El corregimiento de las diecisiete villas

IGNACIO DE LA ROSA FERRER

Imagen del poder municipal

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EL CORREGIMIENTO DE LAS DIECISIETE VILLAS EN LA EDAD MODERNA
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sábado, 23 de febrero de 2019

El Corregimiento de las diecisiete villas, una administración bajo el signo de la corrupción (V)

La villa de Villanueva de la Jara era en 1592 una de las tres grandes del corregimiento de las diecisiete villas, junto a San Clemente e Iniesta. Por tanto, no es extraño que el ambicioso escribano Francisco de Astudillo se reservase para sí las comisiones de esta villa. Las actuaciones del corregidor fueron contra notables de la villa, como Gabriel Clemente Carrasco, al que se le tomaron prendas por valor de cien ducados.

Villanueva vivía una lucha por el poder local, manifestada en disputa entre pecheros e hidalgos por el poder municipal. Los hidalgos alegaban que tenían ejecutoria que les otorgaba la mitad de los oficios concejiles. Por tanto, pedían que las pelotillas para la elección de oficios se echaran en cántaros distintos. La decisión del licenciado Antonio Pérez de Torres de intervenir en la elección de oficios del año 1591, metiendo a todos los candidatos en un cántaro, fue contestada por el concejo de Villanueva de la Jara protestando a la Chancillería de Granada. Todavía, en esas fechas, los hidalgos jareños luchaban por un derecho que los sanclementinos habían conseguido hacía ya medio siglo. En la elección de oficios del año 1591 había intervenido, por comisión del corregidor, el escribano Francisco de Astudillo, que era acusado de cohecho por haber recibido más de cuatrocientos reales. Quien acusaba era el escribano Juan Prieto, que denunciaba a una facción de regidores encabezada por Ginés Rubio y Bernardo Alcocer de tratos secretos con el escribano sanclementino.

El clima de rivalidades en el concejo jareño era patente. De hecho, el ayuntamiento había sido asaltado una noche por unos desconocidos y, ante el temor, se había decidido quitar los privilegios de la villa del arca de tres llaves de su archivo y guardarlos en casa del escribano Alonso García. Tal cosa aseguraba el regidor Llorente López de Tébar, de cincuenta años; el cual denunciaba asimismo las intrigas de Martín de Buedo Gomendio, que tras asegurarse el abasto de las carnicerías por San Juan de 1591 tras cesión de la navarra, viuda de Juan de la Osa, había traspasado este ramo a Juan Martínez Talaya, al ser elegido alcalde ordinario en las elecciones de San Miguel de ese año. El mencionado Juan Martínez Talaya era un testaferro, sin ganado alguno, al servicio de los intereses de Martín de Buedo, que le proveía con la carne de sus ganados que libremente pastaban en la dehesa carnicera. Éste último era acusado además de usar el oficio de alcalde en provecho propio, incumpliendo las ordenanzas sobre guarda de rastrojos y montes. No obstante, las irregularidades eran la norma general; cuando Diego de Agüero llega a tomar las cuentas del pósito, lo encuentra sin un real; se la calla la boca con cuatrocientos reales, a cambio, mira para otro lado cuando algunos regidores meten en el arca el dinero faltante, para sacarlo inmediatamente en cuanto acaba la toma de cuentas. En beneficio de Diego de Agüero, hay que decir que se movía en una sociedad corrupta hasta la médula. De hecho, cuando fue acusado de cohecho por el regidor Francisco Sancho en la plaza de la villa, delante de los escritorios que para el ejercicio de su oficio los escribanos poseían, respondió que si el tomaba dineros es porque alguien como el regidor se los daba. De todos modos, de la comisión de Diego de Agüero nos podemos hacer una idea de lo que era aquel mundo; un alguacil que llega a villa extraña a tomar las cuentas del pósito a finales de octubre de 1590 y que promete públicamente el máximo rigor en su cometido, mientras privadamente se le da encubiertamente seis escudos y se le aloja con cargo a Hernando de Utiel, el mayordomo del pósito, que ha de rendir cuentas, y que agasaja al alguacil con una exquisita hospitalidad de buena comida y lecho, pagando los gastos de su alojamiento en la llamada posada de la parreña. Se asegura al alguacil un salario de cuatrocientos maravedíes diarios, el doble de lo fijado, hasta sumar cuatro mil ochocientos maravedíes. Mientras, cada una de las tres llaves del arca del pósito andaban de mano en mano, metiendo y sacando dinero para dar fe del equilibrio de las cuentas; el tanteo se hizo con una espuerta, pero sin medir el trigo existente. Además de tomar las cuentas del pósito, Diego de Agüero tomó en mayo de 1591 las cuentas de los propios de la villa a su mayordomo a Martín de Zomeño; tardó en hacerlo nueve días, por los que percibió un salario de cinco mil doscientos maravedíes, y lo hizo con tanta parsimonia, que en el pueblo se recordaban sus largos paseos y descansos. Un mes antes, el escribano Mateo Sacedo había recibido catorce ducados por una declaratoria sobre la elección de oficios y la reserva de la mitad de los mismos a los hidalgos.

La familia Clemente, aunque precavida, mostró su rechazo a la labor del corregidor, aunque eran más los intereses encontrados con otras familias principales. Sus intereses económicos iban más allá de Villanueva de la Jara, para extenderse por Quintanar o Tarazona. En está última villa eran, como en la Jara, regidores. En cualquier caso, las fuertes diferencias existentes en la villa quedaron ocultas a ojos del juez de residencia para denunciar una mala actuación funcionarial de cuyos cohechos participaban todos.

Esa precaución en las denuncias era la norma en El Peral. donde los testimonios del regidor Pedro de Tévar o Diego de Alarcón. Las quejas venían de nuevo contra alguaciles como Francisco de Astudillo o Diego de Agüero pero no tanto por sus cohechos sino como simples transmisores de la justicia del corregidor, que se entremetía en la justicia ordinaria de los alcaldes de El Peral, llegando a conciertos con los sentenciados a los que daba por libres a cambio de una cantidad de dinero. No obstante, el testimonio del escribano Adriano Gómez de las cuentas tomadas de los propios y el pósito dejaba ver los abusos de los alguaciles sanclementinos y de otros como el motillano Pedro Luján o Pedro Sánchez Carretero, vecino de La Roda.

Manuel (Ortiz) de Ojeda
En Motilla, el escribano Alonso de Córdoba aseguraba que el alguacil enviado para tomar las cuentas del pósito, Cristóbal Morales, se hospedaba en casa de Jorge Ortega, encargado de rendir las cuentas y que guardaba el libro de cuentas en su propia casa, a su decir, bajo llave. La situación de Motilla del Palancar no era muy diferente al resto de las villas del corregimiento. El gobierno de ese año estaba en manos de Juan de Luján y Juan de Bonilla, alcaldes ordinarios, y desempeñaban oficios de regidores Pedro de Bonillo y Juan de Toledo. No eran los únicos principales de la villa, pero, a decir de Manuel de Ojeda, eran los encargados de gestionar los negocios de la villa en Madrid y Granada a través del procurador Luis de Vacas. Lo sabía bien Manuel de Ojeda, pues había sido denunciado ante el Consejo Real por varios vecinos de la villa, que le acusaban de malversación de los caudales del pósito. Estos vecinos habían elevado sus quejas hasta Madrid para que el corregidor Melchor Pérez de Torres pusiera orden en el alhorí motillano. El corregidor condenó a Manuel de Ojeda, depositario del pósito, en veinte mil maravedíes de multa, que no aceptó la sentencia y apeló al Consejo Real.

En Iniesta, las irregularidades en la administración del pósito fueron denunciadas por el nuevo depositario Pedro Jiménez de Contreras, que veía cómo eran entregados por su antecesor trigo podrido y mezclado con tierra a los labradores. Aunque las versiones variaban sobre quien estaba detrás de tan turbias operaciones, pues el tal Pedro Jiménez había sido condenado también por tales prácticas y posteriormente perdonado por el corregidor. Varios regidores de Iniesta serían llevados presos a la villa de San Clemente. En el origen, estaban los tejemanejes de Pedro Espinosa Castañeda, alcalde ordinario de la villa, que había mandado a Antonio Ibáñez, familiar del Santo Oficio, con comisión a las aldeas de Iniesta para expropiar a los labradores trigo y cebada para el pósito y los frailes; el grano nunca entró en los almacenes y fue vendido en Valencia. El control de señorío que Iniesta pretendía sobre sus aldeas estaba liderado por Pedro Espinosa Castañeda, pero dentro de la villa había una facción liderada por el alcalde ordinario Juan Garrido, que defendía los intereses de las aldeas y sus labradores. No es extraño que el enfrentamiento ocurrido entre Antonio Ibáñez y Juan Garrido en la aldea de Alcadozo finalizara con las despectivas palabras del familiar de la Inquisición, alcalde de mierda y con el alcalde ordinario llevado preso a Iniesta por Antonio Ibáñez.

La intervención en la constitución del gobierno municipal de Iniesta por Melchor Pérez de Torres fue muy contestada por la supresión de una figura concejil muy antigua, el procurador síndico, establecida por ejecutoria de los Reyes Católicos y tradicional defensora de los intereses del común; ahora, se denunciaba su supresión como cesión a las peticiones de los hidalgos que pedían para sí dicha elección. La supresión de este oficio el año de 1588 coincidió con la ejecutoria ganada por los hidalgos para reservarse la mitad de los oficios concejiles. A ello, se sumaba la intromisión del corregidor en la primera instancia de la villa, que era tanto como decir que las irregularidades del pósito se resolvieran en el seno de la Iniesta y no en San Clemente. Hasta esta villa, los iniestenses mandaron al doctor Francisco de Espinosa y el licenciado Jorge de Lorca para negociar con el corregidor, que respondió con el encarcelamiento de los oficiales del ayuntamiento de Iniesta; llevados presos a San Clemente en el crudo invierno de 1592, en penoso viaje, soltados solamente tras pagar fianzas y con unas costas judiciales de quinientas reales. Antes de soltarlos, los encerraron en la sala del ayuntamiento de San Clemente y tomada confesión a cada uno de los oficiales. La prisión de los alcaldes y regidores, gente principal y algunos hidalgos, fue vista como una afrenta imperdonable por la villa de Iniesta.

Iniesta se hallaba inmersa en un contencioso por términos con La Minglanilla, antigua aldea que había conseguido el villazgo. Para defender sus intereses en la Corte se hizo, en concejo abierto, un repartimiento de ciento cincuenta ducados entre los vecinos. La Minglanilla, que se había independizado como villa en 1564 no tenía recursos para pagar la expedición de la carta de privilegio de villazgo; ese era el fin del repartimiento de 28 de mayo de 1592. Al no contar con la licencia real, el alcalde Martín Briz y el regidor Bartolomé López tuvieron que responder con la cárcel. La necesidad del repartimeinto se trató en el concejo abierto de 29 de marzo de 1592. Se presentaba la villa en gran estado de necesidad, las deudas por el privilegio de villazgo eran de dos mil trescientos reales, de los que solo se habían pagado cien ducados, se hacía necesario un repartimiento entre los vecinos. Una nueva desgracia se había cernido sobre la villa de La Minglanilla, la avenida del río Cabriel se había llevado los molinos del pueblo en la Puenseca, que solicitaba en vano al corregidor licencia para la construcción de unos molinos nuevos. Se solicitaba la edificación de dichos molinos, distantes de los antiguos, una legua más arriba del Cabriel, en el lugar llamado Castillo de Castilseco. Se dejaban abandonados unos antiguos molinos que, tras la delimitación del término municipal por el privilegio de villazgo habían quedado en tierra de Requena. Un nuevo concejo de 17 de abril de 1592 decidió la construcción de los nuevos molinos, tomando dinero a censo. La Minglanilla era un municipio sin apenas propios, las rentas de la almotacenía, caballería y correduría apenas si rentaban entre 28000 y 35000 maravedíes.



