Cuando el licenciado González Molina dio términos a El Cañavate, aparte de los compromisos heredados de la guerra, lo hacía llevado por entender que era villa necesitada de cerrar su suelo por las labranzas y la población que es y se espera ser. La reserva de un espacio amojonado para uso exclusivo de los vecinos de El Cañavate, iba acompañada de guardas propios para garantizarlo y del mantenimiento del derecho a los aprovechamientos del viejo suelo de Alarcón. Se concedía a El Cañavate los lugares de Cañadajuncosa y Atalaya, con jurisdicción sobre ellos; a dichos lugares se concedía sendas dehesas boyales, que quedarían en término de EL Cañavate. Era un paso más respecto a las aldeas jareñas, ampliando la jurisdicción del espacio habitado por los moradores en sus casas, con la artimaña de dos dehesas, que, de hecho, ampliaban hacia el este un escaso término, cuyo longitud radial no iba más allá de media legua. La continuidad territorial entre el Cañavate y sus dos aldeas, Cañadajuncosa y Atalaya, definía un espacio propio, aunque los mojones se situaban en el interior de las mismas aldeas: en un haza de Diego Pinar, junto al lugar de Cañadajuncosa, y en el campanario del lugar de Atalaya (situación que se asemejaba al mojón colocado en la iglesia de Pozoseco, en el la definición de lindes de Villanueva de la Jara). Esta paradójica situación llevaría al crecimiento, al igual que las quinterías jareñas, de las aldeas en suelo de Alarcón y a la aparición de dos jurisdicciones en el seno de estas aldeas, la cañavatera y la alarconera, que, en el caso de Cañadajuncosa se ampliaría a cuatro jurisdicciones una vez conseguido el villazgo de Tébar y Honrubia, emancipadas de Alarcón. La confusión jurídica se acrecentaba por la decisión del juez Molina que fuesen los caballeros de sierra de Alarcón quienes garantizaran la exclusividad del uso de las dehesas de los lugares de Cañadajuncosa y Atalaya por sus moradores y el pago anual a Alarcón de doscientos cincuenta maravedíes por el uso de cada una de las dehesas boyales.
Pero la Corona fue incapaz de cumplir los compromisos adquiridos con la villa de El Cañavate en el momento de su reducción y obediencia a la Reina Isabel, pues la dehesa de Torralba, prometida junto a los lugares citados en el otorgamiento del privilegio de villa el nueve de febrero de 1478, quedaría en manos de Diego Pacheco, de la rama bastarda de la familia y alcaide de Belmonte, alegándose que
el término e dehesa de bohalaje del lugar de Torralba quede de la manera e forma que antes de los movimientos e daños que el rrey e rreyna nuestros señores mandaron faser al señor marqués e sus tierras e vasallos lo tenían e poseyan Diego Pacheco de aquella manera e forma e por aquellos mismos límites e mojones que lo tenían lo tenga e posea e de aquí adelante él e sus subcesores
Aunque de nuevo se introducía esa cláusula disgregadora de los términos de Alarcón: los moradores del lugar de Torralba responderían a la jurisdicción real y no a la de El Cañavate ni tampoco a la de Alarcón. Bien se cuidaron tanto Diego Pacheco como Hernando del Castillo, alcaide de Alarcón (con tierras en la zona), de abortar cualquier poblamiento en dicho lugar y mantenerlo deshabitado. La declaración de la Corona de recuperar la jurisdicción sobre la dehesa era simple artificio para volver a dejarla en manos de Diego Pacheco, al que se le daba el señorío y posesión de dicho lugar, para introducir nueva confusiones al declarar que esa posesión sea común en la forma e manera que lo poseya al tienpo de los movimientos que hovo en esta tierra contra el marqués. La Corona se reservaba, por último, la fiscalidad y los derechos de pedido y moneda forera. Tal imprecisión dejaría abierto el pleito por el lugar entre El Cañavate y los alcaides de Belmonte.
