Ana de Tébar Ángel muere en 1647, previamente le ha precedido en la muerte su marido el doctor Fernando de Vera y Alarcón. Los bienes de Ana de Tébar acabaron en manos de Francisco Ángel Ibañeta, secretario de la Inquisición de Cuenca e hijo de Julián Ángel de Ibañeta, secretario del Santo Oficio, fallecido, y en quien la viuda había hecho donación de sus bienes por ser primo suyo, si bien hubo un contenciosos por la herencia, pues la finada dejó a deber a Rodrigo de Ortega, señor de Villar de Cantos, 1700 reales. Francisco Ángel era el único y universal heredero de su padre Julián, aunque doña Ana de Tébar había dejado otras dos herederas: doña María de Araque y Tébar y Ana Rosillo.
Ana de Tébar era hermana de Pedro de Tébar Ángel, clérigo y residente en Roma, Allí también había dejado bienes la finada Ana de Tébar, Cuando hace la donación inter vivos a punto de morir es una mujer de setenta años, Tiene por morada unas casas bajo de la placeta de la Torre Vieja, linderas de don Rodrigo de Ortega y de la bodega de Juan de la Carrera, clérigo, como bienes raíces, una viña de 16 aranzadas en el camino de Munera, lindera de herederos de Cristóbal Aguado, y unas hazas de quince almudes en el paraje de la Nava, y como bienes muebles, cuarenta tinajas, y otras cosas de menaje y mobiliario de la casa. Pero, los bienes de Ana se habían incrementado por el testamento de su hermano Pedro en Roma, el diez de diciembre de 1629, que la había declarado por única heredera; testamento modificado por dos codicilos de 1636 y 1647. Junto a la herencia dejaba también sus deudas: 850 ducados tomados a censo y otros 300 ducados a mandas testamentarias post mortem por la salvación su alma una vez fallecida, es decir, fundaba una serie de memorias por su alma. Una pequeña parte iba para pagar la soldada de su criada Ana Martínez.
Los bienes se repartían en tres partes: la de Julián Ángel Ibañeta, la de Ana Rosillo, hija de Juan Rosillo y la de María de Araque Tébar (hija de Melchor de Tébar y Juana Vázquez de Guzmán y menor en ese momento, representada por su curador Juan Muñoz de la Fuente); Julián de Ibañeta era primo de Ana de Tébar y las dos mujeres eran sobrinas de Ana de Tébar. La casa familiar quedaba para Ana Rosillo. Hemos de suponer que al ser lindante de la de Rodrigo de Ortega y la bodega del clérigo de Juan Carrera conformarían el espacio futuro del palacio de los Valdeguerrero.
El pleito, entendido por el alcalde mayor de San Clemente, se lo arrogó el tribunal de la Inquisición por ser Francisco Ángel un miembro del tribunal de Cuenca. El pleito se complicó por la intromisión del jesuita Andrés de la Matilla, que pretendía que la finada Ana de Tébar había rectificado la primera donación con una segunda en la que había fundado algunas capellanías de las que se había nombrado capellán al dicho Andrés de la Matilla. El jesuita intentó sacar el pleito de la Inquisición para llevarlo al provisor del obispado de Cuenca y convenció para que se personara en el pleito don Rodrigo de Ortega, que andaba en mala relación con los Ángel Ibañeta.
La donación inter vivos se firmó el doce de septiembre de 1647, Ana de Tébar moriría el nueve de octubre y sería enterrada el día diez en la iglesia mayor de Santiago; el once de octubre. La batalla por sus bienes comenzó ese mismo día, cuando Ana Rosillo intentó tomar posesión de los bienes que le correspondían. El alcalde mayor Estremera tuvo que mandar un alguacil que guardara la casa de la finada en tanto se hacía el inventario de los bienes. El inventario se haría a las doce de la noche, con el cuerpo presente de la finada. Julián Ángel de Ibañeta ya se estaba presentando ante el tribunal de Santo Oficio para que hiciera uso de su jurisdicción privativa y le diera posesión de sus bienes, que, a su parecer, eran todos los de Ana de Tébar, por ser bienes pro indivisos. Esa posesión se dará el 15 de octubre. El encargado de hacerlo efectivo como juez fue el licenciado Juan Villanueva Merchante, comisario del Santo Oficio*. Para defender sus derechos Julián Ángel dio poder a Gregorio Santos, cura de la villa e Inquisidor Apostólico, el licenciado Gregorio Morcillo Ángel, presbítero, Alonso de Valenzuela, familiar de Santo Oficio, y Amaro de Santiago, procurador de causas de la villa.