El establecimiento de un corregimiento de las diecisiete villas fue un intento de regeneración política, nacido de las propias denuncias de los funcionarios reales llegados un quinquenio antes a la zona. Es de creer que el primer corregidor, Pedro de Castilla, del que apenas sabemos otra cosa más que tomó posesión del cargo un 26 de noviembre de 1586, dedicó sus esfuerzos a consolidar una administración novedosa. Las primeras actuaciones de su sucesor Melchor Pérez de Torres fueron a la raíz de los problemas: la administración de propios y pósitos; dos instituciones garantes del bien común y factores de equilibrio social en el interior de las comunidades. Melchor Pérez visitó todas las villas el primer año de su mandato, en cumplimiento de la obligación de su cargo, pero también compelido por una Corona, que veía como las quejas de los labradores llegaban hasta el Consejo Real (caso citado de la oposición que despertó entre los labradores la gestión del pósito municipal en Motilla por Manuel de Ojeda). Las visitas un años posterior las hizo su alcalde mayor licenciado Rodríguez de Vera, una vez se elegían para estos cometidos juristas de sólida formación; pero a partir de 1591, la muerte de Melchor lo vino a cambiar todo. Las oligarquías locales debieron ver en su hijo Antonio, una marioneta a utilizar en servicio de sus intereses propios; la participación de alguaciles como Diego de Agüero, Francisco de Cárdenas o el escribano Francisco de Astudillo hizo el resto: la extensión de una red de corrupción que integraba a los poderes locales con los funcionarios sanclementinos del corregimiento; éstos eran hombres avezados y curtidos en mil lides. El caso de Francisco de Astudillo es ejemplar: había participado, junto a su suegro Rodríguez de Garnica, en todas las comisiones junto al último gobernador del Marquesado de Villena, el masón y pirronista avant la lettre Rubí de Bracamonte, entre ellas, sentenciando, penas de muerte y destierros incluidos, las rebeliones y altercados de Santa María de Campo. La posición ganada por Astudillo en estos años junto a la sombra del poder fue acompañada de grandes ingresos económicos, como escribano y como alguacil que imponía sus propios derechos, que triplicaban los que las villas estaban obligados a pagar. Astudillo pronto se ganó el favor de los Buedo, con intereses regionales en Vara de Rey, Villanueva de la Jara y Barchín, y que además controlaban la Tesorería de rentas reales del Marquesado; le fue confiada la recaudación de las rentas de Iniesta. Así Francisco de Astudillo iba amasando una ingente fortuna personal, paralela a la concentración de poder político como alcalde de San Clemente. Este hombre lo supeditaba todo al poder y a la riqueza; retrasó su matrimonio hasta 1600 buscando la mejor perfecta, Ana María García de Villamediana, hija del escribano Rodríguez Garnica, que poca honra aportaba a la familia, pero procedente por vía materna de la familia más piadosa de San Clemente; renunció a la hidalguía en Granada, una vez comprendió la fuerza de sus enemigos para recordarle sus bajos orígenes; cambió el apellido Fernández por el de Astudillo, de más rancio abolengo; envío a su hijo a estudiar leyes a Salamanca, sabedor que sus enemigos, Tribaldos y Lucas, le negaban el acceso en la Universidad de Alcalá, y no tuvo miramientos para deshacerse de los Buedo y apropiarse de la Tesorería de las rentas reales en dura competencia con los Ortega. En suma, la familia Astudillo, ligó su fortuna personal al propio devenir de la Monarquía española: con Felipe II, contribuyó a sus grandes proyectos, para acabar participando de los mezquinos intereses de unas oligarquías locales; con Felipe III, supo aprovechar los años de paz, y corrupción, para consolidar la principal fortuna de la zona, y con Felipe IV, fue fiel servidor de unas políticas imperiales, tan ambiciosas como evanescentes, que provocaron la ruina de la familia.

Padecer un juicio de residencia es algo que deploraban los oficiales que dejaban el cargo a los tres años del mandato, pero mucho más las villa que padecían dicha residencia y que habían de soportar las cargas de unos salarios abusivos. El juez de residencia Gudiel cobraba mil maravedíes al día, su alguacil, quinientos, y el su escribano Melchor Pletel, cuatrocientos. Los cargos se hacían sobre los propios de las villas que aportaban por repartimiento entre sus vecinos, que iban de los setenta y cinco reales de La Alberca a los ciento cincuenta de Santa María del Campo Rus, aunque en villas más grandes estas cantidades se superaban con creces. 

jueves, 19 de julio de 2018

Francisco Lucas y el beneficio curado de Motilla del Palancar




En agosto de 1540, el clérigo Francisco Lucas residía en la corte de Roma. Este cura de Motilla del Palancar, que llegaría a ser prior de la Colegiata de Belmonte, vio como su posesión y disfrute de los frutos del beneficio curado de la iglesia parroquial de San Gil era contestado por el burgalés Bernardo de Quirós.

La decisión la había tomado el juez apostólico fray Juan Riaño, comendador del monasterio de Nuestra Señora de la Merced, extramuros de la villa de Alcalá, devolviendo la posesión del beneficio a la rama burgalesa, que lo había poseído con anterioridad a Francisco Lucas. Éste no dudó en acudir al Consejo Real para pedir amparo y defender sus derechos, discutiendo así la competencia de la justicia eclesiástica en el asunto. Su causa la llevó Nicolás de Hungría, en cuya procuraduría había delegado el doce de agosto Francisco Lucas. Nicolás de Hungría, delegaría a su vez en César Muñoz y Antón Pérez.

El beneficio curado de la iglesia de Motilla del Palancar pertenecía a Juan de Lerma, arcediano de Briviesca. Al quedar vacante a su muerte pasó a manos de Luis de Torres, clérigo de la dióceis de Málaga, secretario y escriptor apostólico en la corte de Roma, el 27 de noviembre de 1538. Dos años después, se concedería ese beneficio a Francisco Lucas, posesión hecha efectiva el 28 de febrero de 1540 por mandamiento de Reinaldo, obispo de Santangelo y lugarteniente en el obispado de Cuenca del cardenal y obispo de esta ciudad Alejandro Cesarino. Nicolás de Hungría en nombre de Francisco Lucas tomaría posesión del beneficio de la iglesia de San Gil, en la que no faltó la simbología del ceremonial de la época
(Martín Sanz Moreno, clérigo de la iglesia) lo llevó al altar mayor de la dicha yglesia y le entregó un libro misal en el qual el dicho Nicolás de Vngría en el dicho nonbre leyó una oraçión del santísimo nonbre de Jesús que comiença Deus qui gloriosisimum nomen Ihesu Christi vnigeniti filii tui domini nostri Ihesu Christe ... e continuando la dicha posesión tomó unas anpollas e tañó una campanilla e tomó el ysopo e hechó agua bendita sobre los defuntos e paseose por la dicha yglesia quyeta e pacíficamente sin contradiçión ni perturbación de persona alguna y hechó fuera de la dicha yglesia a todas las personas que en ella estavan e çerró e abrió las puertas prençipales de dicha yglesia
Después se nombró por capellán de dicho beneficio a Martín Sanz Moreno.

La posesión del beneficio curado de Motilla del Palancar sería apelado por el arcediano de Briviesca, Bernardo de Quirós, sucesor en ese arcedianato de Juan de Lerma, y que reivindicó los frutos y rentas de su antecesor, entre ellos el mencionado beneficio de la iglesia de San Gil. El proceso judicial se llevó ante el Tribunal de la Rota, que sentenció a favor del burgalés y ordenando despojar del beneficio a Francisco Lucas. Bernardo de Quirós acudiría ante el citado juez fray Juan de Riaño para que ejecutar la sentencia de la Rota. El 23 de junio de 1540, Bernardo de Quirós tomaba posesión del beneficio curado de Motilla. En su nombre lo hizo su procurador Alonso de Zayas, que se presentó en la iglesia de Motilla; estaba presente el capellán motillano Quiles Moreno, sin duda despojado de la capellanía al tomar posesión del beneficio Francisco Lucas. La misa mayor del día de San Juan, ofrendada por el dicho Quiles, vino a refrendar ante los fieles quién era el poseedor del beneficio. Sin embargo la batalla se estaba dando en Roma, donde residía también Bernardo de Quirós, que procuraba obtener sus propios breves de Paulo III. Pero en España, y en la diócesis de Cuenca, topaba con la oposición del cardenal Cesarino, que ausente había dejado el obispado en manos de Reinaldo de Chancellares y el inquisidor Góngora. El propio cabildo catedralicio se negaba a aceptar los requerimientos de los enviados de Bernardo de Quirós.

Bernardo de Quirós pedía los frutos y rentas de la iglesia de Motilla del Palancar desde el 15 de febrero de 1537, fecha en la que el beneficio curado había quedado vacante por muerte del arcediano Juan de Lerma. Desde esa fecha los benefactores habían sido Luis de Torres y Francisco Lucas. Bernardo de Quirós se apoyaba para sus pretensiones en una cláusula contenida en un proceso fulminado sobre un breve subvinculo piscatoris de 30 de octubre de 1539. Dicho breve y su cláusula habían sido interpretados por un juez burgalés, el comendador del monasterio de la merced de Burgos Francisco Salazar, a favor de Bernardo de Quirós para darle la posesión del beneficio curado de la Motilla.

Francisco Lucas consiguió llevar el pleito por el beneficio curado de la jurisdicción eclesiástica a la jurisdicción civil. Más exactamente, habría que hablar de contencioso entre el Papa y la Corona, arrogándose en este caso el Emperador Carlos un derecho de patronato para el nombramiento de beneficios eclesiásticos. Concretamente, se negaba jurisdicción a fray Luis de Riaño, que únicamente se había limitado a ejecutar la decisión del tribunal de la Rota a favor de Bernardo de Quirós en la interpretación de una cláusula de una bula papal, y se hablaba abiertamente de injerencia papal en el asunto del beneficio de Motilla del Palancar
y aunque an apelado (Bernardo de Quirós) de vos (Francisco Lucas) legítimamente en tienpo y en forma devida de derecho para ante nuestro muy Santo Padre no les avéis querido ni queréis otorgar la dicha su legítima antes todavía proçedéys adelante por çensuras en lo qual les aviades hecho e haziades notoria fuerça e agravio por ende que nos suplicava pues que nos e los otros rreyes nuestros projenitores estuvieron y estamos en posesión de alçar e quitar las semejantes fuerças e agravios
 Ese alçar e quitar las semejantes fuerças e agravios iban dirigidas a las amenazas de excomunión y anatemas declaradas por la sentencia del juez Riaño contra los que intentaran quebrantar la posesión el arcediano de Briviesca
malditos sean ellos y el pan y carne que comieren y vino y agua que bebieren e la tierra que hollaren e todo aquello en que mano pusieren
La carta de anatema iba dirigida, para que velaran por su cumplimiento, a los dignatarios de la diócesis de Cuenca, a sabiendas que eran los primeros en ignorarlas. Reinaldo de Santangelo y el inquisidor Góngora, lejos de atemorizarse acudieron a la jurisdicción real para que declarara nulo el anatema de Riaño.

