía: Jesús Pinedo)


Imagen del poder municipal

Imagen del poder municipal
EL CORREGIMIENTO DE LAS DIECISIETE VILLAS EN LA EDAD MODERNA (foto: Jesús Pinedo)

sábado, 27 de abril de 2019

Toros en San Clemente, el año de 1634

Philip Galle, "Venationes ferarum", de Ioanne Stradano, grabado de 1578
Los clérigos Juan Jiménez Rosillo y Juan Redondo Ávalos estaban en la cárcel de la la villa de San Clemente desde las nueve de la noche del 28 de agosto de 1634. Al menos uno de los religiosos, Juan Redondo habían sido presos en la calle Boteros, a decir del oficial Francisco Román, que se dedicaba a este oficio, a la puesta de sol, por varios alguaciles que acompañaban a toda una comitiva de autoridades: los alcaldes Alonso de Valenzuela y Miguel Sevillano, los regidores Juan Pacheco, Francisco de Astudillo y Rodrigo de Ortega y al corregidor Francisco de Villavicencio. Este último no dejaba de decir, en referencia al clérigo, que por culpa del cura se había alborotado la fiesta de los toros y se había de revolver el lugar.  Mientras Francisco Redondo veía a su hermano el clérigo Juan encaminarse preso por detrás de la iglesia de Santiago, camino de la cárcel, las autoridades iban a detener a otro clérigo Juan Jiménez Rosillo.

El hecho lo recoge muy por encima el padre Diego TORRENTE PÉREZ,  que acertadamente señala cómo la Corona desde comienzos del seiscientos intentó poner límites a estas fiestas, que solían coincidir con las fiestas de San Roque en Agosto y de Nuestra Señora de Septiembre, para concentrarlas a finales de agosto, en la festividad de San Bartolomé. Se limitó el número de toros a cuatro al año y en esa única ocasión, aunque la norma ni se cumplió en el número de astados ni en las fechas. Lo que sí se mantuvo como coso fue la plaza del pueblo, quedándonos testimonios ya desde 1538 (1). Los sanclementinos no solo gustaban de sus propias fiestas sino que acudían en masa a las fiestas de otras villas, caso conocido de El Provencio, con gran afición taurina y que, en alguna ocasión, como en 1524, no dudaron en lanzar los toros contra los sanclementinos que se dirigían a conquistar y destruir El Provencio, Los festejos eran motivo de rivalidad entre los dos pueblos, como hemos visto en otra parte (2), así como lugar de encuentro de gentes venidas de toda la comarca. 

Si había afición a los toros, era entre los clérigos que ocupaban los asientos de un andamio, en forma de tablado, colocado en la parte postrera de la iglesia de Santiago Apostol de la villa de San Clemente (junto a la puerta de San Pedro, que entonces no existía y la actual cruz que cerca se levantaba)
que el lunes pasado que se contaron veynte y ocho días del mes de agosto próximo pasado deste presente año (1634) estando Juan Redondo de Áualos presuítero y Francisco Martínez Macacho y Diego Fernández, Alonso de Herrera, Alonso del Poço, Juan Guerra, Pedro Sáez Carnicero, Bernaué Ramírez, Diego de Araque, y el ayo de don Pedro de Montoya, todos presbíteros de la dicha uilla de San Clemente y Andrés Rufato clérigo del euangelio y Pedro Galindo presbítero de la uilla de Honrrubia y Juan de Madrigal de la de Vara de Rey y fray Diego de Peralta y fray Juan de Moya religiosos y otros muchos clérigos de dicha uilla de San Clemente y de otras partes en la fiesta de los toros que todos en un andamio y tablado que hicieron a las espaldas de la dicha yglesia de dicha uilla en el rincón de la cruz más de quatro pasos dentro de sagrado de la suerte que otras muchas veces se ha hecho el dicho andamio sin tener espadas ni otras armas sino solo unas garrochas como en otras fiestas de toros las han tenido para picar los toros que llegasen a dicho tablado y para defender los hombres que en él se amparaban y sin dar ocasión alguna por donde les pudiera suceder los daños y agrauios que les sucediera pues con poco temor de Dios nuestro señor y en peligro de sus almas y conciencias y (olvidando) que los dichos clérigos estaban en sagrado y que dicen tales clérigos llegaron los dichos acusados al dicho tablado de acuerdo y sobre caso pensado unos con espadas desnudas y otros palos contra todos los dichos clérigos apaleando a unos e hiriendo a otros y en particular dieron de palos al dicho Andrés Rufato e hirieron al dicho Francisco Martínez Macacho y al dicho Diego Fernández
Entre los agresores de los clérigos del andamio estaba la autoridad de la villa en pleno, encabezada por el corregidor Villavicencio y su alcalde mayor, Antonio de Quiroga y Tapia, seguidos por el alcalde Alonso de Valenzuela y el tesorero y regidor Francisco de Astudillo, amén de otros principales como Juan de Ortega y Rodrigo de Ortega u otros que, como los hermanos Gonzalo y Diego del Pozo, apoyaban la acción apaleando a los religiosos.




El lugar de los clérigos junto a la cruz era tablado reservado a los sacerdotes desde antaño y según costumbre. En el arte taurino de la época los toros se corrían en la plaza pública de la villa, procurando no herirlos; no es que hubiera una conciencia animalista avant la lettre, sencillamente los toros eran unos animales suficientemente caros como para arruinar a los empresarios de la época. Obviamente, para los jóvenes más arriesgados lanzarse con menos capa y más espada era toda una tentación, como lo era para los clérigos del tablado y andamio, provistos de garrochas en cuyo extremos se añadían clavos,  rejonear a los miuras del momento que se acercaban a la barrera sin saber que hollaban lugar sagrado. Las autoridades debían tener suspicacias hacia los sacerdotes que por su cuenta habían asumido el papel de picadores para dejar listo al toro para el tercio de muleta. Quizás esta última expresión sea impropia para los cánones de la fiesta tal como hoy la entendemos, pero ya existía cierta reglamentación, de modo que el toro no debía sufrir puya hasta que no se tocase a jarrete y así lo avisó el corregidor a los religiosos. Según costumbre el corregidor, acompañado del comisario de la fiesta, el regidor Gonzalo del Pozo, dieron la vuelta en un coche al ruedo, por entonces, asemejado más a una plaza rectangular con varios tablados levantados para los espectadores, complemetando las improvisadas barreras del foso taurino, los escritorios de los escribanos, y volvieron a su puesto, en un tablado que estaba bajo las arcadas del ayuntamiento, junto al resto de oficiales del mismo. Esta improvisada plaza de toros era algo más compleja en su construcción que otras famosas de la época, donde se cerraba el foso con carros, y en cualquier caso se demostraba cierta evolución de la fiesta, que de correr los toros por las calles, pasaba la espectáculo sedente y en espacio cerrado. Celebración social en la que las formas ya contaban tanto como la diversión y en las que el poder de la Corona y municipal se manifestaba en paseíllo previo
vido como don Francisco de Villavicencio corregidor della antes que se empeçase la fiesta paseando la plaça con un coche con Gonzalo del Poço regidor comisario de la dicha fiesta 

