La crisis económica de la década de 1540 acabó siendo un factor disgregador de las sociedades tradicionales. La venta de las regidurías perpetuas en 1543 fue acompañada de la desaparición de otros oficios que velaban por el bien común. Rodrigo de Ocaña denunciará ante el Consejo Real en 1547 el control del gobierno municipal por los ocho regidores perpetuos que compran sus oficios cinco años antes. Nos pueden parecer prácticas insignificantes, pero los vecinos pobres de San Clemente elegían dos personas encargadas de otorgar albalaes para cortar leña en los montes, garantizando el acceso a un bien tan necesario en aquellos tiempos. Aunque, con cierto visión idílica de la realidad, Rodrigo de Ocaña, en nombre de los vecinos de San Clemente, recordaba que los oficios de procurador de la república (síndico personero en otras villas), mayordomos de propios u del alhorí y el mismo nombramiento de escribanos estaba en manos del pueblo y la justicia. En realidad, el nombramiento de tales cargos correspondía a los oficiales del concejo, monopolizados desde comienzos de siglo por unas sesenta familias posteras, es decir, con un determinado nivel de renta, medida por las centenas de maravedíes que pagaban en los repartimientos hechos entre los vecinos. Ahora, el nombramiento de tales oficios garantizadores del bien común estaban quedando en manos de los ocho regidores perpetuos, que ponían las rentas y propios del concejo al servicio de sus intereses particulares. Es más, los regidores perpetuos o algunos de ellos, pues las diferencias entre los Tébar o Pacheco y otros como los Herreros era conocida, habían hecho una tienda para monopolizar la venta de los bienes básicos para el abastecimiento de las clases populares de la villa, imponiendo precios únicos y elevados para el pan, el vino, el aceite o el pescado.
La población sanclementina padecía los efectos de la crisis económica y de carestía de comienzos de 1540, agravada por los nubarrones de langostas que oscurecieron sus cielos y destrozaron los campos. Fue tal la carestía, que la Corona se vio obligada a condonar los impuestos de esos años, a préstamos especiales de dinero, aprobados en Cortes, para los pueblos. El estado de necesidad de los pueblos fue ruina de una Corona, que vendía los oficios de regidores de los pueblos por precio de cuatrocientos ducados a las oligarquías, instaurando gobiernos concejiles que rompían los frágiles equilibrios y solidaridades de las comunidades. Es en ese contexto, en el que los vecinos de San Clemente elevan una serie de capítulos a la Corona, protestando por el acaparamiento del gobierno municipal en manos de unos pocos y la destrucción de una economía tradicional que garantizaba "los bastimentos" a los más necesitados. Las necesidades de los pobres y sus quejas se perdían en la burocracia de la administración castellana de los austrias, siempre dispuesta a escuchar a todos, pero que, en la ejecución de los remedios se perdía en las buenas intenciones de jueces de comisión, que nunca llegaban a finalizar los cometidos encomendados. El diez de diciembre de 1547 sería enviado a San Clemente uno de esos jueces de comisión, que no era otro sino el gobernador del marquesado de Villena, atrapado en las redes clientelares de los pueblos e incapaz de ejecutar los capítulos pedidos por la villa y recogidos por un fiel escribano real del alto Consejo, llamado Blas de Saavedra.
AMSC. CORREGIMIENTO, LEG. 3/4