La respuesta al mandamiento de admoniciones del juez Riaño, vino del propio Reinaldo de Chancellares, que el 28 de junio declaraba nulo el mandamiento de Riaño y poco después apelaba su mandamiento ante la jurisdicción real, nombrando como procurador para entender en el caso a César Muñoz. El mismo día veintiocho Francisco Lucas declaraba en su petición que el único competenete para dar y despojar beneficios curados en la diócesis de Cuenca era el obispo Alejandro Cesarino. Eso suponía, dado el derecho de patronato real en el nombramiento de obispos, dejar el pleito en manos de la justicia secular.

La diócesis de Cuenca en una actitud arrogante conminó al procurador de Bernardo de Quirós, Alonso Zayas, a explicar las bulas y breves que explicaba. Esto era dudar de la autoridad papal. No en vano, el propio Reinaldo puso a disposición del Papa Paulo III todos los bienes temporales y espirituales de la diócesis de Cuenca, después de manifestar que no iba a respetar la carta de despojo del beneficio curado y anatemas del juez Riaño. El Consejo Real reclamó para la jurisdicción real el proceso y mandó trasladar los autos originales del proceso eclesiástico a la Chancillería de Granada para que entendiera en el caso. El dos de agosto se pedía al juez fray Luis Riaño, que remitiera el proceso a la Chancillería de Granada. No disponemos de la conclusión final del proceso, pero sabemos que Francisco Lucas salió triunfante.


Mandamiento de posesión del beneficio curado de la iglesia de San Gil Abad de Motilla de Palancar

Don Rreynaldo por la gracia de Dios y de la Santa Yglesia de Roma, obispo de Santanjelo, lugarteniente general en todo el obispado de Cuenca por el yllustrísimo y rreverendo señor don Alexandro por la miseraçión divina cadenal Cesarino obispo de Cuenca, por quanto paresçió el honrrado varón Nicolás de Vngría, veçino desta çibdad de Cuenca en nonbre e ansí como procurador que se mostró ser del rreverendo Françisco Lucas, clérigo desta dióçesis, cavallero de Sant Pedro, rresidente en corte rromana, procurador en el dicho nonbre nos presentó una bulla de collaçión provisión e canónica instituçión por su yllustrísima señoría fecha al dicho Françisco Lucas del benefiçio curado e parrochial yglesia de la dicha villa de Motilla del Palancar con sus anexos desta dioçésis de Cuenca que antes tenya e poseya el muy rreverendo señor Luys de Torres, secretario y escriptor apostólico por sinple rresinaçión del dicho Luys de Torres segund se contiene en la dicha bula de colaçión e provisión escripta en pergamino en palabras latinas firmada de su yllustrísima señoría sellada con su sello yncluso en una caxa de hoja de millán pendiente en unos cordones rrosados sygnada e suscripta por Angelis Glandomus secretario y escriptor del archivo de la curia rromana e nos pidió mandasemos dar la posesión del dicho benefiçio curado e parrochial yglesia de la dicha villa de Motilla del Palancar con sus anexos al dicho Francisco Lucas  e a el en su nonbre e ansí como su procurador e que le fuese acudido con todos los frutos rrentas e derechos a él en qualquier manera devidos e pertenesçientes e nos vista la dicha bula de colaçión e provisión del dicho benefiçio por su yllustrísima señoría fecha mandamos dar e dimos el presente por el qual mandamos so pena de excomunión e de çincuenta ducados de oro para la cámara de su señoría a qualquier clérigo de la dicha villa que luego de como por el dicho Nicolás de Vngría en el dicho nonbre fuere rrequerido con la dicha bula de colaçión e con este nuestro mandamiento de y entregue al dicho Françisco Lucas clérigo e al dicho Nicolás de Vngría su procurador en su nonbre la posesión rreal e avtual corporal e natural vel casi del dicho benefiçio curado e parrochial yglesia de la dicha villa de la Motilla el Palancar con sus anexos e lo anpare e defienda en ella so las quales dichas penas de excomunión e pecuniaria mandamos a los vezinos e vezinos dezmeros e dezmeras de la dicha villa de Motilla el Palancar e a los terçeros e cogedores e arrendadores e tenedores de los frutos diezmos e rrentas deçimales de la dicha villa e que acudan libremente al dicho Françisco Lucas e al dicho Nicolás de Vngría su procurador en su nonbre con todos los frutos diezmos rrentas e pertenençias derechos venaçiones emolumnetos en qualquier manera devidos e pertenesçientes que se deverán e pertenesçeran al dicho benefiçio curado e parrochial yglesia de la dicha villa de la Motilla el Palancar con sus anexos bien e ansí e a tan cunplidamente como fue acordado al dicho Luys de Torres e a los otros sus predeçesores en el tienpo que lo tuvieron e poseyeron, fecho en Cuenca a veynte y ocho días de hebrero de mill e quinientos e quarenta años. R. eps. santi angeli por mandado de su Rª señoría



Parroquia de San Gil de Motilla del Palancar: capilla de Francisco Lucas
(Foto: Diputación de Cuenca. Descubre Cuenca)


ARCHIVO DE LA CHANCILLERIA DE GRANADA. PLEITOS. Francisco Lucas , sobre derecho de posesión del beneficio curado de Motilla de Palancar. Año 1540. Sign. 5381-4

viernes, 15 de junio de 2018

Trigo y fraude en la Mancha conquense a finales del siglo XVI



                                                                       
Christoph Weiditz. Grabado del siglo XVI

Diego Velázquez, gobernador del Marquesado de Villena, se quejaba el 5 de julio de 1579 desde Villanueva de la Jara cómo el precio del pan estaba alcanzando los treinta y los treinta cinco reales en los pueblos del Marquesado y cómo se burlaba la tasa, especialmente en los lugares de señorío. La acusación iba dirigida contra varios vecinos de Iniesta a los que se acusaba de ventas especulativas en Tarazona de la Mancha. Junto al escribano Francisco Rodríguez Garnica, el licenciado Velázquez había sido testigo de los desmanes y abusos en la venta de granos los meses posteriores a la cosecha del verano de 1578.

Se denunciaba con especial ahínco la especulación de granos en la villa de Iniesta, de puertas adentro, y en el pequeño lugar de Casas de Juan Fernández como centro de las operaciones especulativas. Francisco García Ruipérez, vecino de Tarazona, denunciaba cómo Francisco Gómez vecino de Iniesta le había vendido veintiséis fanegas de trigo
en dos veces que fueron dos carretadas a precio cada una fanega de ueyntitres rreales en las casas que dicen de Juan Fernández que son del dicho Francisco Gómez

Francisco Gómez se valía de un testaferro llamado Alonso López Palmero, de treinta y nueve años y vecino de Villalgordo del Júcar, que recibió en la ermita del lugar de Casas de Juan Fernández el dinero. La operación pecaba de nocturnidad, pues fue en la noche de Nuestra Señora de Septiembre cuando se cerró. El caso es que Alonso López Palmero ya se encontraba en la ermita de las Casas de Juan Fernández desde la víspera del 14 de septiembre con varias carretadas de trigo. Alrededor de cuatro carretadas con cincuenta fanegas de trigo, dispuestas para la venta a precio de 24 reales. Las compras de granos, también cebada y centeno, por Francisco García Ruipérez a vecinos de Iniesta, tales como Gregorio Cabronero, Baltasar de Cuenca o Juan López Alpargatero eran continuas. El precio de la cebada alcanzó hasta los nueve reales, doce el centeno y siete la avena.

Casas de Juan Fernández. Foto de José Díaz Martín
http://pueblosabandonadosdecuenca.blogspot.com/


Así el pequeño lugar de Casas de Juan Fernández se convertía en centro neurálgico de la especulación de granos, soslayando la pragmática que fijaba la tasa de granos o límite superior de venta de los cereales en el Reino de Castilla. Las operaciones de compra y venta de granos tenían un alcance regional. Francisco García Ruipérez asumía el papel de acaparador de granos en Tarazona. Sus compras, además de Iniesta, se extendían a Villanueva de la Jara. Otro pequeño lugar de cierre de tratos eran las Casas de Marisimarro, lugar de Villanueva de la Jara. Allí Pedro Bonilla, vecino de la Motilla había vendido a Francisco García Ruipérez tres carretadas de trigo con cuarenta fanegas a precio de veintitrés reales cada una. Las operaciones tenían sus riegos, sobre todo en el transporte, pues cuando el hijo de Francisco García pasaba con las carretas por el lugar de Gil García tuvo que enfrentarse con los vecinos de este lugar que intentaron robarle el grano.

Pero el acaparamiento de granos en Tarazona de la Mancha no era monopolio únicamente de Francisco García Ruipérez. El regidor de Tarazona, Alonso de Mondéjar, compraba sesenta fanegas de cebada eludiendo la tasa en el molino de Losarejo, sito en tierra de Alarcón, a un vecino de Sisante llamado Juan Serrano. El trigo fue llevado hasta Tarazona por el hijo del regidor e Isidro Monedero, que reconocían que habían cerrado compras similares en Iniesta.

La figura del testaferro, quizás debíamos emplear la palabra regatón (aunque este término es más propio del mundo de las lanas) es fundamental por dos motivos. En primer lugar, asumía el papel de intermediario en las ventas; así, López Palmero se encargaba de dar salida al trigo de los vecinos principales de Iniesta, tales como el citado Francisco Gómez o el regidor Antón Granero. Era el encargado en cerrar las ventas a los acaparadores de Tarazona en lugares aparatados de la villa de Iniesta para eludir la acción de la justicia. En segundo lugar, jugaba con los precios, que según transcurría el tiempo tendían hacia máximos. Para la Navidad, el precio del trigo ya alcanzaba los veintiséis reales la fanega. Además Alonso López Palmero era una figura bregada. En su declaración ante el gobernador Velázquez, siendo conocedor de la colisión de jurisdicciones, se negó a declarar, remitiéndose a su confesión ante la justicia ordinaria de la villa de Iniesta, mucho más benigna y sin lugar a dudas con intereses comunes con los vecinos principales que vendían su grano. Alonso López Palmero era más que un tratante, era el almotacén y corredor de la villa de Iniesta y, por eso mismo, debía velar porque los granos vendidos se ajustaran a la tasa. Al menos esa era la teoría, pues el juego de complicidades hacía de él un hombre de paja al servicio de los principales y labradores de la villa de Iniesta.  En su declaración ante el alcalde ordinario de Iniesta, Antón Atienza, el almotacén defendió que todas las transacciones de granos se habían ajustado a la tasa, algo poco creíble pues eran demasiados los implicados como se deduce de la relación de ventas a Francisco García Ruipérez:

  • Gregorio Cabronero, una carretada de cebada
  • Juan López Alpargatero, nueve fanegas de cebada
  • Juan Gómez de Correa, morador en Casas de Juan Fernández, 14 fanegas de trigo
  • Antón Ruiz, regidor, once fanegas de trigo
  • Sebastián Herrero, once fanegas de trigo
  • Baltasar de Cuenca, tres cherrionadas de cebada


Tan importante o más que el testaferro, eran los vecinos principales de Tarazona que actuaban como penúltimo eslabón de la cadena especulativa. Francisco García Ruipérez, de sesenta y cuatro años, y su hijo revendían el grano comprado en el sur de Cuenca en los molinos de la Marmota, propiedad de Pedro Carrasco, principal de la villa de Albacete. El comprador del grano era Jorge de Villena, hacedor de la ciudad de Chinchilla, con destino al pósito de esta ciudad. Los precios finales eran desorbitados. Más si pensamos que su fin era el abasto de los vecinos chinchillanos.

