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| Pórtico de la iglesia de El Peral |
El proceso de concentración del poder local había llegado con retraso a la villa de Motilla, al igual que a la de El Peral, pero en sus formas era un remedo de lo acontecido en el resto del corregimiento de las diecisiete villas. La sustitución de los regidores elegidos a suertes o elegidos por los cargos salientes por oficios perpetuos se había iniciado en 1543 en las villas principales, extendiéndose la compra de oficios y su disfrute de por vida al resto de villas. Pronto al disfrute vitalicio de los cargos seguiría la sucesión hereditaria de los mismos. Sin embargo, las sociedades locales de la Mancha conquense de la segunda mitad del siglo XVI y de comienzos del siglo XVII estaban formadas por grupos muy dinámicos, donde las nuevas fortunas luchaban por acceder al poder. Estos conflictos, unas veces daban lugar a luchas banderizas entre las viejas familias y las nuevas, otras simplemente la divergencia de intereses confluían vía matrimonial.
La venta de regidurías perpetuas en la villa de Motilla. o al menos la consolidación de dicha forma de gobierno se había producido poco antes de 1590. El hecho, se enmarcaba en un contexto de reforzamiento de los poderes locales frente a un poder de la Corona, que aparentemente iniciaba, sobre todo en el plano fiscal, un intento de centralización administrativa (léase, nuevo servicio de millones), pero que nacía del propio reconocimiento por la Monarquía de su debilidad en la zona: fracaso y desaparición de la Gobernación de lo reducido del Marquesado de Villena y su sustitución por dos corregimientos en 1586 y fracaso de los intentos de establecer un embrionario orden fiscal en el Marquesado en el campo de las rentas reales de la mano del administrador Rodrigo Méndez. Hay que reconocer que la solución dada en este campo, con la creación de una Tesorería de rentas reales, cuyo oficio recayó en el capitán Martín Alfonso de Buedo, fue un acierto, pero el importe de alcabalas y tercias de los pueblos del Marquesado iba íntegramente al pago de los juros de Fúcares y genoveses; la recaudación del nuevo servicio de millones que se creó para procurar nuevos ingresos a la Corona recayó desde sus inicios en manos de las oligarquías locales. De los memoriales de agravios, que en 1590 los concejos presentaron en nombre del bien común y sus vecindades, pronto se pasó a la oportunidad de negocio que ofrecía la nueva fiscalidad: los bienes propios, caudal de los pósitos, repartimientos concejiles y los propios privilegios y cargos concejiles, objeto de compra y venta, se supeditaban al pago del nuevo impuesto. La gestión de todos estos recursos recayó en manos de unas pocas familias en cada pueblo, por la compra de regidurías perpetuas y otros cargos. Del expolio de los bienes y recursos municipales nacerían las minorías oligárquicas que controlarían el poder local de los pueblos, cuyo dominio alcanzaría, vía alianzas matrimoniales, una extensión regional. La lucha por la gestión de estos recursos municipales provocó fuertes enfrentamientos de bandos en el primer tercio del siglo XVII, antes de la consolidación definitiva de algunas familias en el poder de los pueblos. En la mayoría de los casos, dado el carácter pleiteante de la sociedad española de la época moderna, que nos recordaba KAGAN, los conflictos acababan en largos y costosos pleitos en la Chancillería de Granada, pero otras veces, caso de la villa de El Peral en 1630, las tensiones derivaban en sucesos sangrientos.
Hoy analizaremos la lucha por el poder local en las villas de Motilla y El Peral poco antes de la peste del año 1600. La crisis del seiscientos, desgraciadamente muy ignorada, fue unos de esos puntos de inflexión que marcaría los rumbos de unas sociedades locales por derroteros que a fines del siglo anterior difícilmente hubieran sido imaginables. Motilla y El Peral nos aparecen como dos pueblos que conviven en perfecta ósmosis, pero Motilla el pueblo nuevo en crecimiento constante acabará absorbiendo a El Peral, la villa antiquísima y de rancio abolengo. Sus familias acabarán buscando su fortuna en Motilla, lugar de encrucijada de caminos hacia Levante y Albacete y más afortunada. El peso demográfico de Motilla, quinientos vecinos, frente a los ciento cuarenta de El Peral, es reflejo del peso de ambas villas.
