Don Diego de Mendoza y Mudarra, corregidor de las diecisiete villas, y su alcalde mayor, Fernando de Vera, provocaron fuertes enfrentamientos con las villas al intentar saltarse los privilegios de primera instancia que las villas disponían. Conocemos el caso de Villarrobledo, pero contemporáneo fue el caso de Villanueva de la Jara, cuyas elecciones de septiembre de 1607 dieron lugar a un grave conflicto con los oficiales del concejo jareño encerrados en la cárcel. El mandato del corregidor Diego López de Mendoza y Mudarra fue largo, comenzando en 1603 hasta 1609(?), y estuvo repleto de enfrentamientos con las villas. Le tocó vivir en unos años que fueron de los más duros por las crisis de carestía de esos años, que derivaron en profundas crisis políticas, y lidiar con unas élites locales a las que tuvo que destituir de sus cargos concejiles en varias ocasiones. Entre los cesados se citan Miguel González, Juan de las Cuevas Zapata, Pedro Montoya
En el caso de Villanueva de la Jara se trataba de apartar a familias tradicionales (Ruipérez, Utiel, González, Valera, Saiz de Pozoseco o Bravo) con la incorporación de nuevos oficiales con intereses en la Jara pero residencia fuera de ella, como Juan de Alarcón. Una vez más, el motivo de intervención de la justicia de San Clemente fue motivada por la irregular administración del pósito. El doctor Fernando de Vera, alcalde mayor, ordenó la prisión como electores del mayordomo del pósito de Agustín de Utiel y Martín López de Valera. El citado mayordomo era Pedro de Monteagudo. El alcalde mayor se presentaba como garante del bien común: quietud de aquella república y el aprovechamiento de los pobres e pósito. Los problemas eran de abastecimiento por la profunda crisis de carestías iniciada en 1604 y que afectaba, en especial, al lugar de Casasimarro, donde los problemas de alimentación de la población se habían agravado.
Villanueva de la Jara había acudido previamente a la Chancillería de Granada, pidiendo se mandase un escribano receptor para hacer cumplir la real provisión que recordaba la primera instancia de la que gozaba la villa. La real provisión fue presentada al alcalde mayor, pero éste, en vez de besarla y ponerla sobre su cabeza en gesto de acatamiento, se la metió en el pecho. La elección de oficios se haría ante el alcalde mayor y un escribano de San Clemente que le acompañaba, Miguel Sevillano, contraviniendo los privilegios locales que daban al escribano del ayuntamiento el derecho a levantar acta, así como al escribano real mandado desde Granada para testimoniar el cumplimiento de lo mandado por el alto tribunal granadino.
Había un conflicto de jurisdicciones. El corregidor de San Clemente Diego López Mendoza y Mudarra, junto a su alcalde mayor el doctor Fernando de Vera, intentaban imponer una política de control de abastos en los pueblos, inspeccionando los pósitos de las villas. En esta labor entraban en colisión con las oligarquías locales que controlaban tanto las regidurías perpetuas como los cargos añales de alcaldes. Si el corregidor y su alcalde mayor actuaban por mandado del Consejo Real, las villas acudían a la Chancillería de Granada en defensa de sus jurisdicciones propias. En el fondo, la corona trataba de imponer una política centralizadora, sería lo que se llama un estado absoluto, o, al menos intentarlo. Pero estas políticas centralizadoras no sólo fracasaron por la oposición de la periferia, sino también, en el interior de Castilla, por una fuerte oposición de las élites locales. Los conflictos más importantes, en esta época, fueron los del corregidor de San Clemente con ciertos regidores y familias de Villarrobledo y Villanueva de la Jara, pero sabemos de múltiples enfrentamientos en el resto de los pueblos. El centro de las disputas eran los pósitos y el comercio de granos. El corregidor Mendoza y Mudarra se refería a sus opositores como "los que comen de los pósitos", denunciando las irregularidades continuas en la compra de granos y el desfalco de sus caudales. Debemos tener en cuenta que la compra de trigo por las villas para alimentar su población alcanzaba la cifra de treinta y seis reales la fanega, cuando la tasa de granos estaba en doce reales. Sólo ciento cincuenta años después, proceso inflacionario por medio, se alcanzarían esas cifras, en los momentos de motines.