No se debió respetar el orden de la fiesta, pues al devolverse a toriles, sitos en la planta baja del ayuntamiento, el tercer toro de la tarde, un impetuoso Gonzalo del Pozo, regidor de la villa y, como comisario nombrado para la fiesta, obligado a costear parte de la misma, que ya había amenazado con moler  a palos a los clérigos si seguían picando a los toros con sus garrochas, fue espada en mano dispuesto a poner orden entre tanto religioso aficionado al arte de cúchares, mientras llamaba pícaro al clérigo Francisco Martínez Macacho. Medió el corregidor, acompañado de hombres de espíritu más moderado, pero una vez subido al tablado, arrebató violentamente el rejón al licenciado Rosillo. La violencia se desató a continuación, Parece ser que Francisco Martínez Macacho ofreció alguna resistencia, que, a pesar de la mediación del corregidor y el regidor Miguel Sevillano, y que su oposición provocó una pelea. Pero en el otro bando se buscaba la pelea, pues se lanzaban insultos y el propio capellán del corregidor, Francisco López Caballón, recogía las piedras sueltas de un suelo mal empedrado. Diego del Pozo, Alonso Díaz de Cantos y Martín López Caballón la emprendieron a cuchilladas contra Francisco Martínez Macacho, primero, que resultó herido, y contra Diego Fernández, herido en una pierna, y Andrés Rufato, después. De los testimonio se desprende que los clérigos no estaban inermes, algunos de ellos desenvainaron espadas, aparte del uso de las garrochas que llevaban.
Y Francisco Martínez Macacho clérigo que estaba en el dicho tablado oyó este testigo que el dicho Gonzalo del Pozo le trató mal de palabra diciéndole que hera un pícaro y a este tiempo a un lado del tablado venía Diego del Pozo, su hermano, metiendo mano a su espada y el dicho clérigo se començó a bajar para irse a su casa sin armas ni otra defensa al tiempo de bajar le tiraron dos o tres palos y le començaron a guchillar y acudió mucha gente y todos daban sobre él unas cuchilladas y estocadas y otros palos y yendo se retirando se cayó en el suelo y estando en él le tiró una cuchillada el dicho Diego del Poço con que le hirió la caueça y el dicho Gonzalo del Pozo dixo "muera que a gusto de todos va" y le tiraron dos estocadas y tubo dicha que se combraron las espadas y e levantó y con una espada que auía arremetido a quitar a un hombre que allí estava se defendió y se fue retirando y salió de la plaza y se fue a curar llevándole asido el dicho corregidor hasta la puerta de la yglesia
La acción de la autoridad civil no dejaba de ser una agresión contra el estado eclesiástico. Así, el asunto acabó en manos del provisor del obispado, don Miguel de Paternina y Vergara, que sin esperar la obligada probanza tomó cartas en el asunto ordenando, si no de las autoridades principales (el corregidor estaba incluido en el mandamiento de prisión, aunque no se ejecutó), el secuestro de bienes y personas de los implicados directamente en el suceso, de un rango social menor; los culpados eran los hermanos del Pozo, de segundo apellido Caballón, los hermanos López de Caballón y Alonso Díaz de Cantos. Al secuestro de bienes se unió la excomunión que les impedía acudir a misa los domingos y fiestas de guardar. Esta última pena nos pudiera parecer de mayor gravedad en la sociedad del momento, y sin duda lo era, pero vista la historia del pueblo, sabemos que hasta el doctor Cristóbal de Tébar la sufrió por casar en secreto a  la adolescente María Valderrama con el joven Jorge Mendoza.

Del secuestro de bienes podemos hacernos una idea de los bienes que poseía un regidor. Sus rentas procedían más del negocio del vino que del ejercicio de sus obligaciones espirituales. Gonzalo del  Pozo, en el momento del secuestro de bienes, disponía de doscientas arrobas de vino y de seis tinajas con capacidad para otras doscientas; sus enseres domésticos demuestran cierta comodidad: media docena de sillas cubiertas de baqueta de moscovia con clavos dorados, dos cofres, seis almohadas de estrado de terciopelo azul, una alfombra de estrado de colores o cuatro reposteros de armas de colores.

Las tornas habían cambiado, ahora los presos eran Gonzalo del Pozo y Martín López de Caballón, el resto estaban huidos. La prisión de Gonzalo tornó de San Clemente a Cuenca, donde llegado el siete de noviembre, se le obligó a permanecer bajo pena en el mesón del Pozo. La disputa entre los dos bandos se había agriado entre los dos bandos; el martes catorce de noviembre, Gonzalo del Pozo abordó en la calle de los Tintes de la ciudad de Cuenca, de malas maneras y con insultos a Juan Redondo, que dirigiéndose, a eso de las doce, a comer a su casa con manteo y sotana, vio cómo salió
de enmendio de la calle que llaman de los Tintes Gonçalo del Poço y con poco temor de Dios y en daño de su ánima y conciencia y sin atender a que mi parte es sacerdote le desafió con forma las palabras diciendo "anda acechando si estoi preso o por donde ando cuenta al probisor, si es hombre tráygase su espada y sálgase aquí afuera que voto a Christo le tengo que cortar las orejas y asiéndole del manteo le tiraba de él repitiéndolo muchas veces y diciendole otras palabras feas
La cárcel voluntaria de Gonzalo del Pozo, aparte de la insidiosa vigilancia del cura Juan Redondo por ver si la cumplía, no duró mucho, pues, a decir de algún testigo, se le había visto huir, ayudado por un criado, con su caballo negro. Gonzalo del Pozo había acudido hasta Cuenca para responder ante el Santo Oficio; las condiciones de su prisión eran relajadas pues se hallaba alojado en el citado mesón de la ciudad de Cuenca, llamado el Pozo o mesón Pintado, en la calle de Carretería, que regentaba un tal Miguel Moracho. Aprovechando estas condiciones de semilibertad, había huido en dirección a San Clemente. Se le había visto camino de su casa, en la venta Amarga de Valverde del Júcar y se decía que le esperaba en San Clemente Martín López de Caballón que le había de proveer de dineros necesarios para un alejamiento temporal.

El provisor del obispado de Cuenca nombra juez de comisión para el caso a Juan de Hinojedo, que emitía mandamiento de prisión el veinte de noviembre de 1634 contra el huido Gonzalo del Pozo y ordenaba un nuevo embargo de bienes que se ejecutó seis días después, a pesar de la oposición de su mujer, María Álvarez, que alegaba haber llevado en dote al matrimonio 23.000 reales. El embargo nos ayuda a conocer el hogar de una persona acomodada: cuatro sillas más baqueta de moscovia y clavería dorada, un completo y costoso ajuar de cama, incluidos dos colchones, otra tinaja de vino de cuarenta arrobas, y ya un gusto por decorar la casa con cuadros de escenas religiosas: un San Francisco, un Jesucristo atado a la columna y un San Pedro.

Detrás de todas estas intrigas andaba la persona del cura de la villa, el doctor Juan Gregorio de Santos, sucesor del doctor Tébar en la parroquia de Santiago. Las acusaciones intentan extenderse sin éxito contra el corregidor Francisco Villavicencio y Cuenca. Mientras, tanto los hermanos del Pozo como los López Caballón habían decidido defenderse, dotándose de los servicios como abogado de uno de los procuradores más prestigiosos de San Clemente, Gabriel López de Haro, y llevando su caso al vicario general de Alcalá de Henares.

Pero, ¿quiénes eran estos hombres, que, hasta ahora, nos aparecen ocultos en la historia de la villa de San Clemente? Tanto Gonzalo como Martín eran mesoneros, disponiendo de sus respectivos mesones en la plaza del pueblo. En el primer caso, su fortuna le había llevado a comprar una regiduría perpetua en el ayuntamiento. Su proyección social, deudora de un oficio bajo, pero fuente de grandes ingresos en una villa que recibía multitud de foráneos y burócratas, en su condición de corte manchega, era muy mal vista en el pueblo. Sus modales, y los de su hermano Diego, dispuestos a resolver cualquier pendencia a palos y pedradas provocaban el rechazo social; su riqueza, capaz de competir con los Astudillo o los Ortega en sufragar festejos populares, provocaba la envidia popular; y en esto, los curas tenían especial habilidad para recoger el odio ajeno. Sin duda, los rejonazos de los curas iban más contra los mesoneros que contra los toros. Es más, creemos que esta familia  del Pozo está emparentada con el vicario Juan del Pozo, sufragador del puente de San Pablo de Cuenca, y a quien vemos rondar por San Clemente en julio de 1553. No descartamos que la familia hiciera fortuna con el negocio de los mesones y que tanto el de San Clemente como el de Cuenca fueran de su propiedad.

