La supresión de los alcaldes ordinarios de San Clemente

 La oposición de las villas a la intromisión del gobernador del marquesado de Villena en la impartición de justicia en primera instancia fue una constante. Ya sabemos como echaron atrás el establecimiento de un escribano de provincia ante quien pasaran los autos judiciales del gobernador. Un pleito que se desarrolló en la década de 1550. El establecimiento de los corregidores en 1586 mantuvo las fricciones, de tal manera que las villas fueron pagando y ganando sobrecartas de exención jurisdiccional y primera instancia para evitar el entendimiento del corregidor o su alcalde mayor en los pleitos. Pero en San Clemente, la situación fue diferente. Los regidores de la villa, dirigidos por el alférez de la villa Juan Pacheco de Guzmán solicitaron la supresión de los alcaldes ordinarios de San Clemente y que sus funciones fueran asumidas por el corregidor y el alcalde mayor. En la sesión municipal del 29 de septiembre de 1603, que había de elegir nuevos alcaldes, los dos salientes, Diego de Agüero y Gonzalo Ángel, entregaron sus varas de justicia al corregidor don Diego López de Mendoza, renunciando la villa así a la impartición de justicia con alcaldes propios. Juan Pacheco de Guzmán, ariete de los intereses de la Corona justificó la supresión en que la elección de alcaldes era motivo de bandos y parcialidades en la villa. Bandos manejados por hombres ricos para defender sus intereses particulares y sus haciendas. La acusación, que no era falsa, sí era chocante por venir de quien venía, el dueño de Perona. El panorama político, desde luego, era criticable: alcaldes ordinarios elegidos por regidores que habían comprado su oficio y que ponían hombres de paja a su servicio. Detrás de todo esto estaban las denunciaciones por talas y ocupación de montes, desiguales repartimientos de rentas o soldados y costosos juicios, inalcanzables para los pobres. 

AMSC, AYUNTAMIENTO, LEG. 42/41

Para la supresión de los alcaldes había una razón de peso y es que en los reinos de Castilla allí donde había corregidor este asumía las funciones de la villa donde residía, caso de San Clemente. Los deseos centralizadores de la Corona chocaron con los defensores de la vieja república pechera y sus constitución de 1445, que veían en los alcaldes una persistencia de las viejas libertades y en regidores como Juan Pacheco un traidor a los principios que había tenido que jurar para acceder al cargo. Los estratos medios de la sociedad sanclementina defendieron la continuidad de sus dos alcaldes ordinarios (uno pechero y otro hidalgo). Hasta trescientos sanclementinos se opusieron a la supresión, encabezados por Alonso de Iniesta Romero, el labrador Juan Martínez, Francisco González Gano, Francisco Ballestero, Antonio de Iniesta, el mesonero Juan Martínez y Juan Martínez Ángel. Un grupo medio que sabía de su capacidad de influencia en las decisiones de la política municipal y que intentó llevar el asunto por la Chancillería de Granada, sabedor de que el Consejo Real de Castilla encarnaba los intentos centralizadores. Este grupo conseguiría que el concejo de San Clemente y sus regidores, desdiciendo la decisión de 29 de septiembre de 1603, defendiera la permanencia de los alcaldes y dejara solo a don Juan Pacheco en su supresión. Sería este Consejo el que por auto dado en Valladolid el 27 de julio de 1604 suprimiera los oficios de alcaldes ordinarios, auto confirmado el 25 de septiembre. El 28 de mayo de 1605 se expedía ejecutoria.

Los dos alcaldes ordinarios se volverían a restablecer de nuevo en 1636, previa compra y aprovechando las necesidades financieras de la monarquía.