El desorden en la venta de granos, tal como decía el licenciado Medinilla, alcalde mayor de Marquesado, era generalizado en todas las villas de realengo, y también en las de señorío. Se denunciaban transgresiones en Belmonte, Castillo de Garcimuñoz, Alarcón, Tébar y Honrubia. Las especulaciones coincidían con años de carestía y malas cosechas, o al menos se intentaba crear esa imagen. Se citaba con especial preocupación la falta de pan en La Roda
que en la villa de la Rroda a causa de no auerse coxido los años pasados pan en la dicha villa a sido necesario traerlo de fuera especialmente de las dichas villas del Marquesado

Hasta la Roda fue enviado Juan Pérez de Oviedo como juez de comisión para averiguar la escasez de la villa. A su servicio se pusieron todos los alguaciles del Marquesado, encabezados por Juan de Villanueva, alguacil mayor. En el caso de La Roda, el encargado de comprar trigo para el pósito fue un vecino llamado Andrés González. En su periplo había ido hasta Tébar y la villa de San Clemente para comprar trigo. En el caso de San Clemente, la venta se cerró en el monte del Calvario, a veintiocho reales cada una de las veinte fanegas de trigo compradas. En la transacción intervino Hernando Origüela. Otro vecino de La Roda, Francisco Ruiz, fue hasta Alarcón  y su aldea de Tébar para comprar setenta fanegas de trigo para el abasto de la villa y otras veintiséis en Cañadajuncosa. En esta aldea la venta se cerró por debajo de la tasa, a un ducado la fanega, es decir, once reales, pero el transporte del trigo supuso un encarecimiento de la fanega en cinco reales y medio. De la cifra de un ducado por fanega de trigo hemos de dudar, pues no deja de ser sospechosa la coincidencia entre los testigos en aportar un dato común, coincidente con la tasa del trigo fijada en 1571. Similares compras hicieron otros vecinos de La Roda en otras villas; tal, García Martínez el rubio en Iniesta, que compraba el centeno y cebada al vicario de la villa. En este caso, actuaban de testaferros, unas beatas hermanas del clérigo. Los precios, esta vez sí declarados, duplicaban la tasa de granos.

La fijación de un precio máximo en la venta del grano o tasa fue establecido con carácter temporal en 1502 por vez primera y por un período de diez años, revisada en 1539 y posteriormente  en 1558 se le dio un carácter indefinido. Por la pragmática de 9 de marzo de 1558 se pretendía un doble objetivo: garantizar la sementera de los agricultores pobres y el abasto de los vecinos de los pueblos y ciudades. Los pósitos municipales se convertían en los establecimientos provisores para lo uno y lo otro. Se trataba de fijar un precio máximo en origen para garantizar el precio final del pan a los consumidores que una vez convertido el grano en pan cocido debía dejar a los panaderos únicamente lo necesario para sus casas y familias (unos treinta maravedíes). El precio de venta del trigo en origen se fijo por la pragmática de 1558 en nueve reales y cuatro maravedíes la fanega de trigo, desde los siete reales de 1539 (venía de 110 mrs. del año 1502, unos tres reales). La pragmática de ocho de octubre de 1571 elevó la tasa a once reales (un ducado). El once de marzo de 1584 se volvió a subir a catorce reales la fanega de trigo, fijándose finalmente en dieciocho reales por pragmática de dos de septiembre de 1605. En cuanto a la cebada, el precio venía fijado por la tasa de 1566 en cinco reales

En la fijación de los precios finales del pan cocido siempre se jugó con un elemento sobrevenido: el coste del transporte de los cereales. Ya vimos en un pleito de 1503, recién establecida la tasa, como se intentó eludir la misma con unos excesivo precios del transporte. Ahora en 1578, las alegaciones eran las mismas. Como hemos visto, el transporte de trigo desde Cañadajuncosa a La Roda se calculaba en cinco reales y medio por fanega. ¡La mitad del precio fijado por la tasa para la venta! Los precios de acarreo que se intentaron fijar legalmente por la época iban de los seis a diez maravedíes por fanega y legua para el trigo y de los cinco a nueve para la cebada (pragmáticas de 26 de abril de 1558 y de 8 de enero de 1587). Si calculamos la distancia entre Cañadajuncosa y La Roda en seis o siete leguas, el precio de acarreo se aproxima a los treinta maravedíes por legua de acarreo y fanega de trigo; es decir, el triple de lo estipulado legalmente.

Al leer los documentos, en estos caminos laberínticos de la especulación queda la duda de quién estaba detrás de esos mozalbetes que se encargaban de las operaciones de carga y acarreo de los granos, jóvenes entre los dieciséis y los veintitantos años, incapaces de mentir en las probanzas de testigos. Llegamos en seguida al nivel de los tratantes, más avezados como Alonso López Palmero, conocedores de las pragmáticas que estaban defraudando e incluso del nombre de algunos labradores, como Pedro de Moya, de la aldea de Tébar. Pero resulta difícil llegar más allá. Alguien dice ver a Hernando de Origüela en el monte del Calvario de San Clemente, se menciona a algún regidor de Iniesta, a Francisco Gómez, rico hacendado de Casas de Juan Fernández, o incluso a la poderosa familia albaceteña de los Carrasco, pero todos ellos se guardan de participar directamente en las ventas. Algunos vecinos trataban de escapar a estas redes especulativas, comprando ellos mismos directamente los granos. Este era el caso de Francisco Escribano, vecino de La Roda, que recorría los pueblos para comprar pequeñas cantidades para su casa y para la de su vecino Juan Bonjorne. Aunque conseguía el trigo a precios menores, no por eso las operaciones dejaban de ser menos fraudulentas: compras a un clérigo de Iniesta, que se valía de un criado, a un labrador que venía con el trigo molido del molino (en este caso, la operación se cerró a veintitrés reales la fanega en un mesón de la Jara) y directamente a quién por principio lo tenía prohibido: el pósito de Villanueva de la Jara o las tercias de Tébar. Incluso Sancho de Angulo, juez de las salinas de Minglanilla, se apuntaba a la vorágine especuladora de los granos, ocultando las operaciones con la fórmula del trueque: recibió de Diego Pérez de Oviedo, vecino de La Roda, una esclava a cambio de veintiocho fanegas de trigo y veinticuatro de cebada. El juez de salinas no pudo hacer frente a su compromiso y hubo de pagar la esclava, parte en cebada y parte en dinero. La disputa de la esclava no era sino arma arrojadiza de los testigos, en especial de alguno de ellos como Alonso Resa, contra el juez de comisión Juan Pérez de Oviedo, pues quien estaba implicado en el asunto era su familiar Diego Pérez de Oviedo. Los regateos entre Diego Pérez de Oviedo y el juez de salinas de Minglanilla demostraban la participación de ambos en una fijación indirecta del precio del grano más llevada por el interés particular que por el respeto a la tasa
el dicho Diego Pérez de Oviedo no se la quso dar (la esclava) si no era por treinta fanegas de trigo y treinta de cebada e que visto por el alguacil García (que actuaba en nombre del juez de salinas) que no se la quería dar por la cantidad de pan que dicho tiene e el dicho alguacil gozó y executó a el dicho Diego Pérez e hizo execución en una esclauilla  e le apremio por vía de torzedor para que le diese la dicha esclaua e este testigo (Alonso Resa) como depositario del dicho esclauillo fue tercero entre los susodichos Juan García alguacil y el dicho Ouiedo y como el dicho Diego Pérez de Ouiedo le apremiaua el dicho alguacil sobre la dicha esclaua vino a darle la dicha esclaua por las veynte y ocho fanegas de trigo e por las veynte e quatro de cebada
El valor de la esclava se había fijado en ochenta ducados y la disputa simplemente traducía esa cantidad a las propias fluctuaciones del mercado de granos.

Que los pagos no eran siempre en metálico lo demuestran otros casos. Principales de las villas, como el sanclementino Cristóbal García de Monteagudo, recibían de Antonio de Monteagudo una treintena de ovejas. Dicho ganado lo había de recibir en pago por las veinticuatro fanegas de cebada y una de avena que debía entregar a Antonio de Monteagudo, lo que hizo indirectamente a través de su suegro Pedro de Montoya, vecino del Cañavate. Del trato se expidió unas tosca letra de cambio, documento de carácter privado, ajeno al control del fisco. Como precio de referencia se tomo el valor de cinco reales y un cuartillo por oveja. Otro de los principales sanclementinos implicado en el comercio de granos, eludiendo la tasa, era Hernando del Castillo; ya de edad avanzada, tan viejo como avezado, prefería cerrar los tratos con Andrés González Mesonero. Este vecino de la Roda había llegado con tres carros a por el trigo. Siguiendo los consejos de Hernando del Castillo, cambaron, durante su estancia en San Clemente, hasta tres veces de parador. Primero, alojados en el parador de Romero, luego en el de Moguer y, por último, recelando de la proximidad de la justicia, en el parador que estaba junto a la mancebía del pueblo y el juego de pelota. Las treinta fanegas de trigo vendidas por Hernando del Castillo fueron medidas por él mismo, sacando a relucir su cicatería, en la cámara de su casa en la villa de San Clemente a la luz de un candil, que sujetaba un vecino de La Roda, Antonio del Castillo. Sería éste, en compañía del mencionado Andrés, los que cerrarían el trato y cargarían los costales, cuando todavía no había despuntado el alba
e cargaron las dichas treynta fanegas depriesa para salirse con ello antes que pareçiese gente por las calles e las cargaron (en los carros). 
Hernando del Castillo, desconfiado, siguió sigilosamente a los carros hasta que se perdieron en medio de las viñas, temeroso que la justicia descubriera el fraude y embargara su trigo. Unas horas antes, de las cámaras de Hernando habían salido otras veinticuatro fanegas de cebada en un carro conducido por el hijo de Andrés González Mesonero. Un tercer carro no llegó a salir, pues Hernando del Castillo, precavido, se reservó trigo para su casa. El destino del trigo, después de evitar los caminos principales, era el pósito de La Roda.

La necesidad de los vecinos de La Roda les llevaba a personarse en los pueblos y cambiar cualquier cosa en su poder por el deseado trigo. Era común que acudieran hasta Vara de Rey, donde intercambiaban almohadas de alfombra o miel por el cereal. El alumbre de miel se intercambiaba por cuatro celemines de trigo. A la villa de Cañavate, los de La Roda llegaban con su lana y cordellates. Una arroba de lana se intercambiaba por una fanega de cebada. Estos eran tratos igualitarios, como se habían hecho de toda la vida, insertos en la tradición del trueque y en la buena voluntad de las partes. Muestra de ello es que tres arrobas de lana se intercambiaron por tres fanegas de cebada, siendo el valor de la lana en su conjunto de trece reales, precio con el que jugaban los especuladores para una sola fanega de cebada. Aunque en El Cañavate también se cerraban tratos ilícitos a media noche, especialmente en el mesón de una mujer, llamada la viuda de Castañeda, sito al lado del puente sobre el río Rus. Detrás de las ventas, parece que estaba su yerno, Juan Jareño. Por cambiar se cambiaba una fanega de cebada por un vestido para la vieja. La mayoría de los tratos correspondían a pequeñas ventas de los labradores, que no eran ajenos al ambiente especulativo, que se vivía. La venta era por almudes y celemines y el precio del trigo se situaba por encima de los dos ducados la fanega; la cebada, a once reales. Entre los vendedores, destacaba un vecino llamado Pedro Sánchez de Hontecillas. Estas transacciones se hacían a plena luz del día y en presencia del alcalde de la hermandad. Estas ventas al por menor y al precio doble de la tasa se realizaban también en la placeta nueva de Iniesta, en presencia del medidor del pósito municipal.