Tras su huida y fracaso en la apelación ante el vicario de Alcalá de Henares, Gonzalo del Pozo vuelve a San Clemente para responder ante la justicia. El veinte de mayo de 1635 declara ante el notario episcopal, se defiende alegando que la herida de Francisco Martínez Macacho es propia de un descalabrado y que el incidente de la calle de los Tintes no es sino defensa en su verbalismo de quien se sentía atacada por un inocente cura que escondía una espada bajo su manteo. Torpe confesión pues a continuación su propio hermano declaró haber dado una cuchillada al clérigo. Las conclusiones del fiscal, licenciado Felipe de Villagómez, del 30 de junio son acusatorias contra los hermanos del Pozo, ratificadas tanto por los testigos presentados en la ciudad de Cuenca como por esos otros de la probanza de la villa de San Clemente ante el alguacil de fiscal Lorente López de Tébar. De nuevo los hermanos del Pozo apelarán al provisor de Alcalá de Henares. Pero verse en pleitos en aquella época era enfrentarse a la ruina de la hacienda familiar.

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Mi agradecimiento personal a Julia Toledo, por darme a conocer este pleito. Quedo en deuda con ella, como en tantas otras ocasiones


(1) TORRENTE PÉREZ, Diego. Documentos para la Historia de San Clemente, Tomo II. Madrid, 1975, pp. 229-232

(2)https://historiadelcorregimientodesanclemente.blogspot.com/2017/03/la-rivalidad-taurina-entre-san-clemente.html

Fuente: Archivo Diocesano de Cuenca.  Curia episcopal, legajo 920 / 3416

viernes, 19 de abril de 2019

Cañada Juncosa, el pueblo de las cuatro jurisdicciones

En 1732 se decía que en Cañada Juncosa había cuatro jurisdicciones: la más numerosa, que era la de El Cañavate, y otras tres correspondientes a Alarcón, Tébar y Honrubia, que era lo mismo decir que una jurisdicción, pues las dos últimas villas la poseían como antiguas aldeas de Alarcón. Cañada Juncosa era una población de 140 vecinos, repartidos en cuatro barrios con las mencionadas cuatro jurisdicciones diferenciadas, de los que la mitad de vecinos vivían en el barrio perteneciente a El Cañavate. Cañada Juncosa había dejado chica a la villa madre de EL Cañavate y, ahora, en palabras de Marcial Antonio de Torres, se corría el riego de
que quedaría la que fue madre y señora de todo esclaua y suxeta y tal vez aldea de su barrio
La pujanza de la aldea de Cañada Juncosa en este periodo es evidente por la capacidad de atracción de foráneos: un hornero, llamado Diego Melero; un francés, llamado Carreller, había instalado un mesón en el pueblo; y dos cirujanos se habían instalado en el mismo,  Blas Asensio, procedente del Reino de Valencia, y Juan Ibáñez, cuyo padre era médico en Atalaya. Cañada Juncosa era foco de atracción para los ganados forasteros. Una de las familias que había fomentado el villazgo era la familia de la Torre, pero sus ganados encontraban competidores en los ganaderos de las familias de pueblos vecinos.

A fecha de hoy, no disponemos del amojonamiento del licenciado Molina en 1481, para saber las dehesas que, como propias, quedaron para la villa de Alarcón, y poder afirmar que en el caso de El Cañavate se llegó a una solución semejante a la de Villanueva de la Jara, con una jurisdicción a El Cañavate sobre sus aldeas que no iba más allá del espacio ocupado bajo sus tejados. Aunque hay indicios que niegan este hecho y que nos llevan a pensar que El Cañavate se hizo con la posesión de varias dehesas, pues en la misma comisión se decía que, tanto como Motilla como El Cañavate, tenían ya términos propios (al menos, entiéndase, deslindados) desde antes de la muerte del rey  Enrique IV (fecha clave en la concordia de 1 de marzo de 1480, para alegar derechos)*. Pero, por un testimonio de un interrogatorio de 1757, sabemos que la villa de Alarcón se había arrogado, para su propiedad, una franja ancha a ambos lados del camino real (parte de cuyo término heredarán con el villazgo su aldeas de Tébar y Honrubia)
que la villa de Alarcón solamente tiene de jurisdición  lo ancho del camino real

La especial situación de complejidad de jurisdicciones de Cañada Juncosa, la conocemos por el interrogatorio de 1757, a instancias de la villa de El Cañavate. Cañada Juncosa era una aldea con cuatro calles con mojoneras formales, a pesar de su proximidad, y cuatro jurisdicciones con un alcalde pedáneo al frente de cada una ellas
el barrio y lugar de Cañadajuncosa se compone de quatro calles distintas y separadas sugetas a la jurisdición respectiba de las quatro villas de Cañabate, Tébar y Alarcón y Honrubia con sus respectibos vezinos que son, diez y nueve de la de Honrubia, veinte y quatro de la de Tébar, conquenta de la de Alarcón, y ochenta y uno de la de Cañabate, 

Censo de 504 ducados de principal a favor del convento de monjas benitas de Cuenca, y relaciones de los bienes propios del concejo de El Cañavate y de particulares hipotecados
(Archivo Histórico Nacional, CONSEJOS, 27048, Exp.4 - 1231)

En realidad, la parte que pedía el villazgo era el barrio perteneciente a El Cañavate, y el temor era que el resto de moradores se avecindaran en la nueva villa y existía un temor mucho mayor, que era la instalación de nuevos vecinos de otros lugares. De hecho, se consideraba que el impulsor de la iniciativa de villazgo, Pedro Ruiz de Zabarte, junto a otros vecinos, además de ser moradores en los barrios de Alarcón o sus antiguas aldeas, eran simples testaferros de intereses señoriales ajenos al lugar. Muestra de estos intereses, es que la dehesa carnicera del Montecillo y la dehesa de la Veguilla, amén de la dehesa vieja en Atalaya, se hallaban hipotecadas a varios censos, con un montante de principal que ascendía a cinco mil ducados (3.600 ducados correspondientes a las dos primeras dehesas), a favor del marqués de Valdeguerrero, vecino de San Clemente, y de las monjas benitas de la ciudad de Cuenca y agustinas del Castillo de Garcimuñoz (aparte de otro censo a favor de un vecino de El Cañavate, don Diego de la Torre, hombre poderoso de El Cañavate y principal opositor en la sombra al villazgo de la aldea). Entre los intereses ajenos que se citaban, estaban los Melgarejo y los Villanueva, poseedores de ganados, e Isidro Carvajal, apoyados por los hermanos José y Rafael del Castillo, cura y teniente del dicho lugar, con apoyos familiares en Valverde (donde tenían casada una sobrina con un hijo de don Miguel de Alcaraz, de nombre Blas) y en Piqueras. Sobre la familia Carvajal se denunciaba el estar detrás, aportando el dinero para mantener el pleito
y que el dinero para estos gastos lo hauían dado los señoritos de Cuenca de la congregación de San Phelipe llamados los Caruaxales