La casa de Ana de Tébar era una casa amplia con aposentos, oratorio privado, corrales, bodega y cueva. Sus aposentos se guardaban con quince llaves grandes y pequeñas. Era en la bodega y cueva donde se guardaba el vino de la cosecha, aparte de algo de cereal que sería también objeto de disputa. El vino procedía de las dieciséis aranzadas de viñas del camino de Munera y el grano de las siete almudes cebadales de la Nava, camino de Pozoamargo explotados en regimen de arrendamiento y que lindaban con tierras de Jusepe Castro y Pedro de Oma, otra haza cebadal en la Nava, su producción de nueve almudes y se dice que lindan con hazas de Cristóbal García Monteagudo y Juan de la Carrera.
La herencia de Ana de Tébar estaba envenenada. Sus últimos días habían sido de apuros económicos, había pedido al licenciado Matilla que vendiera una alfombra parda y con el dinero comprar lo necesario para la alimentación de su casa. Además el testamento fijaba la necesidad de que los tres herederos de los tres tercios de la herencia, desembolsarán 300 ducados de sus últimas voluntades y 850 ducados del principal de un censo, que habían sido prestados por las dominicas de Belmonte. Los 300 ducados iban destinados a setecientas misas. Para dar cumplimiento a sus últimas voluntades, doña Ana de Tébar había nombrado por albaceas a Francisco Martínez Perona, abad de Santiago, dignidad de la iglesia de Cuenca, beneficiado de las parroquiales de la villa, a los licenciados Antonio García de Tébar y Andrés Matilla, presbíteros y a Juan Rosillo Navarro.
La iniciativa en la distribución de la herencia correspondió a Julián Ángel de Ibañeta, que haciendo valer su papel de secretario del Santo Oficio, reservó el tema a la justicia de la Inquisición y logró un embargo de los bienes y su depósito en manos del regidor Pedro Ruiz Ángel. Una de las herederas, Ana Rosillo, a continuación de la muerte de Ana de Tébar, había ingresado como novicia en las trinitarias y por ella hablaba la priora del convento Ginesa de Llanos, siendo imposible hablar con Ana Rosillo en el locutorio del convento. Hubo que amenazar con excomunión por los Inquisidores de Cuenca para tener el acceso a inventariar de nuevo los bienes que había en la casa de la finada y que había correspondido a Ana Rosillo en la partición.
Se tuvo que determinar cuáles eran las deudas de doña Ana de Tébar, que se difuminaban en un censo de 850 ducados, pero que eran más variadas:
- 150 ducados de principal de un censo tomado a los trinitarias (así lo reconocía su priora en 1648, Juana de Tébar), de los que se adeudaba doscientos reales de réditos.
- La priora de Santa Catalina de Belmonte, Ana de Oma, se negó a dar alguna, por negar competencia a los jueces de los inquisidores.
- 3000 reales de plata doble del cura de la iglesia de San Juan de Cuenca, se debían 150 reales de réditos.
Uno de los acreedores de doña Ana de Tébar era el licenciado Luis Diaz de Arias, cura de la iglesia de San Juan de Cuenca y patrón de las memorias fundadas en esa parroquia por el licenciado don Domingo de Bascuñana y su hermano Cristóbal (con obligación de una misa todos los jueves del año), poseedor de un censo de 3000 reales de plata doble
*En la villa de San Clemente había dos comisarios del Santo Oficio ese año. Alonso Sánchez de la Orden y el licenciado Juan Villanueva Merchante. El comisario del Santo Oficio era un delegado eclesiástico que actuaba como representante local del tribunal de la Inquisición en ciudades y pueblos alejados de las sedes principales. Su función era ser los "brazos" del tribunal en el territorio, permitiendo que la autoridad inquisitorial estuviera presente de forma constante en el ámbito local. Como juez sustituirá a Juan de Villanueva Merchante el licenciado Diego de Olivares.