El trueque se movía en el terreno del regateo. Antonio Martínez, de La Roda, acudió varias veces a Iniesta con un cortinaje de lino en pos del mejor precio, pero el valor de las cosas venía determinado por el trigo y a sus dos ducados la fanega se tuvo que plegar. Pedro Monteagudo intercambiaba cualquier cosa, con resultado muy desfavorable para él: en Iniesta,  una cuera de tafetán, valorada en seis ducados por un almud de trigo y una fanega de cebada; en Gil García y en casa del mesonero, una cortina por veintiún celemines.  A Vara de Rey llegó Mateo Sánchez Bernal en busca de trigo, llevaba un lienzo de doce de varas y un plato de estaño, grabado con el nombre de Jesús, pretendía cambiarlo por el grano vareño en casa de Lucas de Tébar. El tira y afloja entre Mateo Sánchez y la mujer de Lucas de Tébar es una muestra de los intercambios en aquella época y del trigo como mercancía central que regía el valor del resto de las cosas
e ansí fue este testigo con la dicha del dicho Lucas de Teuar y trataron de lo que le auía de dar por el dicho lienço e plato e visto que lo vieron dixo este testigo que le avían de dar trigo y cevada por ello y este testigo pidió a dos rreales y medio por cada una vara del dicho lienço porque hera de lino y por el dicho plato pidió doze rreales porque los valía e no le quisieron tomar el dicho lienço a más de sesenta mrs. la uara y el plato que conçertó primero e pidió este testigo doce rreales por dicho plato y la dicha mujer que lo compró vezina de la dicha de Lucas de Tévar, porque este testigo dixo que quería por él trigo antes que dineros, dixo la dicha muger que ella le daría trigo a rrazón de la tasa e le daría ocho rreales e ansí le dio ocho celemines de trigo e algo menos pues que este testigo estimaua el dicho plato en doze rreales e le parescía a este testigo que los valía y el dicho lienço no lo quisieron comprar más de a sesenta marauedis la vara e le dieron çebada a la tasa en ello que son las dichas doce varas e que otro lienço de la propia manera pocos días antes lo avían vendido al propio presçio e que si no lo dieran la dicha cevada por él no lo diera por el dicho prescio syno a dos rreales e medio e que lo teniendo de nescesidad lo dio e lo dieran aunque no le dieran más de a rreal... e que en Viveros aldea de Alcaraz vendió este testigo un manto de media seda a una muger por dos fanegas de trigo e que la de Juan Diaz mesonera en el dicho lugar de Viveros conosce la dicha muger e valía el dicho manto sesenta rreales

La acusación directa, y valiente, contra los poderosos y ricos, como principales culpables de jugar con la necesidad ajena, especialmente de la gente flaca e pobre, vino de un vecino de La Roda, llamado Hernán Ruiz del Peral. Acusaba como las principales compras de los vecinos de La Roda se habían cerrado en lugares de señorío, en Alarcón y Castillo de Garcimuñoz y sus aldeas, para evadir los controles de la hacienda real. Los precios habían alcanzado los tres ducados, el triple de la tasa. Las compras a precios abusivos también se dieron en los lugares de realengo. En Sisante, Diego Gómez vendía el trigo a veintiocho reales y la cebada a once. Eran precios superiores a otros lugares como Cañavate o Santa María del Campo, que, ya de por sí, duplicaban la tasa. Pero  a la especulación de granos se sumaban todos. Un portugués de Iniesta, mercader de lencería, revendía el trigo comprado por él mismo, quince celemines, aceptando como forma de pago cinco cucharas de plata, cuyo valor superaba los treinta cuatro reales. La venta le supuso un beneficio de diecinueve reales.

Contra lo que pudiera parecer, el gobernador Velázquez elevó sus informes al Consejo de Castilla, denunciando las fraudulentas ventas de trigo que alcanzaban las desorbitadas cifras de mil maravedíes (cercanas a los tres ducados), al tiempo que pedía se enviara comisión para castigar a los  verdaderos culpables, protegidos por las justicias ordinarias de los pueblos, y a los mayordomos de los propios y de los pósitos que había  comprado el pan a precios excesivos y se negaban a dar los nombres de los vendedores. El clima de bandidaje que reinaba en los pueblos del Marquesado era desolador
Por otra carta que también escribe al Consejo con cierta ynformación de testigos suplica que los mayordomos de los concejos sean castigados por auer comprado el trigo a más de la premática y porque no dan quién se la o aya vendido ni en dónde y por la ynformación consta que los concejos dieron licencia y poder a los mayordomos para comprar trigo a cómo lo hallasen sin que diesen quién se lo vendió y adonde lo compraron e qué vecinos del mismo lugar lo vendían a mill mrs. de noche a deshoras disfraçados y enmascarados y tiznadas las caras porque no los conociesen y así en las quentas que dauan de los propios dauan por quenta el gasto del trigo que comprauan y no dauan el lugar y persona de quién lo comprauan lo que era en gran daño de los propios
No siempre los vendedores se escondían detrás de máscaras o caras tiznadas. En ocasiones, los poderosos se valían de gente menesterosa para cerrar las ventas. En Atalaya del Cañavate, cumplía tal papel un zapatero remendón. Aunque los preferidos en el papel de intermediarios eran los mesoneros. Hemos visto como en Cañavate o San Clemente los tratos se cerraban en torno a los mesones. Igual ocurría en Iniesta, donde se formalizaba las ventas en un mesón camino de Minglanilla y en el llamado parador Cerrado. En Honrubia, los tratos se cerraban en el mesón de un tal Plaza y en Pozoamargo en el mesón de un hombre apodado el Brebas. Las casas aisladas del campo eran lugares idóneos para cerrar las transacciones, hemos citado el caso de Casas de Juan Fernández, pero otros eran núcleos o alquerías de poca entidad, tal es el caso de las casas de Juan Martínez de la Casa, lugar indefinido en la jurisdicción de Alarcón, a una legua de la misma, cabo Sisante, o las ventas que se realizaban en Cañavate en una casa aislada, camino de Honrubia. Función similar cumplían los molinos, entre los que destacaba el de La Losa; en estos casos, se jugaba con la maquila y el trigo ya molido para elevar los precios, dando los fieles de Villanueva de la Jara cierta legalidad a las ventas, llevando registros de las mismas.

Quien pagaba los excesivos precios era el común de vecinos de La Roda. Por reconocerlo lo reconocía hasta el regidor Diego de Alarcón de la Torre. El alhorí de la villa ofrecía el pan almacenado a precios de treinta y un reales la fanega, y más. La maña cosecha de 1578 había llevado al concejo de La Roda a autorizar las compras de cereales fuera de la villa. El mayordomo del pósito Juan de Jábega. Se expidieron libranzas para que ciertos vecinos pudieran comprar el trigo. Principalmente, el regidor Martín Moreno, que compró trescientas fanegas de trigo, pero también una multitud de vecinos que realizaron compras menores: Pedro García fue a El Cañavate, Juan Velázquez a Iniesta, Pedro de Buencuchillo a Pozoamargo y Cañavate (cambiaba alfombras por trigo). A estos nombres se podían unir otros ya mencionados, donde es difícil discernir las compras particulares de las compras para el pósito.

La Roda había decidido la compra de trigo para su pósito en un ayuntamiento de octubre de 1578 al que había asistido el gobernador Velázquez, aunque sabemos que las compras eran anteriores a esa fecha. La villa había se había endeudado a censo en la villa de Madrid, para conseguir dinero con el que proveerse de granos. En un principio, la villa se abastecía de carros de trigo venidos de allende del puerto de Guadarrama, pero la  escasez de este trigo apenas si aliviaba la necesidad de la villa. El concejo de La Roda, tomó la decisión de endeudarse a censo y comprar el trigo a treinta reales si era preciso. Se buscó primero el trigo en Almansa e incluso se concertó la compra con unos carreteros de Andalucía, o más bien parece que se pretendían de esa tierra para ocultar una operación de abasto de la villa de La Roda, donde los intereses y principales beneficiarios eran personas de la comarca. Así lo denunciaba el regidor Martín Moreno, encargado por el concejo de las compras
que los dichos ombres que le vendían el dicho pan heran de la tierra porque venían de noche a contratar con este testigo las dichas ventas del dicho trigo y del rrescivo del dinero dello y que salía cada fanega a más de veinte y ocho rreales e más maravedís e que asymismo dixo este testigo que a cabo de un mes poco más o menos dixo Diego de Alarcón vezino e rregidor desta dicha villa que tenía una carta en que decía que darían trezientas fanegas de trigo a treynta rreales en tierra de Alarcón y los señores del ayuntamiento le tornaron a dar a este testigo dineros para que tornase a buscar trigo e fue a lugar del Marqués de Villena que es en término e juredición de Alarcón a Tévar y este testigo halló otras ciento e tantas fanegas que no esta bien certificado en esto e de uno que le dixo que hera de Téuar le dio e vendió nouenta fanegas de trigo e que puestas en la dicha villa de la Roda salieron a veynte y nueue rreales cada una fanega... y esto fue de noche y venía arrebucado por no darse a conozer  y las demás se las dieron otros dos hombres de la dicha tierra de Alarcón que menos los pudo conozer porque se encubrían de tal manera

La compra de trigo en Tébar, señorío del marqués de Villena, a casi tres ducados la fanega, difícilmente se entiende son la complicidad de algunos regidores rodeños, como Diego de Alarcón. Por eso, el juez Juan Pérez de Oviedo, decretó órdenes de prisión. El primer encarcelado fue Hernando de Córdoba. Su culpa, saber el nombre de los especuladores del grano y participar de estos tratos. Fue trasladado a la cárcel de la villa de San Clemente. Hernando de Córdoba acusó a los hermanos López, Andrés y el regidor Juan, de estar detrás de las treinta fanegas que él mismo compró en la villa de El Cañavate, también acusó al ya conocido Alonso Sánchez de Hontecillas y a otro hombre llamado Cantero. Pero las declaraciones de Hernando de Córdoba eran simplemente la punta del iceberg de una trama más compleja, que el gobernador del Marquesado no dudaría en denunciar.

A las pesquisas del alcalde mayor y su juez comisionado Juan Pérez de Oviedo en la villa de La Roda, se sumaron las propias pesquisas realizadas por el gobernador Diego de Velázquez en su visita a los pósitos del Marquesado, acompañado del escribano Francisco Rodríguez de Garnica. La situación de fraude generalizada se había demostrado especialmente en cuatro villas: El Cañavate, Quintanar del Marquesado, Motilla del Palancar y Villanueva de la Jara.

Martín Martínez, mayordomo de El Cañavate, mostró un pósito lleno de trigo, ciento treinta y cinco fanegas, pero sus precios de compra eran muy altos: cincuenta y siete fanegas a veintidós reales y medio, seis fanegas a veinticinco reales, dos fanegas a veintinueve reales y sesenta y nueve fanegas a mil maravedíes. Su sucesor Antón López había comprado trescienta cincuenta fanegas más, a precios de veintidós a veinticinco reales. Pero de los vendedores ni una palabra ni un registro con sus nombres, tan solo treinta y cuatro partidas de las compras. El modus operandi, el común en otras villas: ventas cerradas de noche y a forasteros. Los altos precios derivados de la necesidad de la villa. Poco creíble pues El Cañavate vendía su trigo a la necesitada villa de La Roda.