La aldea, Cañada Juncosa, había superado en población a la villa, El Cañavate, de apenas cien vecinos. Los primeros intentos de emancipación de la aldea se remontaban a 1722, cuando se celebró una junta de los cuatro barrios en casa del párroco, el doctor don José Lluva, que, a decir de algún testigo, convenció a los moradores de la inconveniencia del villazgo. Una nueva junta, esta vez únicamente de los moradores del barrio perteneciente a El Cañavate, se celebró en 1730, en casa del nuevo cura don Sebastián López de Peralta. Se dieron poderes, ante Cristóbal de Toledo, vecino de Olivares, para conseguir el derecho de villazgo, por sesenta vecinos el 30 de marzo de 1732 y, de hecho, se consiguió en 1732, pero, a decir de algún testigo, el proceso de villazgo se atascó, por no disponer la aldea de los 17.000 reales necesarios para la exención como villa y por la oposición de la villa de El Cañavate que nombró sucesivamente como alcaldes pedáneos de la aldea a dos hombres fieles, Pedro Sahuquillo y el sastre Juan de Villanueva, para entorpecer el proceso de exención. El dinero necesario para la obtención del villazgo y sus gestiones en Madrid, lo aportaría don Manuel de Moreda, beneficiado de Villaescusa de Haro y en nombre del seminario conciliar de San Julián de Cuenca el 15 de marzo de 1734, que no sería redimido hasta el veinticuatro de enero de 1757. El villazgo no se haría efectivo hasta 1759, año en el que aldea y villa llegaron a una concordia de siete puntos, que reconocía la presencia de la jurisdicción de El Cañavate en el gobierno de Cañada Juncosa con un regidor de villa y tierra en el concejo de El Cañavate, vecino de la aldea,  y cedía a la nueva villa la dehesa carnicera o del Montecillo y otra dehesa, tenida hasta entonces propia por El Cañavate, la llamada Veguilla, de la que Cañada Juncosa se obligaba a pagar las cargas de un censo con la que estaba hipotecada. La ejecutoria de villazgo es de trece de julio de 1759.

Era una renuncia por parte de El Cañavate a parte de sus propios, constituidos por el oficio de correduría y almotacenía, el horno de pan cocer y otras dehesas, además de las dos mencionadas y ahora cedidas a su barrio: Torrejón, Saceda, Cerrada y Vieja de Atalaya. Pero la dotación de propios a la nueva villa se hacía necesario para que no ocurriera como en casas similares, tal era el caso de Casas de Guijarro, emancipado como villa de Vara de Rey, e incapaz de pagar los costes de exención, y que se había obligado a sujetarse como pedánea a la villa de San Clemente. Cañada Juncosa, únicamente tenía una cárcel con una cámara encima, que hacía las funciones de pósito. La falta de medios de los moradores de Cañada Juncosa para su autonomía les condenaba a depender de intereses foráneos. El único labrador de la aldea era Pedro Ruipérez Zabarte, pero renteros de propiedades de señores forasteros y las únicas que tenía estaban embargadas a una memoria fundada por el doctor Buendía y a un censo a favor de las religiosas agustinas del Castillo de Garcimuñoz. El resto de moradores eran pastores, que complementaban con otros oficios como paleros o yeseros, al servicio de grandes propietarios de ganados como el citado Diego de la Torre o los hermanos Pedro y Mateo de Villanueva, vecinos de Tébar y El Picazo, que sin duda se oponían a la entrada de nuevos competidores en el disfrute de los pastos.

Firma de María Manuel Melgarejo, caballero de la orden de San Juan.


En la emancipación de Cañada Juncosa como villa jugaban intereses nobiliarios; en especial, los de Manuel María Melgarejo, caballero de la orden de San Juan, avecindado en ese lugar. La familia Melgarejo iniciara un proceso de usurpación de bienes de realengo desde la posesión de oficios concejiles. Un caso es la apropiación en 1781 de un ejido de realengo, contiguo a la casa que la familia poseía en Cañada Juncosa. Manuel María Melgarejo se había instalado, a al menos avecindado, procedente de Pinarejo, en la nueva villa de Cañada Juncosa en 1778, desde entonces las quejas contra este caballero y sus ganados fueron continuas por la libertad que sus ganados pastaban los términos del pueblo, sin respetar plantíos o dehesas acotadas.


*Sobre la concesión de un término cerrado a El Cañavate, las Relaciones Topográficas nos dicen
que esta villa tiene media legua de término en derredor, y que es suyo de él porque es propio suyo; y que es término cerrado, y que goza de todo el término y suelo de la villa de Alarcón en labrar, y pacer, y rozar, y en todo lo demás que la dicha villa de Alarcón goza
por concierto que los pasados tuvieron con la villa de Alarcón, como en suelo suyo que estaba; y que a esta villa dio el término cerrado porque esta villa dio a la villa de Alarcón mayor término que tiene para gozar del cerrado 

ZARCO CUEVAS, Julián: Relaciones de pueblos del Obispado de Cuenca. Edición de Dimas Pérez Ramírez. Cuenca, 1983, pp. 208 y 209



ANEXO I: MOJONERA DE CAÑADA JUNCOSA, CON MOTIVO DE LA ÚNICA CONTRIBUCIÓN DE 28 DE FEBRERO DE 1752 (sacada del archivo municipal de El Cañavate)

Ai un mojón en el dicho lugar de Cañada Juncosa, que es una piedra, algo más de una bara de alto, situado en el corral de la casa de Julián García, el que es dibisorio de las quatro jurisdiciones, de las villas de Thébar, Alarcón, Honrubia y la de esta; ai otro mojón más bajo del antezedente, en un solar de Alfonso Martínez, que dibide esta jurisdición con la dicha del Honrubia, dentro del lugar, de modo que distingue y separa el centro y contenido de ambos lugares, por tener las quatro villas cada una el suio; ai otro mojón en la calle de Alarcón sobre una pared, formado de cal y piedra, que separa y distingue el lugar de hesta villa con el de Alarcón y ba guadando la línea de heste dicho lugar, al primer mojón que queda citado, en el corral de Julián García, de modo que los mojones de hesta jurisdición comprenden el lugar de Cañada
ANEXO II: RELACIÓN DE CENSOS CONTRA LA VILLA DE EL CAÑAVATE

  • Mil cien ducados reales de principal a favor de Pedro Montoya Ortega y contra el concejo de la villa, por escritura de cinco de febrero de 1590, para pago del nuevo servicio de millones. Bienes hipotecados: casas del concejo y cárcel, tienda y carnicería, cuatro hornos de pan cocer (dos en El Cañavate y otros dos en Atalaya y Cañada Juncosa), seiscientos almudes trigales de las dehesas de Atalaya, Torrejón, Cañada Juncosa, Vega Mayor, la Salceda y la Cerrada, la escribanía y la almotazenía
  • Quinientos ducados de principal a favor de María Álvarez de Tébar, viuda de Antón García Monteagudo, y contra el concejo, por escritura de cinco de mayo de 1590, para pago del nuevo servicio de millones, con el ensanche de la dehesa carnicera. Bienes hipotecados, los anteriores.
  • Trescientos ducados de principal a favor de Ana María de Ortega, viuda de Gómez de Valencuela, y contra el concejo, por escritura de diez de septiembre de 1597, para armar, vestir y dar sueldo a once soldados de los doscientos cincuenta repartidos al partido de San Clemente. Bienes hipotecados, los anteriores.
  • Quinientos cuatro ducados de principal  a favor del convento de monjas de San Benito de la ciudad de Cuenca. no consta el año.
  • Mil cien ducados de principal a favor de Francisco Ignacio de Sandoval, marqués de Valdeguerrero, No consta año. 
ANEXO III: PROPIOS DE LA VILLA DE EL CAÑAVATE
  • Una dehesa llamada la Veguilla en Cañada Juncosa, se arrienda por 120 reales anuales
  • Una dehesa llamada la Vega Mayor, arrendada por 200 reales anuales. Dehesa boyal.
  • Las dehesas de Salceda y Cerrada, arrendadas por 60 reales anuales
  • La dehesa de Torrejon, arrendada por 60 reales anuales.  Dehesa boyal
  • La dehesa de pasto y labor de la Atalaya, arrendada por 560 reales anuales
  • La correduría y almotacenía, arrendadas en 375 reales
  • Correduría y almotacenía del lugar de Cañada Juncosa, arrendada en 90 reales
  • Un horno de pan cocer en el lugar de Cañada Juncosa, arrendado en 40 reales
  • Otro horno en El Cañavate sin arrendar
Archivo Histórico Nacional, CONSEJOS, 27048, Exp.4. La villa de Cañabate, Alarcón, Tébar, Honrrubia (Cuenca) y diferentes moradores del barrio de Cañada Juncosa contra el mismo barrio sobre retención de la gracia obtenida por éste de exención de jurisdicción de la villa de Cañabate y aprobación de unos capítulos.