Para hacer pago a las deudas se hizo tasación de las casas de la finada por dos maestros de cantería: Pedro Correoso y Francisco Ballestero: 10757 reales de vellón. El dos de septiembre de 1648, el pleito se hace más complejo, al presentarse en el mismo don Rodrigo de Ortega el mayor como perjudicado, alegando que en la rectificación y segunda donación que hizo doña Ana de Tébar Ángel confesó deberle 1700 reales. El 24 de septiembre los autos se han enviado a Madrid, a la Suprema de la Inquisición, que decide que en todo el pleito entienda el Santo Oficio de Cuenca, salvo en los 300 ducados destinados a las memorias de la finada, que ha de ser el provisor de Cuenca. Las memorias habían sido introducidas por doña Ana de Tébar en la segunda donación, encargando de llevarlas a cabo al presbítero Andrés de la Matilla, que había acudido a la justicia del provisor de Cuenca, pero en esa segunda donación también doña Ana de Tébar había declarado ser deudora de Rodrigo de Ortega, el cual había acudido a la justicia del alcalde mayor y conseguido un embargo de bienes de la finada, cuando ya había un embargo anterior y posesión de bienes a favor de Julián Ángel Ibañeta, que ahora obraba, una vez fallecido en manos de su hijo Francisco. Detrás de este galimatías jurídico, estaba el infortunio de una viuda, que, a la muerte de su marido, había visto como los acreedores se lanzaban a por su hacienda.
Don Rodrigo Ortega había conseguido del alcalde mayor don Pedro Pérez de Estremera dictara ejecución de los bienes embargados, acogiéndose a la segunda donación. Esta ejecución intentó ser paralizada por el tribunal del Santo Oficio de Cuenca bajo amenazas de excomunión. El auto de este tribunal llegaría a San Clemente el uno de octubre de 1648. El alcalde mayor alegaría que en la segunda escritura de donación de doña Ana de Tébar, de 7 de octubre de 1647, ante el escribano Juan Palacios Guijarro, la finada reconocía deber 1700 reales a don Rodrigo de Ortega. Además, hábilmente, don Rodrigo supo diferenciar ambas donaciones, centrarse en la segunda de siete de octubre y pedir el embargo de bienes de la herencia de las dos sobrinas, Ana Rosillo y María de Tébar, obviando a Francisco Ángel y por tanto considerando que la Inquisición no era juez competente y que la ejecución de bienes podía seguir adelante como así se hizo. Además, el alcalde mayor, inducido por Rodrigo de Estremera, defendió su jurisdicción llevando el caso su era necesario ante el Consejo de Castilla, en un intencionado intento de provocar un conflicto de competencias entre dos instancias superiores, el Consejo de Castilla y la Suprema de la Inquisición. Mientras, desde San Clemente se negaban remitir los autos al Santo Oficio de Cuenca, como se pedía, alegando enfermedad del escribano. Nueva inhibitoria de los Inquisidores de Cuenca el 10 de octubre, bajo amenaza e excomunión, que no amilanó al alcalde mayor de San Clemente (y, es de presuponer, a don Rodrigo de Ortega), que de nuevo defendió su jurisdicción ordinaria el 13 de octubre. El testimonio del alcalde mayor vino aseverado por don Rodrigo de Ortega el mayor que insistió que los autos se había remitido al Consejo de Castilla para su conocimiento. Además, don Rodrigo de Ortega se estaba ganando la voluntad del nuevo comisario de la Inquisición en San Clemente, don Diego de Olivares Merchante. El 7 de enero de 1649, la victoria de don Rodrigo de Ortega era total y conseguía un auto del Consejo de Castilla que ordenaba se le remitiera por la Inquisición los autos del pleito para entender en él y se añadía que el notario Francisco Ángel estaba incurso en muchos pleitos, en claro intento de desacreditarle.
Aunque no sabemos de la continuación del pleito. La Inquisición dio carpetazo al mismo que pasaría a la jurisdicción ordinaria. Es presumible que entre otros bienes, don Rodrigo de Ortega el mayor, I señor de Villar de Cantos, se quedara con las casas de doña Ana de Tébar, que correspondieron en la herencia a doña Ana Rosillo. Esta Ana Rosillo, ingresada como novicia en las trinitarias, una vez muerto su padre Juan Rosillo (alcalde de la villa en los años 1640-1641), quedaría en una situación muy frágil que seria aprovechada por don Rodrigo de Ortega, que a través de su mujer, Ana Rosillo Gabaldón, debía tener vínculos de parentesco con la susodicha novicia y, sabemos, tenía buenas relaciones con los Vera y Alarcón. Así, don Rodrigo se haría con la casa de Ana de Tébar, la agregaría a la propia (y es de presuponer que con el tiempo también la bodega del clérigo don Juan de la Carrera) y en su lugar se levantaría con el tiempo el palacio de los marqueses de Valdeguerrero.
Pleito civil de Andrés de Matilla
Archivo Histórico Nacional, INQUISICIÓN,1916,Exp.6