Quintanar del Marquesado era una república de labradores, sus vecinos complementaban las tierras de su escaso término con las tierras del suelo de Alarcón que se extendían en estas comarcas en torno al río Júcar. Pueblo recientemente eximido de la villa de Villanueva de la Jara, todavía estaba en formación como entidad independiente. Las rivalidades de la villa hacía más difícil ocultar las cosas. La denuncia contra el fraude a la tasa de granos vino del regidor Joaquín Pastor, que acusaba abiertamente al mayordomo del pósito, Alonso Mondéjar, de encubrir las operaciones ilícitas. Los labradores principales, incluido el mayordomo, se habían concertado para vender su propio trigo a precios de hasta treinta reales, fingiendo que supuestos forasteros disfrazados habían acudido a vender su grano en la villa a altas horas de la noche. Pero vecinos como el alcabalero o corredor Gil Navarro manifestaban que no quedaba constancia de pagos tributarios como la alcabala del viento o la correduría, a pesar de lo que aseguraba el mayordomo, de las trescientas diez y ocho fanegas compradas a forasteros. Los encargados de comprar el trigo fueron Miguel Valencia y Martín Donate. El primero, por temor o por desavenencias con el concejo quintanareño, no ocultó la verdad. Los labradores ricos se habían puesto de acuerdo para vender su propio trigo a precios altos al alhorí.  Se fingían carros supuestamente traídos por forasteros, que con la cara pintada de negro acudían hasta la casa de Miguel Valencia a vender su trigo, pero la realidad era que en la nocturnidad de las ventas todos sabían que los vendedores eran labradores del pueblo que daban a Miguel Valencia medio real de comisión por su papel de tercero. Inverosímil era la versión del otro tercero en las operaciones, Martín Donate de Honrubia, a su entender, los vendedores que defraudaban eran forasteros de Camporrobles y Henarejos, pues los vecinos del pueblo vendían el trigo a un ducado. Claro que entre estos hombres honrados destacaba, además de Alonso Martínez Talavera, un familiar del confesante llamado Miguel Donate. El mismo Martín Donate reconocía la facilidad con la que cualquier vecino del pueblo hubiera podido burlar la tasa.

Si hay un pueblo donde el fraude era generalizado, ése era Motilla del Palancar. A pesar de contar con un único testimonio, el del labrador Bartolomé Valverde, que compró ochocientas once fanegas. Los precios pagados, hasta treinta y un reales la fanega. Nadie sabía nada en el pueblo: ni registros de las ventas ni naturaleza de los vendedores. La orden del concejo era comprar a cualquier precio, tal y como reconocía Bartolomé Valverde, él mismo podía haber metido su propio trigo a precios excesivos. El gobernador Diego de Velázquez, junto a su escribano Francisco Rodríguez Garnica, abandonaron el pueblo, a sabiendas que era poco más lo que los vecinos iban a confesar y lo que necesitaban saber.

El esfuerzo económico que debía realizar una villa de cierta entidad para garantizar la provisión de trigo de su pósito a estos precios era ingente, y si eso exigía un endeudamiento a censo, las hipotecas adquiridas comprometían a toda la villa. Este era el caso estudiado de La Roda, pero otras villas como Motilla o Villanueva de la Jara todavía contaban con recursos para comprar grandes cantidades de trigo, aun a riesgo de esquilmar su hacienda municipal. Villanueva de la Jara compró mil ochenta y dos fanegas de trigo a veintiocho reales cada una. El desembolso total ascendía a treinta mil trescientas diez reales, casi tres mil ducados. La familia Bravo denunció sin tapujos el fraude. Andrés Bravo, escribano de la villa, acusaba cómo algunos regidores habían utilizado como testaferro al clérigo Miguel López, en la seguridad que iba a ocultar las operaciones de sus vecinos. El clérigo celoso de su comisión recogió las más de mil fanegas en apenas una semana, en partidas de cien a doscientas fanegas, tal como declaraba Juan Bravo, escribano asimismo. Es decir, el abasto de granos quedó en manos de unos pocos vecinos. El beneficio que obtuvieron algunos principales jareños, cuyo nombre se mantiene en el anonimato, es paralelo al que obtuvo Elvira Cimbrón, señora de Valera, e hija de Francisco Castillo, vecino de San Clemente. En sus molinos de La Losa se cerraban ventas de granos duplicando y triplicando la tasa. Antón López del Castillo, encargado por el concejo jareño para comprar trigo en ese lugar compró gran cantidad de trigo en La Losa, lugar con fama de seguro y donde las ventas quedaban en el más absoluto secretismo.

El informe final del licenciado Diego Velázquez, gobernador del Marquesado de Villena, fue elaborado en Villanueva de la Jara el cinco de julio de 1579. El gobernador no se dejó embaucar por la maraña de transacciones y heterogeneidad de sus partícipes. Había visitado los pósitos de las ciudades y villas del Marquesado. Los había encontrado repletos de granos. Los regidores y principales habían hecho circular el falso rumor de malas cosechas y concertado con los mayordomos municipales para vender el grano, del que ellos mismos eran poseedores, a excesivos precios. La culpabilidad que se trasladaba a forasteros era simple cortina de humo para esconder sus fraudes. Los principales y regidores consiguieron su objetivo, duplicar y triplicar el precio de los granos, dando salida a su excedente de granos y obteniendo pingües beneficios. En ese clima especulativo es en el que se dan las grandes operaciones como las trescientas fanegas vendidas en Tébar y el menudeo de transacciones de poca monta, guiadas por el mismo principio especulador, aunque respondieran a la vieja tradición del trueque. El beneficio desmesurado de unos pocos era el virus que gangrenaba de fraude y corrupción las sociedades locales. Los perdedores eran la gentes pobre y flacas, en palabras del gobernador, víctimas de los principales de sus villas. La misma firmeza del gobernador para denunciar los fraudes era pareja a su tibieza a la hora de pedir castigo para los culpables al rey don Felipe II
El licenciado Diego Velázquez vuestro governador del marquesado de Villena digo que visitando y tomando cuentas de los pósitos y alhorís deste marquesado y execuntando los alcance y otras deudas para que este año estén proveídos y bastecidos de pan so color de la nescesidad que uvo el año pasado e hallado por las dichas quentas estraños modos e ynbinciones para contravenir a la tasa y premática rreal vendiéndolo a mas precio della en grano los rregidores y personas principales de las ciudades y villas deste marquesado que an tenido mano con los mayordomos de los pósitos en esta forma: que los rregidores de las dichas ciudades y villas an dado y davan comisión a los tales mayordomos y otras personas para conprar pan para los dichos pósitos a qualquier precio que lo hallasen sin que pidiesen rrazón y quenta ny testimonio de dónde lo trayan ny de quien conpravan, sino que lo conprasen aunque fuesen excediendo de la tasa y agora por la espirencia se a visto que el año pasado aunque fue estéril no lo fue tanto que el trigo que se cojió en este marquesado bastara para los vecinos y moradores de él y se pudiera aver conprado todo a la tasa de V. Mt. sino fuera por el dicho fraude porque con color de la dicha comisión que los tales mayordomos y otras personas tenían para poder conprar, ellos propios y los rregidores y personas de los dichos lugares llebaban el trigo a casa de los dichos mayordomos y conpradores y finjiendo que eran forasteros yban de noche mascarados y tiznadas las caras y lo vendían y cobraban a precio de veynte y ocho y treynta rreales la hanega y a más precio alguno y por cosa cierta se tiene que todo el pan que por esta orden se conpró era de los propios vecinos y cojida del pueblo y no de forasteros y los mayordomos y conpradores en las quentas dicen y declaran ser de forasteros sin mostrar otra rrazón ni claridad más de sola su palabra y con juramento declaran lo que va rreferido lo qual a sido de mucho ynconbenyente porque estos tales en efecto an sido terceros de los vendedores para vender su trigo a más de la tasa y muy malos administradores de los pósitos como a V. Mt. constara por los testimonios y declaraciones de los propios por ser negocio de la calidad que es están las culpas de muchos por determynar hasta consultarlo con V. Mt. porque si a esto se da lugar para este año será muy mayor daño, Vuestra magestad le mandará ver y proueer y ordenando lo que más convenga a su rreal seruicio cuya C. R. Md. nuestro señor guarde por muy largos años con acrecentamiento de mayores rreynos y señores como sus criados deseamos de Villanueua de la Xara, 5 de julio de 1579


AGS. CRC. Leg. 267. Pesquisas del gobernador Diego Velázquez sobre los fraudes contra la pragmática que fijaba los precios de los granos. 1579

sábado, 2 de junio de 2018

El acceso a los oficios concejiles en Quintanar del Marquesado y Motilla del Palancar

Juan Doñate Talaya, regidor perpetuo de Quintanar del Marquesado, solicitaba el tres de agosto de 1618 que se sacara traslado de la ejecutoria que obraba en posesión de Jerónimo de Oviedo. Se trataba de una ejecutoria de de veinticuatro de mayo de 1585, que venía a reconocer la partición de oficios concejiles de la villa a partes iguales entre hidalgos y pecheros.

El pleito se había iniciado el 27 de abril 1584 por cuatro hidalgos de la villa de Quintanar del Marquesado: Hernando de Alarcón, Diego Pérez de Oviedo, Fernán Pérez de Oviedo y Jerónimo Pérez de Oviedo. Protestaban porque en la elección de oficios concejiles entraban indistintamente hidalgos y pecheros sin preservar la diferenciación de los dos estados. El concejo de Quintanar alegó que los demandantes eran recién llegados al pueblo, que no habían demostrado su hidalguía. Además frente al discurso de la desigualdad de estamentos, se daba prevalencia a la virtud y mérito personal para ocupar estos oficios
y el dicho conçejo su parte de tienpo ynmemorial a esta parte auía estado y estaua en pacífica posesión de admitir en los dichos ofiçios del dicho conçejo los honbres más honrrados y abonados de la dicha villa sin distinçión de estados

Se alegaba además que el concejo de Quintanar del Marquesado tenía ciertas ordenanzas, que insistían sobre todo en el carácter abonado en cierta cuantía de los destinados a ocupar los cargos concejiles. Los aspirantes hidalgos podrían ser de un estado diferente, pero eran pobres. No obstante, la sentencia de dos de abril de 1585 fue favorable a los hidalgos
que agora y de aquí adelante en la eleçión que hiçieren de los ofiçios de alcaldes hordinarios y de la hermandad y otros qualesquier del conçejo den la mitad dellos al estado de los hijosdalgo de la dicha uilla guardando las leyes y premáticas de su majestad que açerca de las eleçiones hablan

La sentencia sería apelada por el concejo de Quintanar, pero también de los hidalgos que se negaban a pagar las costas del juicio. El treinta de abril y siete de mayo en sendos autos se confirmaba la sentencia y condenaba a los pecheros como particulares a pagar los gastos del juicio si decidían su prosecución. Pero la sentencia definitiva en grado de revista sembraba la semilla de la discordia por una afirmación que no pasaría inadvertida a los pecheros: los hidalgos tenían derecho a los oficios como vecinos y moradores de la dicha villa.