La visión que tenía el doctor Vera de Villanueva de la Jara era muy diferente a la que tenían sus familias tradicionales. Los que no respetaban las ordenanzas propias eran los jareños, pues un grupo reducidos de familias monopolizaban los cargos añales, saltándose la norma por la que se debían dejar tres años huecos para alcaldes y dos para regidores electos, es decir, una misma persona no podía ocupar los cargos de forma repetitiva en esos periodos. Además se exigía llevar dos años de vecindad y con casa y mujer en la villa. Los dardos iban contra varios regidores, y, en concreto, contra el doctor Bravo que monopolizaba el cargo de alcalde ordinario. Este monopolio de los oficios se traducía en la gestión irregular del pósito, que se remontaba a diecisiete años atrás, es decir, desde 1590: De diez y ocho mil que tiene de caudal el dicho pósito tomados a censo e hallado solo trescientos reales en dinero y ducientas fanegas de trigo e todo lo demás repartido en alcances de mayordomos y en poder de regidores y alcaldes y otras personas perdidas y quebradas.
El concejo jareño se defendió, querellándose contra el corregidor Mendoza Mudarra y los dos escribanos que habían entendido en su comisión (Miguel Sevillano y Cristóbal de Aguado, entre los encausados también aparece el escribano Francisco Rodríguez), pero las opiniones eran muy dispares en Villanueva de la Jara. Cuando en 1608 toma posesión como mayordomo del pósito Francisco Cardos, heredará del antiguo mayordomo un alcance de setenta mil reales en su contra. Lo peor era la situación de la villa, donde se reconoce que el año 1607 se había pasado hambre. Fue para evitar una hambruna anunciada que la justicia del corregimiento había tomado medidas extraordinarias de confiscaciones que habían entrado en colisión con las minorías rectoras locales. Estas medidas fueron acompañadas de otras más duras contra los regidores. Se había mandado ejecutor por el consejo de Hacienda que había puesto en la cárcel a los regidores jareños, pero las complicidades jugaban más. Con la complicidad de Juan Sánchez Ruipérez, alcalde ordinario ese año, los regidores se habían escapado de la cárcel y retraído a la iglesia, donde se les había puesto guardas de nuevo por el ejecutor, pero una vez ausente los regidores estaban libres y paseando por las calles del pueblo. El ejecutor de nuevo los había apresado, pero los nuevos alcaldes elegidos en septiembre, el doctor Bravo de Hervías y Pedro de Cuevas Zapata los habían vuelto a soltar. La muerte del ejecutor Domingo López, que era como se llamaba, había supuesto el envío de nuevo ejecutor, pero esta vez los oficiales jareños lo sobornaron, pagándole siete mil reales con dinero sacado del pósito. Es entonces cuando se comete al corregidor Mendoza y Mudarra la intervención del pósito de Villanueva de la Jara por comisión de 29 de marzo de 1608. Si ya la intromisión del alcalde mayor de San Clemente en la elección de 29 de septiembre de 1607 había generado un conflicto, ahora la intervención del corregidor supone una declaración de guerra total, pues acusará a los regidores jareños de un desfalco de 18000 ducados. El concejo de Villanueva de la Jara acudirá a la Chancillería de Granada que ordenará el 13 de abril de 1608 vaya a la villa a hacer información sobre los hechos.
Las acciones del corregidor fueron contra un grupo señalado de regidores y alcaldes, Andrés Sánchez de Pozoseco, Agustín de Utiel, el doctor Bravo y Ginés de Enguídanos, que viendo venir las acciones del corregidor se refugiaron en la iglesia de los franciscanos de la villa. Las actuaciones del corregidor iniciadas el 21 de abril se habían prorrogado sesenta días, pero a finales de junio pedía nueva prórroga pues apenas si se habían tomado cuentas de 6 años del pósito y cuatro de los propios, de los 17 años que se pretendía. Sus enemigos no se quedaron con los brazos cruzados y denunciaron al corregidor al la Chancillería de Granada que llamó a su presencia al corregidor, pero éste alego una enfermedad para no acudir. Entre las actuaciones del corregidor que habían causado malestar estaban el apresamiento del antiguo mayordomo del pósito, Pedro de Monteagudo, por un alcance de 36000 reales (aunque la acusación hablaba de 60000).
Los jareños, que gozaban de mejores relaciones que el corregidor en la Chancillería de Granada habían conseguido que ésta se pronunciase el 28 de julio de 1608 nuevamente contra el corregidor y exigiese su presencia en el tribunal granadino a rendir cuentas en el plazo de ocho días y fianza de 150 ducados. El corregidor de nuevo se negaba a presentarse, pidiendo un plazo más largo y una rebaja de la fianza. Su petición era rechazada el cinco de agosto y se mandaba al escribano Juan Bautista de Cárdenas para tomar confesión al corregidor. A Diego Mendoza y Mudarra, pues diligencias parecidas estaba practicando la villa de Villarrobledo contra él.