domingo, 7 de abril de 2019

El difícil nacimiento de las villas del valle del Valdemembra frente a Alarcón en 1481

El término de El Peral en el Catastro de Ensenada
Alfonso Simarro y Diego de Mondéjar llegaron a Toledo un once de mayo de 1481, iban buscando al escribano Álvaro de Illescas, en cuyo poder obraban los autos del pleito por términos entre Alarcón y las nuevas villas de Motilla, El Peral y Villanueva de la Jara, que habían pasado ante el juez de comisión licenciado Francisco González Molina. Su sentencia no había sido aceptada por las villas separadas de Alarcón y ahora reducidas a la obediencia real. Es más, el licenciado Molina que había recibido de los reyes carta de comisión el 10 de enero de 1481, había concluido sus pesquisas el dos de abril de ese mismo año. Ese mismo día, Villanueva de la Jara decide apelar su sentencia, uniéndose, el 27 de abril y el 3 de mayo, El Peral y Motilla del Palancar a las pretensiones jareñas.

Aquellos dos procuradores representaban a unas villas escasas de población. Los tres pueblos no tenían más allá de cien vecinos, que para el caso de Villanueva apenas si completaba con sus alquerías desperdigadas para llegar a las doscientas casas. Eran estas alquerías el motivo de disputa con Alarcón; unos y otros sabían que en sus dehesas se jugaba el presente y el futuro. El presente era la riqueza de la grana que, como excrecencia bermeja, adornaba sus carrascas, y los ganados que apacentaban las dehesas. El futuro era el señalado por las incipientes casas aisladas, centro de nuevas formas de apropiación de la tierra para el cereal. Los dos procuradores de poblaciones tan pequeñas estaban embriagados de un espíritu altivo e insolente, nacido de su participación directa en la pasada guerra. Sabían que contaban con el favor de  la Corona, tanto como dudaban de su alto Consejo, por eso, llevaban la bolsa repleta de monedas para obtener el ansiado traslado de los autos del licenciado Molina, ahora en poder del escribano Illescas. 

Términos de Motilla y Gabaldón en el Catastro de Ensenada
No debió quedar disgustado el escribano Álvaro Illescas, pues prometió, a pesar de la largura del proceso, no alzar mano hasta acabar el traslado manuscrito, ni tampoco los procuradores que acabarían obteniendo copia del proceso. El 14 de mayo Alfonso Simarro estaba en Valladolid ante el Consejo Real y la Reina Isabel. El procurador jareño lanzó ante la Reina una andanada de acusaciones contra el licenciado Molina, juez parcial que no había escuchado a las villas fieles a la Corona y que había sentenciado a favor de los intereses de la villa Alarcón, perdedora de la guerra, pero que había logrado mantener la posesión de las dehesas y el monopolio de hornos y del derecho de borra sobre los ganados.

Se podía acusar al licenciado Molina de parcialidad, pero no de abnegación en su trabajo. Fe de ello daban las dos mil trescientas noventa y nueve hojas de un largo proceso. Sin embargo, para Alfonso Simarro su pericia jurídica no casaba bien con los nuevos tiempos. Su comisión mandaba dar términos convenibles a las nuevas villas; la realidad es que a compás se habían dado escasos términos para, sorprendentemente se decía, la cantidad de vecinos que cada una de las tres villas tenía. Los términos otorgados no eran sino la mitad de los pedidos. Motilla miraba al norte a Gabaldón; Villanueva de la Jara lo hacía en dirección de las dehesas del sur; El Peral, arrinconado por sus vecinos aspiraba a preservar los viejos usos comunales sin las  apropiaciones del marqués de Villena.

Esa aspiración interesada de El Peral de anteponer los viejos usos comunales a unos propios en manos de los concejos sería fuente futura de conflictos entre las villas de realengo, pero ahora era doctrina usada por Alonso Simarro para justificar la propiedad de unos hornos locales, que Alarcón consideraba propios y las villas de realengo trataban de presentar como bienes comunales al servicio de los vecinos de las nuevas villas, juntamente con Alarcón, pues rentaban en las necesidades y utilidades públicas de los vecinos. Así, el procurador Alfonso Simarro intentaba llevar la disputa de la diferencia entre lo propio y lo común no hacia el libre uso de los bienes o su aprovechamiento bajo licencia, pues era evidente que la segunda forma era la habitual, sino al destino de las rentas obtenidas de la concesión de licencias para el uso de hornos y dehesas, tal como marcaban unas ordenanzas hoy desaparecidas, y cuyo importe iba a satisfacer necesidades y utilidades públicas ya de vecinos de Alarcón ya de moradores de sus aldeas. 

La divergencia entre lo propio y lo común, maquiavélicamente usada por los procuradores de las villas de realengo para reivindicar los tiempos primeros de los usos comunales del suelo de Alarcón, en nombre de un deseo declarado de conseguir la propiedad para sí de los bienes, era asunto espinoso en el tema de las dehesas. Las diferencias entre Alarcón y las villas de realengo tenían como objeto de disputa las dehesas de llamadas de Martín Ruiz y de Gascas. Bienes comunales para las tres villas de realengo de tiempo inmemorial, pero asimismo en tiempos del rey don Enrique IV, recordando intencionadamente la concordia entre don Diego López Pacheco y los Reyes de 1480.

Sin embargo, aparte de otras cesiones mal vistas por las villas de la Corona, como el cobro del derecho de borra para Alarcón de los ganados que, de los términos de las villas creadas, pasaran a los de Alarcón (algo de lo que estaban libres anteriormente), el procurador Simarro reconocía, con sus insuficiencias, la nueva realidad creada: la limitación  de términos apartados para Motilla, El Peral y Villanueva, la creación de unos caballeros de sierra propia para guardarlos.