La venta de regidurías perpetuas hacia 1590, en un momento de la nueva exacción fiscal del servicio de millones, había sido funesto para el difícil equilibrio que vivía la sociedad motillana. Los siete regidores perpetuos que ejercieron el poder en la década de los noventa lo habían hecho en beneficio propio. Cuando en los últimos años del siglo XVI, las condiciones económicas devinieron adversas con las malas cosechas y las derivadas crisis de subsistencias, las acusaciones contra los regidores se hicieron más visibles. Miguel de Dueñas puso voz a los vecinos motillanos* que acusaron a sus regidores de esquilmar los bienes del pueblo y ejercer el uso del poder arbitrariamente. Se acusaba a los siete regidores motillanos de encabezar una camarilla de cincuenta vecinos que se habían confederado para comprar los oficios municipales. Desde el monopolio que detentaban del poder local, se eximían a sí mismos y sus parientes del repartimiento de cargas y hospedaje de soldados. Las acusaciones partían de un contexto de escasez y crisis de subsistencias que había situado el precio de la fanega de trigo, comprado lejos de la villa, en la desorbitada cifra de treinta reales; el caudal del pósito, valorado en seis mil ducados, se había dilapidado. Se acusaba a los regidores de pagar con el caudal del pósito el precio de sus oficios y de apropiarse 35.000 reales, de apropiarse de las rentas concejiles y de comprar el oficio de escribano a favor de un particular para encubrir y dar naturaleza legal a sus delitos. Además, Miguel de Dueñas y sus consortes, amparándose en la obligación de los oficios públicos de someterse a un juicio de residencia, pedían que el corregidor de San Clemente pasará a la villa de Motilla a juzgar a sus regidores y tomar cuentas de su administración en los últimos diez años.
Igual proceder que los vecinos motillanos siguieron algunos vecinos de El Peral que denunciaron a sus regidores**. Los vecinos de la villa de El Peral para mitigar la necesidad de sus ciento cuarenta vecinos había hecho un pósito hacia 1583; la operación supuso un primer endeudamiento de la villa que se vió obligada a tomar un censo de 1.500 ducados. Un segundo endeudamiento vino por igual cuantía de un donativo real, cuyo importe sacado en un primer momento de la tesorería de millones de Cuenca, acababa obligando el caudal del pósito de la villa. La acusación de El Peral adquiere un fuerte matiz de clase, expresado como veremos en el lenguaje usado por las partes contendientes. En el Peral no había regidores perpetuos, pues, aun siendo la villa de escasa vecindad, había decidido consumirlos poco después de su implantación. Un vecindario, agraviado por la actuación de estos oficiales, había elegido el peor momento para amortizar estos cargos, pues el precio fue un nuevo endeudamiento por cuantía de 530 ducados. La villa se vio obligada a adehesar y arrendar a particulares por diez años un término propio del pueblo llamado el Pinar. Los beneficiarios del arrendamiento habían sido los propios regidores denunciados, en cuyos bolsillos acabaron las rentas destinadas en un principio al consumo de las regidurías, privando al pueblo, a decir de los denunciantes, de unas rentas valoradas en mil cien ducados.