Por las preguntas del cuestionario del escribano Juan Bautista de Cárdenas podemos rehacer los hechos, aunque sea en la visión de los jareños:
1.- El corregidor Mendoza Mudarra mandó al alcalde mayor doctor Fernando de Vera en los días previos a San Miguel de 1607 para prender a los oficiales que no eran de su gusto para la elección de oficios y que no pudieran asistir al ayuntamiento de ese día.
2.- El concejo de Villanueva de la Jara se querella ante la Chancillería de Granada y gana provisión para que la elección de oficios se hiciese ante un receptor del alto tribunal y con presencia de todos los oficiales con derecho a voto. El alcalde mayor se niega a obedecer la provisión, se queda con el original y apresa a los oficiales que le requieren para que la cumpla.
3.- El concejo de Villanueva se vuelve a querellar ante la Chancillería e Granada que expide sobrecarta para que se cumpla la anterior y, en virtud de la cual, se procede a la elección de oficios el siete de noviembre de 1607, ante el receptor de Granada Francisco Díaz Bermúdez. Se eligen como alcaldes Pedro de la Cueva Montoya y el doctor Bravo Hervías y como alguacil mayor Juan Saiz de Pozoseco
4.- Los alcaldes encarcelan a Pedro de Monteagudo, mayordomo del pósito el año anterior, por una deuda de 50000 reales (otros elevaban el alcance a sesenta o setenta mil reales), así como a su fiador Miguel de Mondéjar. Se acusa al corregidor de parcialidad por soltarlo.
5.- El corregidor en marzo de 1608 quita las varas de justicia y despoja de sus oficios a los elegidos en noviembre de 1607, otorgando los oficios a Andrés de Alarcón, Pedro de Tébar (sin ser vecinos de Villanueva) y a Miguel Jiménez, arrendador de alcabalas. Dos días antes ha soltado de la cárcel a Pedro de Monteagudo y a Miguel de Mondéjar. Los hechos acontecen en la semana de Ramos. Los nuevos oficios se enseñorean de la plaza de Villanueva, paseándose armados e imponiendo su voluntad
6.- El corregidor procede a maltratar y meter en prisión a los cargos electos de noviembre y a cuantos regidores se le oponen, quitándoles las varas de justicia. El doctor Bravo se refugia en la iglesia de los franciscanos para evitar ser encarcelado. El corregidor hará todo lo posible por apresarlo y cuando marcha de la villa hacia Motilla dejará al alguacil Hernando Morales con el cometido de apresarlo.
7.- El corregidor hace autos con escribano forasteros a la villa, contraviniendo la primera instancia, para quitar las varas de justicia
8.- Se acusa al corregidor de maltrato a los receptores enviados desde Granada, en particular, a Pedro Bernal.
9.- Se acusa al corregidor de intromisión continúa en la elección de oficios para imponer gente de su parcialidad. Otra acusaciones se refieren a los excesivos salarios llevados y sacar dinero del arca de tres llaves, para pagarlos; así, cien ducados. Un caso es mencionado para demostrar el no respeto de la primera instancia. En un asunto de venta de un paño, el regidor Miguel Sánchez de Mondéjar es acusado por el mercader Juan Fernández de Salazar y es llevado preso a Iniesta, donde está el alcalde mayor, después de ser humillado en la plaza de Villanueva de la Jara.
Y estas fueron las contestaciones del corregidor Diego Mendoza Mudarra
1.- Desde el 15 de agosto estaba en Madrid, allí recibe, en su posada de la calle Carretas, al regidor jareño Bernardo Alcocer que le pide que escriba una carta para el alcalde mayor con el fin de la intervención en la elección de oficios, respetando la ejecutoria de la villa eligiendo personas que fuesen del servicio de Dios e de su magestad e del bien de los pobres. Posteriormente el corregidor pasa a Valladolid
2 y 3.- No se hallaba presente y no puede decir, pues estuvo ausente desde el quince de agosto hasta comienzos de enero de 1608 que fue llamado a Villarrobledo para la elección de oficios.
4.- Es cierto que soltó al mayordomo Pedro de Monteagudo a honra de las Pascuas (un indulto en Semana Santa), pero pasados los días feriados lo volvió a prender y está encarcelado hasta la fecha.
