El paso entre el Reino de Castilla y el Reino de Valencia se hacía, en la zona norte, a través del puerto seco de Requena, donde los comerciantes estaban obligados a registrar sus mercancías y pagar los correspondientes derechos aduaneros. Al igual que hemos visto en el puerto seco de Almansa, el contrabando estaba a la orden del día. Una de las mercancías más valoradas en este comercio era la seda, transportada por arrieros, se intentaba introducir en Castilla de forma fraudulenta. A este comercio se dedicaban algunos vecinos de Campillo de Altobuey, entre ellos, Diego Sánchez y otros que no conocemos su nombre, que en mayo de 1607 fueron sorprendidos pasando dos cargas de seda sin registrar por la "raya" que separaba ambos Reinos. Denunciados ante el licenciado Manuel Rodríguez de Castro, teniente de alcalde de sacas de puertos secos, las cargas de seda les fueron requisadas. Los contrabandistas fueron apresados en la cárcel de Motilla del Palancar, pero sabedores de los conflictos de jurisdicciones que acompañaban estos casos intentaron enredar judicialmente el asunto para librarse de un castigo seguro.
Entre las instancias judiciales que entendieron en el asunto, estaba en primer lugar los alcaldes ordinarios de Campillo de Altobuey, que, vecinos de los encausados, intentaron que el asunto se entendiera en la villa. Era apartar el caso de la justicia privativa de los alcaldes de sacas, razón por la cual los contrabandistas serían encarcelados en Motilla. Pero la prisión en Motilla, perteneciente al corregimiento de San Clemente hizo que entendiera en el asunto el alcalde mayor de San Clemente Fernando de Vera, que decidió llevar a los mercaderes campillanos a la cárcel más segura de Villanueva de la Jara. Era una solución aparentemente más neutral pero que levantó nuevas ampollas. La razón: el Consejo de Hacienda que estaba adquiriendo una justicia privativa sobre los asuntos de tributos, requirió el once de agosto al alcalde mayor de San Clemente para que remitiese a los presos y los autos originales obrados a Madrid, pues consideraba como injerencia la actuación de la justicia sanclementina del alcalde mayor. En realidad, la complejidad de la España de los austrias y su administración polisinodial creo una maraña de jurisdicciones privativas añadidas a la ya existentes. Nuevas jurisdicciones aparecieron como la fiscal del Consejo de Hacienda o la militar del Consejo de Guerra o de los comisarios y superintendentes a partir de 1640. Entretanto, los más avezados jugaban con esta confusión de jurisdicciones para eludir las leyes.
AMSC, CORREGIMIENTO, LEG. 94/11