Los denunciantes de ambas villas llevaron sus causas a la Corte, un siete de mayo de 1599, dando su poder al motillano Miguel de Dueñas. Los regidores motillanos defendieron su causa, alegando que las acusaciones venían por el reparto de trigo y cebada a los denunciantes con motivo de la jornada del rey Felipe III y su hermana Isabel Clara Eugenia a Valencia, donde habían acudido un mes antes para desposarse respectivamente con la reina Margarita de Austria y el archiduque Alberto. Las cuentas de las dos villas y su pósitos ya se habían tomado en 1597 por el alcalde mayor de San Clemente, el doctor Francisco Pimentel. Aunque sus sentencias no habían convencido y estaban apeladas en la Corte ante el Consejo de Castilla. No obstante, quien nos ayuda a comprender realmente lo que estaba pasando era el regidor peraleño Pedro García; aunque en tono exculpatorio se reconocía que los abusos de las oligarquías locales coincidían en el tiempo con años aciagos de malas cosechas, que habían provocado la pauperización del común de los pueblos
Lo cierto es que, aprovechando el estado de necesidad que se vivía tanto en la villa de El Peral como en la de Motilla, un grupo numeroso de vecinos de ambos pueblos habían hecho causa común contra los vecinos principales que detentaban los poderes locales. Aprovechaban que el licenciado Cisniega estaba tomando la residencia del corregidor de San Clemente Fernando de Prado, para reabrir el proceso del doctor Pimentel de dos años antes, que ya había condenado a estos principales por malversar los bienes de los propios y de los pósitos locales.
La defensa de los poderosos corrió a cargo de Francisco Lucas, regidor de la villa de Motilla. Sus argumentos delataban la defensa del interés de clase por encima de las necesidades ajenas. Los denunciantes habían conseguido que el licenciado Cisniega entendiera, por comisión recibida el 17 de mayo de 1599, en la cuentas de los propios y de los pósitos. El momento no podía ser más oportuno; en pleno mes de agosto las cosechas acababan de ser recogidas de los campos. Pedro Lucas protestó. Los cargos de mayordomos de pósitos vencían para San Juan de cada año, era a comienzos de julio cuando se tomaban las cuentas. Ahora, al llevarse en el mes de junio el escribano y alguacil enviados por el juez de residencia los papeles del pósito se decía que no se habían podido cobrar las deudas a partir de Santiago, una vez segada la mies y que los trabajadores habían recibido sus salarios. A la escasa cosecha se unía la ocultación del trigo recogido. Desde luego, la práctica de ocultación del trigo para evitar pagar las deudas del pósito y el diezmo poco tenía que ver con la falta de los papeles de cuentas del pósito. Más bien era una práctica consuetudinaria, que especialmente algunos practicaban más que otros.
La malversación del caudal de los pósitos en el corregimiento de las diecisiete villas venía de lejos. Ya en 1595 el corregidor y su alcalde mayor habían recibido comisión para intervenir las cuentas de los pósitos de las villas del corregimiento. La denuncia vino de la villa de San Clemente. Allí el regidor Hernán Vázquez de Ludeña denunció cómo el dinero que habían recibido los depositarios de la villa Bautista García de Monteagudo y Diego Ramírez Caballón, seis mil ducados para redimir un censo cargado contra el caudal del pósito no se había utilizado para tal fín y cómo desde hacía doce años las cuentas del pósito de don Alonso de Quiñones ni se habían tomado ni sus deudores habían satisfecho sus deudas. El doctor Pimentel fue comisionado para tomar las cuentas de los pósitos de las diecisiete villas, comisión que incumpliendo el término de los treinta días se acabó convirtiendo en intromisión de la justicia de San Clemente en las cuentas de los pósitos de los dos años siguientes. Las condenas impuestas fueron aceptadas de mal grado y apeladas. Es de suponer algún tipo de compromiso entre el corregidor y las oligarquías locales, pues a pesar de la intervención del caudal de los pósitos por su justicia dos años antes, en 1599 se prefería la acción del corregidor sanclementino antes que la intervención del juez de residencia licenciado Cisniega. Se alegaba que las villas difícilmente, en la escasez que se vivía, podían soportar los salarios de dicha residencia, cifrados en dos mil maravedíes, pero aparte de esta realidad, se temía más el clima de malestar social existente en los pueblos, cuyos vecinos empobrecidos reclamaban justicia.
Los principales conseguirían evitar la intervención en los pósitos municipales del licenciado Cisniega, pero los denunciantes seguirían en su empeño, consiguiendo ya en el año 1600 (año de pésima cosecha por el pedrisco de abril y mayo) intervención de un nuevo juez de comisión, el licenciado Santarén, prorrogando en el mes de mayo su comisión inicial de ocho días a otros quince más. Sin embargo, para el 10 de junio el licenciado Santarén, que no ha comenzado todavía su comisión, se excusa de llevar a cabo su labor por la estar su mujer enferma en Madrid. De nuevo las presiones de los poderosos locales, como antes con el licenciado Cisniega, evitaban su acción judicial. Para entonces los regidores de El Peral deciden enviar procuradores a Madrid, alejando de la villa el contencioso, que pagan con las rentas de los propios.