Las concesiones se inclinaban a un lado y otro de la balanza. Si se reconocía el derecho de Alarcón al cobro de la borra en los términos de El Cañavate y sus aldeas, se otorgaba a la villa recién eximida la llamada dehesa de los Conejos. En este caso, se buscó una solución de compromiso, pues la dehesa estaba fuera de los términos adjudicados a El Cañavate; se le concedía a esta villa el derecho a guardar y vedar dicha dehesa, pero con la obligación de pasto común que tenía el resto del suelo de Alarcón.
Las ambigüedades del licenciado Molina no contentaron a nadie. No había pasado un año, el ocho de diciembre, cuando el procurador de El Cañavate hacía llegar sus quejas la rey Fernando: los vecinos y señores de ganados no respetaban los mojones que, de cal y canto, los cavañateros habían levantado en el plazo de treinta días, dados por el juez de comisión. Esta vez las principales diferencias venían con el concejo de Castillo de Garcimuñoz.
Por las alegaciones de Castillo de Garcimuñoz, sabemos que la concesión de la jurisdicción y término redondo a El Cañavate, el nueve de febrero de 1478, era confirmación de la merced otorgada por el capitán real Jorge Manrique. Castillo de Garcimuñoz protestaba por no haber sido oída en el momento en el que el juez Molina otorgó términos propios a El Cañavate, cuando desde hacía cuarenta años, y tiempo inmemorial, aprovechaban libremente los términos adjudicados a la nueva villa. El contencioso sería visto por un nuevo juez de comisión, el licenciado Diego Medina, que pronunciaría sentencia a favor del Castillo de Garcimuñoz, aunque El Cañavate obtendría revocar dicha sentencia en la Chancillería de Granada, ... pero ya en 1526.
A falta de documentos que lo confirmen, el Cañavate nos aparece como una villa despreciada al acabar guerra del Marquesado. Jorge Manrique le prometió el villazgo y un amplio término, confirmado por los Reyes. Pasados apenas dos años la Corona incumplió sus promesas; Alarcón mantuvo algunos derechos sobre unos términos que, más allá de media legua, eran discutidos. Castillo de Garcimuñoz sencillamente mantuvo por la vía de los hechos su presencia en los pastos de El Cañavate, y San Clemente no parecía distinguir fronteras entre sus aldeas de Villar de Cantos y Perona con los territorios de su vecino, extendiéndose fincas como las de la familia Ortega de forma continua entre ambos pueblos. Los sanclementinos tenían las dehesas de El Cañavate como lugar de pasto común y acudían hasta allí en busca de esparto. No es que los vecinos de San Clemente carecieran de atochares, pues éstos eran abundantes al sur de su término; simplemente, tenían su tierra sureña como un territorio inexplorado en manos de la naturaleza. La traición de El Cañavate a manos de la Corona iba acompañada de su propia debilidad frente a los pueblos vecinos, más poderosos. El licenciado Molina entendía que un pueblo con esa población, o al menos la que se esperaba de unas tierras de labranza que destacaban en la comarca, debía tener unos términos más amplios. Sin embargo, los cañavateros eran incapaces de imponer esos términos. El caso más notorio es el de la dehesa de Torralba, donde la Corona había incumplido los capítulos de la Concordia de uno de marzo de 1480, había dado el territorio a Diego Pacheco, alcaide de Belmonte, en un claro reconocimiento de usurpación de un espacio después de la muerte de Enrique IV y en tiempos de los movimientos de la guerra. Aunque quizás más significativa sea la concordia firmada con la vecina villa de San Clemente el tres de julio de 1482, ante el escribano Alonso Jareño, que permitía a los ganados de San Clemente pastar en los pastos de la villa vecina, respetando los cotos y zonas adehesadas. Situación que persistiría hasta los años treinta.
No obstante, aunque nos queda todo por saber de El Cañavate, nos sorprende que, una villa asediada por las apetencias señoriales y cercada por sus vecinos, aparezca a comienzos de siglo como una vigorosa república de labradores que somete a sus hidalgos al pago de tributos en régimen de igualdad con el resto de sus vecinos. Quizás el día que seamos capaces de desentrañar la madeja que llevó a la villa de El Cañavate a ser capital del movimiento comunero de la comarca, estaremos listos para desentrañar el misterio de esta democracia labriega.
Imagen: http://canavate.cuencamagica.com
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