Término de Villanueva de la Jara en el Catastro de Ensenada
La defensa de los intereses de la villa de Alarcón corrió a cargo de Juan Sevilla. El procurador alarconero se quejó cómo las villas de realengo cerraban sus términos, pero a Alarcón, salvo las dos dehesas mencionadas, consideradas como propias, se le obligaba a mantener el carácter comunal de la mayoría de sus dehesas, de libre aprovechamiento por sus vecinos. Además, la jurisdicción propia concedida a las villas eximidas iba más allá de sus términos para extenderse a las alquerías, que, como enclaves aislados, se asentaban en medio de las dehesas de Alarcón, y cuyo crecimiento a la larga sería una amenaza en el futuro para la preservación de los términos de Alarcón. Juan Sevilla, en su memorial al Consejo Real, de 15 de mayo de 1481, expuso las quejas de la villas de Alarcón y la amenaza que para su parte suponía conceder la jurisdicción de las alquerías a Villanueva, por más que se limitase literalmente a las goteras de los canales. El caso de Tarazona nos es conocido, el crecimiento del pueblo y la construcción de nuevas casas llevó a situaciones paradójicas, con alguna casa construida, la de Miguel Martínez, sobre ambos términos, o que en 1500 existieran doce casas que Alarcón reivindicaba bajo su jurisdicción por estar en sus términos y jurisdicción. La ambigüedad llegó hasta la década de los sesenta del siglo XVI, cuando las aldeas jareñas, consiguieron sus villazgos y se les concedió términos propios y apartados a su alrededor que iban de la media a las dos leguas. Incluso entonces los conflictos fueron patentes. Hemos de entender que aquellos hombres defendían los intereses de sus pueblos, pero también que los intereses generales se confundían con sus intereses particulares. No es casualidad que los procuradores de las villas fueran Alfonso Simarro y Diego de Mondéjar, pertenecientes a dos familias con haciendas levantadas sobre suelo de Alarcón: en las llamadas Casas de Simarro y el Vado del Parral (al sur de Tarazona), respectivamente. En el ayuntamiento de Villanueva de la Jara de dos de abril de 1481, que da poderes a Alfonso Simarro, nos aparecen dos hombres de Pozoseco (Clemente Sánchez del Pozoseco y Juan de Pozoseco, aparte de un misterioso Juan de Jabaloyas, que nos ha aparecido una y otra vez, como luego desaparece envuelto en el mismo misterio, ¿bajaría de Teruel con Antón  Clemente?), muestra que el paraje ya contaba con alguna alquería levantada en lo que era abrevadero de ganados y lugar de descanso de los caballeros de sierra de Alarcón en sus desplazamientos hacia las dehesas del sur en torno al río Jucar. Nos aparece en ese mismo ayuntamiento, como regidor, Pedro López de Tébar, con hacienda en la llamada Pies de Asnos, la futura Casas de Ferrer (1); Juan Remón, con casa en Tarazona bajo la jurisdicción de Villanueva y corral de ganado en la Cardosa, en suelo de Alarcón, o Martín Sáiz de Barriga, cuya hacienda, ¿el de una familia con gran número de cabezas de ganado e intereses en otras villas como San Clemente?, creemos que radicaba al otro lado de El Picazo, en el paraje de Santo Domingo.


La desgracia de unos pueblos en la guerra había hecho la fortuna de otros. El caso más significado es el de Gabaldón. La guerra del Marquesado había provocado su ruina; Gabaldón, unidad fiscal definida ya en el siglo XV, tenía todas las posibilidades a su favor, para salir de la guerra como una nueva villa; sin embargo, su despoblación provocó la emigración de sus vecinos a Motilla y con ellos otros de Valverde o Barchín, que llegados a este lugar para colonizar estas tierras, lo tuvieron que hacer desde la vecina Motilla del Palancar. Así, Motilla dispuso de un hinterland de expansión propio que evitó tensiones con Alarcón y en el interior de su vecindad; además, tal como reconocen las Relaciones Topográficas, Gabaldón estaba suficientemente mal comunicado con Barchín para  que esta villa pretendiera su apropiación. La aventura agraria de Barchín tenía por límites sus propios accidentes geográficos; las aventuras roturadoras de Valverdejo o Navodres chocaron no tanto con Alarcón como con las limitaciones físicas del relieve. Mientras Motilla aprovechaba la facilidad de las comunicaciones, nacidas de las condiciones favorables del valle del Valdemembra, para reducir a una relación denunciada como vasallaje por los vecinos de Gabaldón, que, desde la década de los noventa al final del siglo XV, habían vuelto a poblar el lugar. Cuando en 1495, los cuarenta moradores que pueblan Gabaldón piden al Consejo Real su exención de Motilla, han perdido ya su oportunidad histórica
que rreçiben grandes agrauios e synrrazones de los veçinos de la dicha villa de la Motylla por que diz que los empadronan e fasen pechar como a su aldea e que les tienen vsurpada la jurediçión e les cotan sus montes e paçen sus yermos e beuen las aguas ... (AGS, RGS, VII-1495, fol. 378, 2 de julio de 1495)
Las usurpaciones del marqués de Villena don Juan Pacheco y las situaciones creadas de hecho durante la guerra (y las heredadas en un territorio con fuerte presencia nobiliaria) habían creado una indefinición jurídica, que relegaba al desván del olvido las inmemoriales usos comunales. Por eso Juan de Sevilla, defendía que hornos y dehesas no eran bienes comunales sino propios de Alarcón, reservándose la concesión de licencias para su uso y recordando la situación creada desde mediados del siglo XV, cuando había impuesto a sus aldeas la obligación de pechar y contribuir con derramas por el uso de sus comunes. Una situación anterior, sin duda, pero que había devenido de necesaria regulación del aprovechamiento de los usos comunales en apropiación señorial. Sería ilusorio asimismo pensar en una relación en pie de igualdad entre la villa de Alarcón y sus aldeas; Juan de Sevilla recordaba que las derramas y pechos eran la norma desde tiempo inmemorial, mientras denunciaba como usurpación en tiempos de guerra la apropiación de los hornos por Villanueva de la Jara, solicitando la restitución en la posesión de los dichos hornos por la villa de Alarcón. La realidad, no obstante, era más compleja y, como hemos estudiado, en otro lugar, las nuevas habían construido, ya como aldeas de Alarcón, sus propios hornos o se había apropiado de los ya existentes. De hecho, Juan de Sevilla invocó las leyes de Valladolid y Madrigal que condenaba la usurpación violenta de los bienes ajenos por ynvasores y forçadores.

Hoy nos choca la celeridad con la que las villas de realengo protestaron y apelaron la sentencia del licenciado Molina. Sin duda, el protagonismo fue de Villanueva de la Jara, que ya el dos de abril de 1481 reunió su ayuntamiento y arrastró a El Peral y Motilla del Palancar, en sendos ayuntamientos de 27 de abril y 3 de mayo, a nombrar procuradores para defender sus intereses. La situación sobre terreno es que los roces con Alarcón continuaban; Alfonso Simarro se quejaba el 26 de mayo que los términos concedidos por el licenciado Molina eran causa de despoblación de las nuevas villas. Acusación interesada, pero que mostraba las limitaciones a la construcción de nuevas alquerías en suelo bajo la jurisdicción de Alarcón y el desarrollo de los incipientes cultivos a su alrededor, así como, en lo que era la principal actividad de la época, el ahogamiento de las cabañas de ganados sin pastos más allá de sus términos, rompiendo las viejas rutas de trashumancia locales. El perjuicio de las villas de realengo frente a Alarcón y su señor Diego López Pacheco iba en contra de los intereses de la Corona, o tal como decía el procurador jareño en deseruiçio e decrimento de vuestras rrentas.


La Corona era consciente de las diferencias y dificultades para salvarlas. En la comisión del licenciado Molina se mandaba la necesidad de llegar, antes que a imposiciones, a la redacción de cartas de conveniencia e iguala entre las dos partes; especialmente para el caso de los hornos. Sin embargo. el licenciado Molina determinó la propiedad de los hornos para la villa de Alarcón, al parecer, apoyándose en cartas reales de la propia Reina Isabel que otorgaban a Alarcón este derecho.