Ya en el mes de julio de 1600, los peraleños intentan se mande nuevo juez de comisión. Faltan por cobrar los alcances del pósito desde el año noventa y tres. Mientras que los regidores peraleños eluden el pago de sus deudas, apoyados por la parcialidad de la justicia del corregidor de San Clemente, otros vecinos sufren ejecuciones en sus personas y bienes por no poder hacer frente a los réditos de los censos con que está cargada la villa. Por fin se decide el 1 de agosto que vaya a tomar las cuentas el corregidor de Cuenca. La decisión es tomada como una derrota por los regidores de El Peral, que piden su recusación. Razón llevan, pues el corregidor de Cuenca se ha entrometido en años pasados en las villas del sur de Cuenca para garantizar el abasto de la propia ciudad. Se ve más imparcial, y tal vez manejable, al corregidor de Chinchilla. Para entonces el conflicto está enervado; a ello contribuye que la villa sea una vecindad estrecha de apenas ciento cuarenta vecinos, pero asimismo el poder de sus vecinos principales cuyos intereses y lazos se extienden por toda la comarca. El lenguaje del contencioso se hace más agrio. Los regidores presentan a la villa de El Peral como una sociedad de iguales, donde ningún vecino tiene hacienda superior a los mil ducados. obviando el poder e influencia de linajes como los Luján y los Chavarrieta. Sus enemigos son presentados en un lenguaje de desprecio y clasista como gente de baja procedencia
El pleito parece detenerse bruscamente sin que conozcamos el final. La causa, sin embargo, no es otra que la presencia de la peste ya desde mediados del mes de julio en las villas del corregimiento. Durante seis meses la presencia del mal, o los temores en aquellas villas no alcanzadas, acalla cualquier conflicto.
Archivo Histórico Nacional, CONSEJOS, 28252, Exp. 11. Miguel de Dueñas y consortes vecinos de la villa de la Motilla con Tomás Tendero y consortes sobre cierta querella
* Los vecinos motillanos que denunciaron los abusos de los regidores fueron Miguel de Dueñas, Roque de la Parrilla, Alonso de Toledo, Pascual de Barchín y Miguel Martínez. Los regidores perpetuos eran Tomás Tendero, Alonso de León, Manuel de Ojeda, Miguel García, Antón de la Jara, Francisco Lucas.
** Los vecinos de El Peral que denunciaron los abusos fueron Miguel Leal, Alonso del Peral, Agustín García, Juan Jiménez, y Gil de Alarcón. Se querellaban criminalmente de los regidores Diego de Alarcón, Juan de Mondéjar, Alonso de Tórtola Espinosa, Pedro García de Contreras y el alguacil Juan Navalón.
Hoy analizaremos la lucha por el poder local en las villas de Motilla y El Peral poco antes de la peste del año 1600. La crisis del seiscientos, desgraciadamente muy ignorada, fue unos de esos puntos de inflexión que marcaría los rumbos de unas sociedades locales por derroteros que a fines del siglo anterior difícilmente hubieran sido imaginables. Motilla y El Peral nos aparecen como dos pueblos que conviven en perfecta ósmosis, pero Motilla el pueblo nuevo en crecimiento constante acabará absorbiendo a El Peral, la villa antiquísima y de rancio abolengo. Sus familias acabarán buscando su fortuna en Motilla, lugar de encrucijada de caminos hacia Levante y Albacete y más afortunada. El peso demográfico de Motilla, quinientos vecinos, frente a los ciento cuarenta de El Peral, es reflejo del peso de ambas villas.