Desde luego que Hernando de Alarcón y los Pérez de Oviedo cumplían ese requisito, pero eran unos recién llegados al pueblo. Ese carácter advenedizo como traba para la ocupación de los oficios públicos sería rescatado treinta y tres años después por el concejo de Quintanar (1). Se pedía que era condición inexcusable para ocupar cargos concejiles el ser natura y morador en la villa o haber vivido diez años en la misma con casa y familia para naturalizarse porque de otra manera sería elijir sin aver visto sus costunbres y modo de viuir.  La exclusión iba destinada directamente contra los hermanos Fernando Pérez de Valdés Oviedo y Jerónimo de Oviedo Valdés. El límite de los diez años venía determinado por una sentencia que había ganado la villa de Motilla del Palancar un año antes.

La sentencia ganada por el concejo de Motilla del Palancar en 1617 era una revisión de otra anterior ganada por los hidalgos reconociendo el derecho a ocupar la mitad de los oficios concejiles por este estado, tal como se había guardado en Quintanar treinta y dos años antes. En un primer momento, varios hidalgos motillanos, de reciente vecindad en el pueblo, habían defendido su derecho a ocupar los cargos concejiles. Se trataba de Juan Pérez Chavarrieta, Alonso Álvarez Beamud, Marco Antonio de Arriaga, Jorge Pérez de Zornoza, Juan de la Casa Zornoza y Andrés Luján. La sentencia de de 27 de marzo de 1617 fijaría la elección de oficios en el concejo motillano a partes iguales entre pecheros e hidalgos
e que de aquí adelante en todas la eleçiones que hiçieren de ofiçiales del dicho conçexo en cada un año den la mitad de de los ofiçios honrrosos que en ellos se elexieren a el estado de los hijosdalgo de la dicha villa y en quanto a la uara y ofiçio de alguaçil mayor y otros ofiçios que se elijen en una persona sola mandamos que un año se den al estado de hijosdalgo y otro año al estado de los onbres buenos pecheros começando el primero año por el estado de hijosdalgo; y en quanto a las firmas, asientos, juntas y congregaçiones donde concurrieren anbos estados sea preferido en el mexor asiento y lugar el dicho estado de  hixosdalgo  el dicho estado de los buenos onbres pecheros

El concejo motillano protestó. El objeto de la protesta era impedir el acceso a los cargos municipales a un recién llegado al pueblo, Juan Pérez de Chavarrieta, que se había establecido en Motilla tras su matrimonio con María de Ojeda en 1608. Ya ese año se había conseguido apartarle del poder de acuerdo a las viejas formas de elección de la villa (Sobre la elección de oficios en La Motilla del Palancar (1608), ahora nueve años después Chavarrieta consigue de la Chancillería de Granada una sentencia que rompe con las viejas formas de elección de oficio, que el paso del tiempo solo había conseguido modificar en lo que tocaba a la extensión del colegio de electores. Pero no se lo pondrían fácil sus enemigos que al menos consiguieron retrasar un año su participación en los oficios públicos, alegando que no cumplía con el requisito de los diez años de vecindad que marcaban las leyes
mandamos que los dichos Juan Pérez de Chavarrieta y Marco Antonio no sean admitidos por aora en la eleçiones que se hiçieren a los ofiçios del conçejo de la dicha villa hasta tanto que cada uno dellos aya cunplido el tienpo que conforme a las leyes destos Rreynos se rrequiere para adquirir veçindad y biuido con su cassa poblada en la dicha villa los diez años
Era el dieciséis de febrero de 1618. Aun así las desventuras de los Chavarrieta no acabarían con los vecinos motillanos, diez años después el hijo de Juan Pérez Chavarrieta, llamado Julián, se vería inmerso en un turbio asunto de estupro con María Zarzuela. Los viejos hidalgos vascos enlazaban forzadamente con unos pecheros oportunistas (Las tribulaciones del estudiante motillano Juan Chavarrieta).


ARCHIVO DE LA CHANCILLERÍA DE GRANADA. HIDALGUÍAS. Quintanar del Marquesado. Elección de Oficios. 1618. Signatura antigua: 303-469-2




(1)  Formaban el concejo de Quintanar, por aquel entonces, Fernando Pérez de Valdés Oviedo, alcalde ordinario, y los regidores perpetuos Alonso Martínez Gómez, Juan Doñate Talaya, Alonso de Mondéjar, Sebastián Parreño, Francisco Saiz Parreño y Fernando Simarro.

ARCHIVO DE LA CHANCILLERÍA DE GRANADA. HIDALGUÍAS. Quintanar del Marquesado. Elección de Oficios. 1618. Signatura antigua: 303-469-2

domingo, 12 de noviembre de 2017

Martín de Gabaldón, un rico hacendado de Motilla del Palancar a comienzos del quinientos

En los años postreros del reinado de los Reyes Católicos y en los primeros del reinado de su hija Juana, la recaudación de la alcabala en el Marquesado de Villena, impuesto teóricamente de un diez por ciento ad valorem sobre la venta de las mercancías, fue llevada en régimen de arrendamiento por vecinos en su mayoría foráneos al Marquesado. Tal es el caso de Pedro de Barrionuevo, vecino de Alcalá de Henares, o Fernán Manuel. vecino de Guadix.

Para garantizar los pagos, estos arrendadores presentaban fiadores, que en muchos casos eran vecinos de los pueblos del Marquesado de Villena, dotados de una hacienda abonada. Hemos de suponer que además de poner su patrimonio como garantía participaban en la recaudación del impuesto y en sus beneficios. El arrendador de las alcabalas del año de 1507, junto a Martín de Córdoba, era el mencionado Fernán Manuel; entre los fiadores que presentó destacaba un vecino de la villa de Motilla del Palancar, llamado Martín de Gabaldón.

Hasta la villa de Motilla del Palancar se desplazó el 15 de julio de 1507, Fernán Manuel para recabar una información de testigos ante el alcalde del lugar, Juan García de Bonilla, que presente, junto a los hermanos Guilleme Catalán y Pedro Serrano, obedece la carta receptoría que acompaña el arrendador de Guadix. Fernán Manuel, para responder por Martín de Gabaldón, presentará por testigos a varios vecinos de la villa de Motilla: Alvar García, Juan García de la Casa y Pascual de Cuenca.


El patrimonio de Martín de Gabaldón


Martín de Gabaldón era natural de la Motilla, llevaba, al igual que sus padres, toda su vida en ella. Su apellido posiblemente delate su origen, sabemos que la aldea de Gabaldón se despobló durante la guerra del Marquesado por la huida de sus vecinos, aunque el asentamiento de los Gabaldón era muy anterior a los años del conflicto. Martín de Gabaldón vivía en unas casas valoradas en 45.000 maravedíes, que lindaban con otras dos casas, propiedad de unos vecinos llamados Alonso Cejalbo y Alonso Valiente del Moral; todas ellas en la denominada calle pública. El patrimonio de Martín se había forjado con las ganancias del cultivo de la tierra, algo compartido con otros vecinos del lugar y con vecinos de otras villas como la de San Clemente, pero a diferencia de esta villa, contaba más el cereal que la vid. En el caso de los vecinos motillanos, el cultivo de cereal tenía un gran peso. Disponía de una viña en el pago de las Olivas, valorada en quince mil maravedíes, lindaba con otras de Pedro Rubio y Pedro Navarro; otra viña, situada en el camino de Alarcón, valorada en otros quince mil maravedíes, lindera de viñas de Alonso Leal y Juan de Portillo; otro majuelo, radicaba en el pago de Benito García el viejo, valorada en veinte mil maravedíes, y lindante con otras de Pascual de Cuenca y Benito Cortijo. Los tres pagos estaban arbolados. Antes que las propiedades se sumaran en un gran patrimonio, el núcleo del origen familiar de las tierras procuraban dar de todo en un modelo autárquico.




El cultivo de la vid era complementario del de los cereales. Martín Gabaldón disponía de diversas hazas, al igual que las viñas, dispersas por el termino de la villa. Señal de una adquisición de bienes por compras sucesivas o, caso de la mayor parte de las tierras, herencia de la roturación de un espacio agrario inculto por sus progenitores y ancestros. Siendo además más pausible lo segundo, dado la proximidad de los campos a la villa y lo exiguo del término de Motilla. Los campos de cereal que poseía Martín Gabaldón eran:

  • Una haza en la vega del Pozo de Arriba de doce mil maravedíes, lindante con otras de Gil de Solera y Gil Tejedor.
  • Una haza de ochenta almudes, camino del Campillo, valorada en dieciocho mil maravedíes, lindante con otras de Juan Navarro y Bernal Leal.
  • Una haza de cincuenta almudes en la Robla, su valor doce mil maravedíes, lindante con otras de Juan de Bonilla y Martín Moreno.
  • Una haza en el sitio de Santa María, de sesenta almudes, su valor quince mil maravedíes, lindante con otras de Miguel Valverde y de los herederos de Pascual de las Heras.
  • Una haza en el camino de Villanueva de la Jara, en los Navajos, de cuarenta fanegas y valorada en doce mil maravedíes, lindante con otras de Pedro Barja y de Miguel Alonso Sánchez.
  • Una haza en la Pedrosilla, de cincuenta almudes y quince mil maravedíes, lindante con otras de Alonso Aparicio y Juan de Cuenca el viejo.
  • Una haza en el camino de Valverdejo, de sesenta fanegas y diecisiete mil maravedíes, lindante con otras de Juan Templado y de los herederos de Lope Martínez
  • Una haza en el camino de Gabaldón, de sesenta almudes y trece mil maravedíes, lindante con otras de Lope Martínez de Alvar Martínez y de Blas de Aparicio.
  • Otra haza en el Río Seco, aneja a la dehesa de Gabaldón, de ochenta fanegas y veinte mil maravedíes de valor, junto a la senda que va hacia Paracuellos.
  • Una haza en la cañada de la Atalaya, de sesenta almudes y quince mil maravedíes de valor, lindante con hazas de Pedro de Toledo y de Martín Sánchez de los Paños.
  • Una haza cerca de las eras de Alonso Valiente y Benito Albaladejo, valorada en quince mil maravedíes.
  • Una haza en la cañadilla de Gil López, de treinta almudes y ocho mil maravedíes de valor, lindante con hazas de Alonso de la Viuda y Gil Tejedor.
  • Un haza en el camino del Moro, junto al majuelo de Martín Moreno, lindando con hazas de Juan Cejalbo y el vallejo de Palomares, su valor veinte mil maravedíes y ochenta almudes de superficie.
  • Una haza en el campo de Arribas, lindante con hazas de herederos de Juan Bermejo y herederos de Juan Palomares, de setenta almudes y dieciocho mil maravedíes de valor.