En cuanto a las alquerías, de las palabras de Alfonso Simarro, quizás se puede deducir que el nacimiento de alquerías en medio de las dehesas de Alarcón fue, aparte de la iniciativa particular,  una decisión intencionada de la Corona para debilitar la posición de Alarcón y del marqués de Villena durante la guerra o, al menos, una iniciativa real para poblar zonas vacías:
segund que dio (el licenciado Molina a Villanueva de la Jara) la dicha jurediçión e judicatura de las dichas alcarías a la dicha villa de Villanueva, asy porque de antes eran de rrealengo e de vuestro patrimonio rreal e no eran del dicho marqués ni menos de la dicha villa de Alarcón
Para comienzos de junio de 1481, tanto Alarcón como las tres villas de realengo mostraban síntomas de cansancio y los procuradores de ambas partes solicitaban al Consejo Real se acelerasen los trámites. Una razón más era que en la Mancha las posturas se estaban exasperando y se temía se desatara un conflicto en cualquier momento:
allende desto en aquella tierra donde está este debate e diferensia sobre çierta grana que se suele cojer dende Pascua en adelante y sobre el cojer della e sobre la guarda della auemos muy grandísimo rreçelo según el enemiga que unos con otros tienen que aurán alguna disconcordia entre ellos donde se puedan rrecreçer muchos ynconvinientes e muertes de omes de que vuestras altesas serían muy deseruidos
Conveniencia entre los procuradores Juan de Sevilla y Alfonso Simarro, 6 de junio de 1481
ARCHIVO DE LA CHANCILLERÍA DE VALLADOLID. Pleitos civiles, Moreno (OLV), Caja 535, 1

 El conflicto derivaba así hacia un problema, la explotación de la grana, destinada a la obtención de colorante carmesí para la industria textil, del que conocemos algunos enfrentamientos violentos con posterioridad. La sentencia definitiva del Consejo Real se haría esperar hasta cuatro de febrero de 1583; para entonces Motilla del Palancar se había descolgado del proceso, tal vez, por haber llegado a un acuerdo con Alarcón, mientras Barchín del Hoyo se había sumado al contencioso. Los intereses de las villas de realengo estaban representados por Ferrand Simarro. La sentencia de ese día confirmaba a Alarcón en sus derechos sobre las dehesas, considerándolas como propios suyos, aunque garantizaba a los ganados de las villas de realengo a pastar en ellas, ratificaba los amojonamientos hechos por el licenciado Francisco González Molina y únicamente daba la razón a las villas, reconociendo su propiedad sobre los hornos.

Fallamos que el liçençiado Françisco Sánchez (quiere decir González) de Molina jues comisario que deste pleito conosçió, que en la sentençia que en él dio en que mandó que a la dicha villa de Alarcón fuese entregado el señorío e propiedad de qualesquier dehesas que antes e al tienpo de los mouimientos e guerras poseyan los vesinos de la dicha villa de Alarcón e que les fuesen pagadas a la dicha villa de Alarcón o a sus caualleros de syerra las borras que suelen pagar los vesinos de las dichas villas que tenían o comiesen ganados. E en quanto asymismo adjudicó e señalo e amojonó çiertos términos a las dichas villas para que fuesen suyos propios e gosasen dellos e que en los términos de la dicha villa de Alarcón pudiesen paçer e rroçar e gozar dellos a vesindad los vesinos e moradores de las dichas villas como solían antes que començasen las guerras segund que más largo en la dicha sentençia se contiene que en quanto a lo susodicho judgó e pronunçió bien e que la parte de las dichas villas apelaron mal, por ende que debemos confirmar e confirmamos su juisio e sentençia del dicho Françisco Sánchez de Molina liçençiado, pero en quanto adjudicó los hornos de las dichas villas a la dicha villa de Alarcón por algunas cabsas e rrasones que a ello nos mueuen fallamos que la dicha sentençia es de emendar e emendado que la deuemos rrevucar e rreuocamos  e fasiendo lo que se deue faser fallamos que deuemos adjudicar e adjudicamos los dichos horrnos a las dichas villas de Villanueva de la Xara e El Peral e Barchín a cada una dellas los dichos sus horrnos con el señorío e propiedad e mandamos que quede con ellas e sean suyos propios libres e quitos syn pagar por ello pensyón ni tributo alguno a la dicha villa de Alarcón e mandamos que las prendas fasta aquí fechas de la una parte a la otra sean rrestituydas e entregadas a sus dueños, e las costas de los pesquisidores en escriuanos que están por pagar se paguen de por medio por amas las dichas partes e los esquimos que sobre ello se han leuado fasta aquí no sean pedidos ni demandados por la vuestra parte ni por la otra, e con esta emienda mandamos dar carta executoria de Rrey e Rreyna nuestros señores para que la sentençia por el dicho liçençiado dada, e esta nuestra sentençia dada sean executadas e traydas a deuido efecto e por algunas rrasones que a ellos nos mueuen no fasemos condenaçión alguna a ninguna ni alguna de las dichas partes e por nuestra sentençia así lo pronunçiamos e mandamos con estos escritos e por ellos
ARCHIVO DE LA CHANCILLERÍA DE VALLADOLID. Pleitos civiles, Moreno (OLV), Caja 535, 1


Como demuestra un nuevo memorial de 13 de junio de 1483 de Juan Velázquez de Bonilla, que por entonces había asumido la procuración de la villa de Alarcón, esta villa no aceptó la adjudicación de los hornos a las villas de realengo ni tampoco la parte que tocaba a Barchín, con la que estaba llegando a un compromiso extrajudicial (2), o a El Peral, que al igual que Motilla, se había retirado del juicio, en este caso y tal como nos enseñan procesos posteriores la causa radicaba en que El Peral había entrado en colisión con Villanueva de la Jara por el aprovechamiento comunal de los bienes vecinos, un conflisto que acabaría de forma sangrienta (3). Así el pleito se había reducido a las diferencias irreductibles entre Villanueva de la Jara y Alarcón. Juan Velázquez de Bonilla nos presenta al licenciado Molina como un simple ejecutor de la concordia de 1480 entre los Reyes Católicos y don Diego López Pacheco, al cederse los hornos a las villas de realengo se estaba contraviniendo dicha concordia en el punto que respetaba los derechos de Alarcón a la muerte del rey Enrique IV... y Alarcón alegaba que en esa época los hornos eran suyos propios. Velázquez Bonilla pedía asimismo la restitución de las rentas obtenidas por Villanueva de la Jara de las dehesas de Alarcón, de las que se había adueñado por la fuerza al acabar la guerra. La sentencia no sería modificada;  el 28 de abril de 1483 se despachaba ejecutoria.