La venta de regidurías perpetuas hacia 1590, en un momento de la nueva exacción fiscal del servicio de millones, había sido funesto para el difícil equilibrio que vivía la sociedad motillana. Los siete regidores perpetuos que ejercieron el poder en la década de los noventa lo habían hecho en beneficio propio. Cuando en los últimos años del siglo XVI, las condiciones económicas devinieron adversas con las malas cosechas y las derivadas crisis de subsistencias, las acusaciones contra los regidores se hicieron más visibles. Miguel de Dueñas puso voz a los vecinos motillanos* que acusaron a sus regidores de esquilmar los bienes del pueblo y ejercer el uso del poder arbitrariamente. Se acusaba a los siete regidores motillanos de encabezar una camarilla de cincuenta vecinos que se habían confederado para comprar los oficios municipales. Desde el monopolio que detentaban del poder local, se eximían a sí mismos y sus parientes del repartimiento de cargas y hospedaje de soldados. Las acusaciones partían de un contexto de escasez y crisis de subsistencias que había situado el precio de la fanega de trigo, comprado lejos de la villa, en la desorbitada cifra de treinta reales; el caudal del pósito, valorado en seis mil ducados, se había dilapidado. Se acusaba a los regidores de pagar con el caudal del pósito el precio de sus oficios y de apropiarse 35.000 reales, de apropiarse de las rentas concejiles y de comprar el oficio de escribano a favor de un particular para encubrir y dar naturaleza legal a sus delitos. Además, Miguel de Dueñas y sus consortes, amparándose en la obligación de los oficios públicos de someterse a un juicio de residencia, pedían que el corregidor de San Clemente pasará a la villa de Motilla a juzgar a sus regidores y tomar cuentas de su administración en los últimos diez años.
Igual proceder que los vecinos motillanos siguieron algunos vecinos de El Peral que denunciaron a sus regidores**. Los vecinos de la villa de El Peral para mitigar la necesidad de sus ciento cuarenta vecinos había hecho un pósito hacia 1583; la operación supuso un primer endeudamiento de la villa que se vió obligada a tomar un censo de 1.500 ducados. Un segundo endeudamiento vino por igual cuantía de un donativo real, cuyo importe sacado en un primer momento de la tesorería de millones de Cuenca, acababa obligando el caudal del pósito de la villa. La acusación de El Peral adquiere un fuerte matiz de clase, expresado como veremos en el lenguaje usado por las partes contendientes. En el Peral no había regidores perpetuos, pues, aun siendo la villa de escasa vecindad, había decidido consumirlos poco después de su implantación. Un vecindario, agraviado por la actuación de estos oficiales, había elegido el peor momento para amortizar estos cargos, pues el precio fue un nuevo endeudamiento por cuantía de 530 ducados. La villa se vio obligada a adehesar y arrendar a particulares por diez años un término propio del pueblo llamado el Pinar. Los beneficiarios del arrendamiento habían sido los propios regidores denunciados, en cuyos bolsillos acabaron las rentas destinadas en un principio al consumo de las regidurías, privando al pueblo, a decir de los denunciantes, de unas rentas valoradas en mil cien ducados.
Los denunciantes de ambas villas llevaron sus causas a la Corte, un siete de mayo de 1599, dando su poder al motillano Miguel de Dueñas. Los regidores motillanos defendieron su causa, alegando que las acusaciones venían por el reparto de trigo y cebada a los denunciantes con motivo de la jornada del rey Felipe III y su hermana Isabel Clara Eugenia a Valencia, donde habían acudido un mes antes para desposarse respectivamente con la reina Margarita de Austria y el archiduque Alberto. Las cuentas de las dos villas y su pósitos ya se habían tomado en 1597 por el alcalde mayor de San Clemente, el doctor Francisco Pimentel. Aunque sus sentencias no habían convencido y estaban apeladas en la Corte ante el Consejo de Castilla. No obstante, quien nos ayuda a comprender realmente lo que estaba pasando era el regidor peraleño Pedro García; aunque en tono exculpatorio se reconocía que los abusos de las oligarquías locales coincidían en el tiempo con años aciagos de malas cosechas, que habían provocado la pauperización del común de los pueblos
como a cinco o seis años que la cosecha de pan y vino a seydo muy poca en esta villa por aber faltado los tenporales y por causa de piedra y niebla y otros casos fortuitos y en particular este año presente a seydo muy estéril y que desta causa todos los vecinos desta villa están muy gastados y necesitados y se espera un año de muncho trabaxo para los vecinos desta villaLa afirmación del regidor venía corroborada por vecinos notables de la villa, tal como Pedro López Chavarrieta de cincuenta años, que reconocía que las acusaciones de los peraleños hacían leña del árbol caído, acusando a unos regidores ya condenados por el doctor Pimentel y cuyas sentencias estaban pendientes en el Consejo de Castilla. Las tensiones en el pueblo eran para agosto del año de 1599 muy graves, coincidiendo con una pésima cosecha. En ese diagnóstico, tan real como interesado a decir verdad, coincidían otros notables, que sin desempeñar los cargos públicos no por ello habían dejado de beneficiarse de los propios y rentas concejiles, tal era el caso de Andrés Luján.