La sociedad motillana a comienzos del quinientos


Los bienes de Martín Gabaldón eran en su mayoría el legado familiar de sus padres. Su aportación a la hacienda familiar se reducía a la compra de un majuelo y tres hazas. Su mujer, Agueda Leal, aportó al matrimonio un ajuar por cuantía de ocho mil maravedíes, pero no arras ni bienes raíces. La herencia familiar de las tierras beneficiaba a los varones. El reparto de estas tierras entre varios hijos explica el carácter diseminado de los campos. El paisaje agrario es todavía heredero de la segunda mitad del cuatrocientos. La organización del espacio todavía debe mucho a la roturación de la tierra de siglos atrás. Pero ese paisaje primario se ha reflejado en el que hoy día vemos presente: una organización de los campos en tornos a los ejes radiales que cruzan el término redondo de Motilla del Palancar y que en su mayoría responden a los caminos que se dirigían a otras poblaciones comarcanas. El pequeño núcleo urbano de Motilla, con sus casas en torno a la llamada calle pública, no debía albergar por estas fechas más allá del centenar de familias. Los campos, tales los existentes en la vega del Pozo Arriba, se confundían con la población urbana. Estamos en el año 1507, justo en el punto de inflexión en el que se producirá la llamada por nosotros la revolución de mil quinientos, a partir de estas fechas se produce un intenso movimiento roturador que acaba con los espacios forestales de Motilla y se extiende por su aldea Gabaldón, entrando en colisión como ya sabemos con los intereses de Barchín del Hoyo, fundamentalmente ganaderos, y con los derechos comunales de la tierra de Alarcón. Pero ahora, la hacienda de Martín Gabaldón todavía es heredera de las disputas de las familias por controlar el espacio agrario ya existente en torno a los núcleos urbanos. Las nuevas roturaciones no van más allá de los tímidos intentos de conquistar algunos espacios incultos de las aldeas.

Motilla, a comienzos del quinientos es una sociedad de propietarios. Por supuesto, no todos tan ricos como Martín Gabaldón, pero de la enumeración de apellidos de los propietarios de hazas, se deduce un núcleo importante de agricultores medianos que poseían sus tierras en plena propiedad, libres de toda servidumbre y de toda carga hipotecaria, llámense censos, memorias o patronatos. Este grupo de agricultores con capacidad de acumular excedentes agrarios será el que se lance a la ocupación del agreste paisaje de pinares y carrascas que se extiende no muy lejos de los espacios urbanos. El resultado será su desaparición completa y salvaje cuarenta años después.

Martín Gabaldón era un hombre casado, de cuarenta años. Un agricultor, que gobernaba su casa como hombre cuerdo. No poseía caballo ni quería saber nada de aventuras ni obligaciones militares. Era un hombre de transición entre dos épocas, aunque él todavía se ve veía reflejado en la sociedad de antaño. Una sociedad que había vivido las guerras de hacía una treintena de años, y que Martín Gabaldón vio con sus propios ojos siendo un rapaz. Una sociedad conservadora que buscaba la estabilidad de casa, mujer y hacienda. Pero una sociedad con un capital acumulado por las ganancias generadas por la explotación de las tierras familiares en el período de paz del reinado de los Reyes Católicos. Dos fueron las alternativas que se dieron en aquel momento. La primera fue el ansia de rapiña de una baja nobleza que, a la muerte de la reina Isabel, intentó recomponer su hacienda a costa de la población pechera de las villas exentas del Marquesado. Era volver a los viejos tiempos, pero ahora las villas de realengo no estaban dispuestas a renunciar a su libertad alcanzada veinticinco años antes. Dueños de su destino, los labriegos de la Manchuela aprovecharon los recursos acumulados para lanzarse a una aventura ensoñadora que les llevaría a una implosión económica y demográfica insólita y novedosa. Fue el take off de la Mancha conquense. Una revolución prometedora que se traicionará a mediados del siglo por las mismas élites que la habían provocado. ¿La razón? No había más espacio inculto que conquistar. La minoría privilegiada se aferró al poder de la mano de las regidurías perpetuas. Aún así hubo intentos de revertir el capital acumulado en el comercio y una incipiente manufactura de paños, con fama en Motilla, pero pudo más la mentalidad parasitaria de un mundo de representación y valores de la ostentación. La sociedad, a falta de oportunidades, se hizo más desigual.

Pero estamos en el inicio del siglo. En Motilla del Palancar, todos se conocen. Con sus envidias y diferencias de intereses, los problemas se resuelven sin  necesidad de llegar al litigio judicial o, en caso de necesidad, ante el alcalde ordinario Juan García de Bonilla. De las pendencias y diferencias da fe el único escribano existente en el pueblo, Francisco Sánchez, con fama de fiel en su oficio. La escribanía, oficio objeto de disputas en otras villas más grandes como San Clemente y también de duplicidades por estas fechas, en Motilla aún es respetada; sencillamente, porque las diferencias entre los vecinos por las propiedades de la tierra, todavía están en un estado primario. Parece que nada ha cambiado en Motilla del Palancar, pero los herederos de Martín Gabaldón, en su ancianidad, recordarán como irreconocible esta Motilla de comienzos de siglo.


AGS, EMR, leg. 568. Fianzas presentadas por Martín de Córdoba, vecino de Úbeda, y por Fernán Manuel, vecino de Guadix, arrendadores de las alcabalas de los lugares por encabezar del Marquesado de Villena, durante los años 1506-1508.

viernes, 18 de agosto de 2017

Motilla del Palancar, los Granero y los molinos de la ribera del Júcar

El tres de mayo de 1488, Juan Granero el mozo, que nos aparece como vecino de la Motilla, muestra su temor ante el alcaide de Alarcón, Hernando del Castillo, y sus hombres y solicita una carta de seguro para sus criados, bienes y para su misma persona
que se teme e rreçela que por odio e malquerençia e enemistad que con él ha e tiene Fernando del Castillo alcayde de Alarcón e sus parientes e anigos e omes e criados e apaniguados lo ferirán, matarán o lisiarán... o mandarán faser otro mal, dapno o desaguisado alguno en su persona o bienes e de sus omes, criados e apaniguados e en los molineros de sus molinos e a las personas que a los dichos sus molinos van a moler (Archivo General de Simancas, RGS, LEG, 148805, 179. Seguro a Juan Granero, 'el mozo', vecino de Motilla del Palancar, en el marquesado de Villena, que recela de Francisco del Castillo)
Otorgado el seguro real, Juan Granero protestará un día después contra los pregones que se vienen dando en la villa de Alarcón, prohibiendo a los vecinos de Motilla ir a moler en el término de Alarcón. En realidad la queja iba referida a las cortapisas de la justicia de Alarcón  a los motillanos para ir a moler a los molinos de Juan Granero, que a su parecer le ha causado un daño de doce mil maravedíes. El Gobernador Ruy Gómez de Ayala será comisionado para hacer pesquisas que concluirían en el cese de los pregones y la libertad de los vecinos de Alarcón para moler su trigo en cualquier molino.

La libertad de los vecinos de Alarcón para moler su trigo no era compartido por los motillanos, que a decir de Hernando del Castillo y Juan Sevilla eran presos de las prácticas usureras de Juan Granero. Este había hecho cierto préstamo a los vecinos de Motilla de trigo y de dinero, pero a cambio se habían obligado a moler en los molinos de Juan Granero los diez años siguientes. Es posible que los vecinos de Motilla tomaran partido por su antiguo enemigo el alcaide de Alarcón, pues las condiciones draconianas del contrato con Juan Granero les impondría maquilas excesivas. El Consejo Real impondrá la libertad de moliendas y el fin de monopolios, nacidos de derechos feudales o de contratos privados. Tal hecho se sumaba a una nueva realidad: Hernando del Castillo estaba perdiendo el monopolio a la fabricación y explotación de los molinos harineros de la ribera del Júcar concedida veinticinco años antes, en 1462, por Juan Pacheco, I Marqués de Villena. Pero había un segundo elemento de no menor interés, la escasez de molinos de agua se traducía en oligopolio de un pequeño grupo de señores, que aplicando maquilas excesivas tenían en su poder los excedentes de trigo. Del chantaje padecido por Motilla en 1488, sería víctima catorce años después San Clemente en manos de Alonso del Castillo, el hijo de Hernando.

Además al conflicto molinero se unían las viejas rivalidades entre las familias Castillo y Granero durante las guerras del Marquesado. Los Granero habían conspirado contra Hernando del Castillo para dar la fortaleza de Alarcón a la causa real y éste había respondido tomándoles sus bienes y oficios en la villa. La familia Granero tenía fuertes intereses económicos en la zona, sobre todo, en Valhermoso. Desde 1464, con Antón Sánchez Granero el viejo poseían ejecutoria de hidalguía. A fines de siglo los Granero se habían ramificado por toda la zona. Si Juan Granero el viejo y sus dos hijos seguían asentados en Valhermoso, otros miembros del clan familiar como Martín el mozo se había avecindado en San Clemente, desde donde imploraba una carta de seguro para garantizar la posesión de sus bienes en la villa de Alarcón, amenazados por su alcaide. En Motilla del Palancar moraba Juan Granero el mozo, que se había instalado en la villa tras casarse con la hija de Pedro Valverde. Juan el mozo tenía razones para odiar a Hernando del Castillo, al que acusaba de matar a su suegro y de intentar arrebatarle los molinos (1)


ANEXO I: EL CONFLICTO DE LOS MOLINOS ENTRE MOTILLA LOS GRANERO Y EL ALCAIDE DE ALARCÓN

Don Fernando e doña Ysabel ecétera a vos el conçejo justiçia rregidores ofiçiales e omes buenos e veçinos e moradores de la villa de la Motilla del Palancar, salud e graçia, sepades que Fernando del Castillo, alcayde de la villa de Alarcón e Juan de Seuilla veçino de la dicha villa nos fiso relaçión por su petiçión que ante nos en el nuestro consejo fue presentada disiendo que los dichos Fernando del Castillo e Juan de Seuilla dis que tienen dos casas de molinos en la rribera del Xúcar en el término de la dicha villa de Alarcón donde dis que solían los veçinos e moradores desa dicha villa yr a moler por ser mejores e más çercanos a la dicha villa que otros algunos e que puede aver ocho meses que Juan Granero, veçino que hera de la dicha villa de Alarcón, dis que contrabto con el conçejo desa dicha villa e con algunos veçinos e moradores della que fuesen a moler a un molino suyo e por ello les prestó çierta contía de pan e mrs. por dies años e que en satisfaçión e remuneraçión del dicho enprestido fuesen obligados so çiertas penas de yr a moler al dicho molino del dicho Juan Granero e no a otros molinos algunos e pasados los dichos dies años que tornásedes e rrestituyésedes el dicho enprestido al dicho Juan Granero, el qual dicho contrabto dis que manifiestamente es vsurero e de derecho rreprouado e en su grand agrauio e perjuisio e que vos rrequerieron que no vsásedes del dicho contrabto e que porque no lo fisistes se pregonó en la dicha villa de Alarcón que ninguno fuese a moler a los dichos molinos del dicho Juan Granero de lo qual dis que vosotros e el dicho Juan Granero vos quexastes ante nos... nos mandamos dar una carta para que el dicho pregón se rrouocase e que cada uno fuese a moler donde quisiese... e dieron liçençia a todos los veçinos de la dicha villa de Alarcón moliesen donde quisiesen, que los vesinos desa dicha villa (de Motilla) todavía guardan el dicho contrabto en lo qual todo dis que los dichos Juan de Sevilla e Fernando de Alarcón dis que rreçibirían manifiesto agrauio e nos suplicaron mandasemos dar nuestra carta para que sy cabo de la dicha obligaçión por vosotros fecha pudiesedes yr a moler a los dichos sus molinos ... nos los rreleuamos (a los vecinos de Motilla) e damos por libres e quitos, vayan a moler donde quisiesen... dada en la çibdad de Murçia a catorse días del mes de junio año de nasçimiento de nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e ochenta e ocho años

Archivo General de Simancas, RGS, LEG, 148806, 70 "Para que los vecinos de la Motilla puedan moler donde quisieren". 1488



(1) GARCIA MORATALLA, Pedro Joaquín: La tierra de Alarcón en el señorío de Villena (siglos XIII-XV). IEA Don Juan Manuel. 2003, pp. 200-204