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ARCHIVO DE LA CHANCILLERÍA DE VALLADOLID. Pleitos civiles, Moreno (OLV), Caja 535, 1, Pleito litigado entre el concejo de Alarcón, el concejo de El Peral, el concejo de Motilla y el concejo de Villanueva de la Jara sobre cuestiones de términos, borras, hornos y dehesas
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(1) El dato se lo debo a Julia Toledo Algarra, gran conocedora de los López de Tébar de Villanueva de la Jara y de las familias de esta villa en la época moderna. La misma autora y Sebastián Hernández dan la fecha de 1420, y el repartimiento de moneda de ese año, para constatar la existencia de Pozoseco como aldea de Alarcón (https://alariberadelvaldemembra.blogspot.com/2019/02/proceso-de-villazgo-de-pozoseco.html?fbclid=IwAR2-cKhmNaOwueSoloU13MNQg0EE6rwWr7R-UkKTJU0lGkFHRGCIkcKrhyQ).
El caso es que los datos que disponemos para valorar el poblamiento de esta zona son las llamadas cuentas del Rey don Sancho del año 1294, que nos presentan el valle del Valdemembra como un desierto demográfico a finales del siglo XIII, al otro lado de la divisoria de aguas nos aparece como poblaciones en la frontera del sur: Barchín y Navodres (BNE, MSS/13090, fols. 71 y ss). Belén López nos trae a colación un documento de 1304, carta del rey aragonés Jaime II, en el que aparece Motiella, y otro amojonamiento de 1351, en el que aparece también Gabaldón,  para ver signos de estas poblaciones. De su época entidad da fe el escaso botín obtenido por los moros en la razzia de 1304, si es que se puede considerar escaso botín, además de otras cosas, 1080 cabezas de ganado, quizás una muestra de la importancia en aquella época o bien de la importancia de Barchín o de la trashumancia en torno a la Cañada Calera (Belén LÓPEZ  NAVARRO y Eduardo Silvino NAVARRO: Una pizca de Historia, de la Motilla a la Motilla del Palancar. 2015). 
Tenemos que irnos a 1394 para ver completamente definidas a las poblaciones del Valdemembra. (Libro de Rentas de la Mesa Capitular de la catedral de Cuenca; ARCHIVO DIOCESANO DE CUENCA, citado por Pedro Joaquín GARCÍA MORATALLA en La Tierra de Alarcón en el señorío de Villena. IEA "Don Juan Manuel" Albacete 2003, p. 147). En nuestra opinión, las vicisitudes de la guerra no garantizaron la continuidad de las comunidades creadas. Incluso a finales del siglo XVI, tal como demuestran las Relaciones Topográficas para Vara de Rey, o nuestros escritos para Villanueva de la Jara, hay núcleos que se mueven entre la categoría de casas aisladas o alquerías y potenciales aldeas.

(2) Ese compromiso extrajudicial entre Alarcón y Barchín llegaría el 27 de noviembre de 1503, mientras Motilla daba por buena la sentencia de 1481; el amojonamiento de Motilla es de 23 de marzo de 1481  (Ignacio de la ROSA FERRER: Barchín y Motilla cierran sus términos) 
https://historiadelcorregimientodesanclemente.blogspot.com/2017/05/barchin-del-hoyo-y-motilla-del-palancar.html

(3) Ignacio de la ROSA FERRER:  La guerra fronteriza de 1484 entre El Peral y Villanueva de la Jara. https://historiadelcorregimientodesanclemente.blogspot.com/

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Concejo de El Peral, reunido en el cementerio de Santa María, de 27 de abril de 1481 (Poder a Alonso de Simarro, vecino de Villanueva)

Martín Sánchez Lázaro, Alfonso Lázaro, alcaldes ordinarios
Juan de Ruipérez, alguacil
Juan González, Pedro de Calatayud, regidores
Juan García Lázaro, Juan de Gil Sánchez, Alonso Navarro, Juan Martínez de Sancho Martínez, Alonso de Córdoba, Diego Simón, Juan Rico, Alonso González y otros vecinos
Juan Muñoz, escribano público

Concejo de la Motilla del Palancar, reunido en el cementerio del señor San Gil, de 3 de mayo de 1481 (Poder a Alfonso de Simarro, vecino de Villanueva, y Diego de Mondéjar, vecino de El Peral)

Juan Mateo, Juan Martínez Tejedor, alcaldes ordinarios
Alonso de Valverde, alguacil
Alonso Sánchez de Valverde y Juan Sánchez de Barchín, Juan de Palomares, regidores
Pedro Martínez de Gabaldón, Pascual Martínez, Pedro Navarro, Miguel de Aparicio Martínez, Alonso Mateo, Miguel López, Juan Sánchez de Barchín el viejo, Bernad García, Martín Tejedor, Sancho Valiente y otros vecinos
Juan Muñoz, escribano público y vecino de El Peral

Concejo de Villanueva de la Jara, en el portal de la iglesia de Santa María, de 2 de abril de 1481 (Poder a Alfonso Simarro, vecino de Villanueva, y a Diego de Mondéjar, vecino de El Peral, que sustituye a Pedro Martínez de Calatayud, vecino de El Peral)

Lope García el viejo, Miguel Martínez de la Casa, alcaldes ordinarios
Clemen Saiz, teniente de alguacil, por Antón Martínez
Juan Martínez de las Eras, Pedro López de Tébar, regidores
Antón Clemeynte, teniente de regidor por Juan García Villanueva
Martín Saiz Barriga, procurador
Juan Saiz de Ruipérez,  Juan Cabañero, Miguel López, Gonzalo de Moya, Pedro García, Juan Lozano, Juan Simarro, Ferrand Martínez Rubio, Juan Remón, Martín Martínez Pastor, Blasco Ruiz, Gonzalo del Cerro, Jaime de Ayora,
Hernando de Chinchilla, escribano

viernes, 5 de abril de 2019

La capilla de San Juan del convento de San Francisco de San Clemente

EL convento de Nuestra Señora de Gracia o de San Francisco de la villa de San Clemente era el lugar de enterramiento de familias principales del pueblo. Entre ellas, destacaba la capilla de San Juan, lugar de enterramiento de la familia Origüela, una familia judía, que contaba entre sus miembros con veinte penitenciados por la Inquisición (uno de ellos, Luis Sanchez de Origüela, quemado, por decir que las imágenes de la Semana Santa eran simples trozos de madera.  Aquí, presentamos un extracto del testamento de un miembro de la familia, el licenciado Pedro Galindo, que menciona la fundación de la capilla de San Juan por la familia

Y mando que sea sepultado en la Yglesia del señor San Francisco desta villa en la capilla del señor San Juan, adonde están enterrados Pedro Sanz de Origüela Galindo mis padres sus fundadores y de su capellanía que Santa Gloria ayanArchivo Histórico Nacional,OM-CABALLEROS_SANTIAGO,Exp.2798 

lunes, 1 de abril de 2019

Fray José de la Bastida, predicador franciscano de San Clemente

Excelentíssimo señor

Señor: 

Fray José de la Bastida, predicador y visitador de la venerable Orden Tercera de la Penitencia de la villa de San Clemente, en su convento de Nuestro Señor San Francisco, con el más profundo respecto a vuestra excelencia ace presente: que en el bárbaro, cruel e hinumano saqueo, echo por las tropas francesas, en esta villa an dejado a esta venerable Orden Tercera de Penitencia en la mayor indigencia por aberle robado toda la plata, vasos sagrados, cera dél, de modo excelentísimo señor que se alla sin cáliz para celebrar el santo sacrificio de la misa ni copón para administrar la sagrada comunión  a sus ermanos, abiendo quedado en el día quasi inábil para continuar sus santos exercicios. Por lo que suplica a vuestra excelencia a nombre de esta Venerable Orden Tercera de Penitencia se digne concederle un cáliz y un copón para poder continuar sus santos exercicios, labor que espera conseguir el suplicante de las católicas y benignas entrañas de vuestra excelencia, quedando todos sus individuos rogando al Todopoderoso le guarde los muchos años que le desean para felicidad de la España.

Asimismo, señor, deseoso el suplicante de ser útil a la Religión y a la Patria suplica encarecidamente a vuestra excelencia se digne colocarle en una capellanía de regimiento, donde pueda animar los católicos y esforzados pechos de tantos españoles para la defensa de la causa más justa que an visto los siglos.

Gracia señor que e solicitado desde el principio de la guerra tan justa que nos anima, y por falta de ombre que me dé la mano no lo he conseguido, Alego señor los méritos de Jesucristo si estos no bastan, tendré paciencia, más con ello espero alcanzar la gracia de vuestra excelencia por cuya vida ruego al Todopoderoso le guarde los muchos años, que le desea su más humilde capellán. Q. S, M. B.

Fray Josef de la Bastida (rúbrica), San Francisco de San Clemente y febrero 15, (1)809

Excelentíssimo Señor Duque del Infantado


(Archivo Histórico de la Nobleza,OSUNA,CT.181,D.19 - 2)