Lo cierto es que, aprovechando el estado de necesidad que se vivía tanto en la villa de El Peral como en la de Motilla, un grupo numeroso de vecinos de ambos pueblos habían hecho causa común contra los vecinos principales que detentaban los poderes locales. Aprovechaban que el licenciado Cisniega estaba tomando la residencia del corregidor de San Clemente Fernando de Prado, para reabrir el proceso del doctor Pimentel de dos años antes, que ya había condenado a estos principales por malversar los bienes de los propios y de los pósitos locales.
La defensa de los poderosos corrió a cargo de Francisco Lucas, regidor de la villa de Motilla. Sus argumentos delataban la defensa del interés de clase por encima de las necesidades ajenas. Los denunciantes habían conseguido que el licenciado Cisniega entendiera, por comisión recibida el 17 de mayo de 1599, en la cuentas de los propios y de los pósitos. El momento no podía ser más oportuno; en pleno mes de agosto las cosechas acababan de ser recogidas de los campos. Pedro Lucas protestó. Los cargos de mayordomos de pósitos vencían para San Juan de cada año, era a comienzos de julio cuando se tomaban las cuentas. Ahora, al llevarse en el mes de junio el escribano y alguacil enviados por el juez de residencia los papeles del pósito se decía que no se habían podido cobrar las deudas a partir de Santiago, una vez segada la mies y que los trabajadores habían recibido sus salarios. A la escasa cosecha se unía la ocultación del trigo recogido. Desde luego, la práctica de ocultación del trigo para evitar pagar las deudas del pósito y el diezmo poco tenía que ver con la falta de los papeles de cuentas del pósito. Más bien era una práctica consuetudinaria, que especialmente algunos practicaban más que otros.
La malversación del caudal de los pósitos en el corregimiento de las diecisiete villas venía de lejos. Ya en 1595 el corregidor y su alcalde mayor habían recibido comisión para intervenir las cuentas de los pósitos de las villas del corregimiento. La denuncia vino de la villa de San Clemente. Allí el regidor Hernán Vázquez de Ludeña denunció cómo el dinero que habían recibido los depositarios de la villa Bautista García de Monteagudo y Diego Ramírez Caballón, seis mil ducados para redimir un censo cargado contra el caudal del pósito no se había utilizado para tal fín y cómo desde hacía doce años las cuentas del pósito de don Alonso de Quiñones ni se habían tomado ni sus deudores habían satisfecho sus deudas. El doctor Pimentel fue comisionado para tomar las cuentas de los pósitos de las diecisiete villas, comisión que incumpliendo el término de los treinta días se acabó convirtiendo en intromisión de la justicia de San Clemente en las cuentas de los pósitos de los dos años siguientes. Las condenas impuestas fueron aceptadas de mal grado y apeladas. Es de suponer algún tipo de compromiso entre el corregidor y las oligarquías locales, pues a pesar de la intervención del caudal de los pósitos por su justicia dos años antes, en 1599 se prefería la acción del corregidor sanclementino antes que la intervención del juez de residencia licenciado Cisniega. Se alegaba que las villas difícilmente, en la escasez que se vivía, podían soportar los salarios de dicha residencia, cifrados en dos mil maravedíes, pero aparte de esta realidad, se temía más el clima de malestar social existente en los pueblos, cuyos vecinos empobrecidos reclamaban justicia.
Los principales conseguirían evitar la intervención en los pósitos municipales del licenciado Cisniega, pero los denunciantes seguirían en su empeño, consiguiendo ya en el año 1600 (año de pésima cosecha por el pedrisco de abril y mayo) intervención de un nuevo juez de comisión, el licenciado Santarén, prorrogando en el mes de mayo su comisión inicial de ocho días a otros quince más. Sin embargo, para el 10 de junio el licenciado Santarén, que no ha comenzado todavía su comisión, se excusa de llevar a cabo su labor por la estar su mujer enferma en Madrid. De nuevo las presiones de los poderosos locales, como antes con el licenciado Cisniega, evitaban su acción judicial. Para entonces los regidores de El Peral deciden enviar procuradores a Madrid, alejando de la villa el contencioso, que pagan con las rentas de los propios.
Ya en el mes de julio de 1600, los peraleños intentan se mande nuevo juez de comisión. Faltan por cobrar los alcances del pósito desde el año noventa y tres. Mientras que los regidores peraleños eluden el pago de sus deudas, apoyados por la parcialidad de la justicia del corregidor de San Clemente, otros vecinos sufren ejecuciones en sus personas y bienes por no poder hacer frente a los réditos de los censos con que está cargada la villa. Por fin se decide el 1 de agosto que vaya a tomar las cuentas el corregidor de Cuenca. La decisión es tomada como una derrota por los regidores de El Peral, que piden su recusación. Razón llevan, pues el corregidor de Cuenca se ha entrometido en años pasados en las villas del sur de Cuenca para garantizar el abasto de la propia ciudad. Se ve más imparcial, y tal vez manejable, al corregidor de Chinchilla. Para entonces el conflicto está enervado; a ello contribuye que la villa sea una vecindad estrecha de apenas ciento cuarenta vecinos, pero asimismo el poder de sus vecinos principales cuyos intereses y lazos se extienden por toda la comarca. El lenguaje del contencioso se hace más agrio. Los regidores presentan a la villa de El Peral como una sociedad de iguales, donde ningún vecino tiene hacienda superior a los mil ducados. obviando el poder e influencia de linajes como los Luján y los Chavarrieta. Sus enemigos son presentados en un lenguaje de desprecio y clasista como gente de baja procedencia
porque vª al. sabrá que las personas que lo piden (que se mande juez de comisión) son algunos particulares pobres y gente común y holgazana que no tiene en qué entender y porque la justicia y regimiento de la dicha villa los conpele a que trauajen y no anden vagantes an tomado tanto odio y enemistad con ellos
El pleito parece detenerse bruscamente sin que conozcamos el final. La causa, sin embargo, no es otra que la presencia de la peste ya desde mediados del mes de julio en las villas del corregimiento. Durante seis meses la presencia del mal, o los temores en aquellas villas no alcanzadas, acalla cualquier conflicto.
Archivo Histórico Nacional, CONSEJOS, 28252, Exp. 11. Miguel de Dueñas y consortes vecinos de la villa de la Motilla con Tomás Tendero y consortes sobre cierta querella
* Los vecinos motillanos que denunciaron los abusos de los regidores fueron Miguel de Dueñas, Roque de la Parrilla, Alonso de Toledo, Pascual de Barchín y Miguel Martínez. Los regidores perpetuos eran Tomás Tendero, Alonso de León, Manuel de Ojeda, Miguel García, Antón de la Jara, Francisco Lucas.
** Los vecinos de El Peral que denunciaron los abusos fueron Miguel Leal, Alonso del Peral, Agustín García, Juan Jiménez, y Gil de Alarcón. Se querellaban criminalmente de los regidores Diego de Alarcón, Juan de Mondéjar, Alonso de Tórtola Espinosa, Pedro García de Contreras y el alguacil Juan Navalón.
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