5.- Es cierto que quitó las varas de alcalde y alguacil a Pedro de Cuevas y Juan Saiz de Pozoseco por no ser vecinos de la villa y la vara de alcalde al doctor Bravo Hervías por haber ocupado cargo hacía año y medio. Los nuevos oficiales son vecinos de la villa desde hace cinco años al menos y se remite a los libros de vecindad y no tiene constancia que Miguel Jiménez sea recaudador
6.- Se remite en los malos tratos a los papeles de prisiones y dice que tenía razones pues los regidores habían usurpado los bienes de los propios y el pósito, dice que al llegar a Villanueva solo halló 23 fanegas de trigo y doscientos reales. En sus actuaciones el corregidor dice responder a las comisiones otorgadas por el Consejo Real.
7.- Se remite a los autos para ver los escribanos ante los que han pasado
8.- Niega malos tratos a los receptores de Granada
9.- Los regidores son perpetuos y por tanto poco puede intervenir. Reconoce haber suspendido de oficio a los alcaldes Juan de Cuevas Zapata y Miguel González, habrá dos años por haber sacado del pósito 400 ducados y no devolverlos.
En esta guerra, que más que bandos hemos de ver como intromisión del corregidor y el poder central en el poder concejil de Villanueva de la Jara, el hombre a batir era el doctor Bravo Hervías, los nuevos alcaldes nombrados eran enemigos suyos y, de hecho, anduvieron con sus parciales armados por la plaza de la villa dispuestos a matar al doctor y a quien se les opusiera, al igual que eran enemigos Francisco Cardos, nuevo mayordomo del pósito, y el nuevo ejecutor Hernando de Morales. Además, el corregidor o el alcalde mayor posaban en casa de Francisco Cardos. El modo de proceder del corregidor llevaba al conflicto, pues no dejaba resquicio para el entendimiento, así mandó prender en la cárcel al escribano Gaspar Prieto por requerirle con las provisiones del tribunal granadino y por negarse a la actuación de los escribanos foráneos. Era el corregidor un funcionario ejemplar al servicio del "absolutismo" del Consejo real; sus palabras lo delatan: que si los señores del Consejo lo mandaban enorabuena, que botaua a Dios que allí se auía de batir el cobre. En estos intentos de imponer una política centralizadora frente a los poderes locales, el corregidor contaba con los escribanos como Miguel Sevillano, Cristóbal Aguado o Francisco Rodríguez, o incluso con el villarrobletano Diego Muñoz de la Calera, escribano de comisiones del marquesado de Villena, pero éste llevaba un doble juego: lo que negaba a Villanueva de la Jara, su exención jurisdiccional, lo quería, y defendía en Madrid, para Villarrobledo.
Las intromisiones del corregidor iban acompañadas de lo que consideraban los jareños vejaciones, pues al ir acompañado de un séquito, se confiscaba lo necesario para su manutención y acomodo durante sus comisiones para tomar cuentas de los pósitos, que duraban diez o doce días. Así, en cierta ocasión se confiscaron veinte camas, que fueron llevadas a la casa de Francisco Cardos, posada del corregidor. Entre San Clemente y Villanueva de la Jara existía esa rivalidad de los pueblos comarcanos. Los sanclementinos se mofaban de Villanueva de la Jara y sus privilegios, que creemos correspondían a reales ejecutorias de la Chancillería de Granada o a privilegios de primera instancia, alegados para defender su jurisdicción frente a las intromisiones del corregidor de San Clemente: que iban a San Clemente con la doradilla y la bajuela (o bayuela). El barbero Benito López nos describía ambas ejecutorias: los escriuanos (de San Clemente) les tienen puestos nombres, a la una la bajuela y a la otra la doradilla, porque la una tiene cubierta baja y la otra tiene una cubierta colorada con unas rosillas de oro. Es probable que uno de estos privilegios fueran concedidos por la emperatriz Isabel de Portugal el año 1534, cuando Villanueva fue parte de su señorío, pues sabemos (y transcribimos en su momento) esta documento, que sería traído a colación en las disputas entre Villanueva de la Jara y su antigua aldea de Quintanar del Marquesado.
La relación entre ambas villas era de odio y se confundían las actuaciones del corregidor y alcalde mayor de San Clemente como si fueran propios de los vecinos de esta última villa. Razones había, pues un regidor de Villanueva de la Jara, Miguel Sánchez de Mondéjar, después de deshonrarlo en la plaza pública ante sus vecinos, fue obligado a andar con grilletes hasta Iniesta, donde estaba el alcalde mayor Fernando de Vera. De éste se decía que quería destruir Villanueva de la Jara, pues en diciembre de 1607 había ido hasta Mahora, donde se hallaba un alcalde entregador para que impusiera a los vecinos de Villanueva de la Jara hasta dos mil ducados de condenaciones. Y al corregidor se le atribuían estas palabras proferidas en Motilla: voto a Cristo que he de destruir Villanueva de la Jara. Al receptor Pedro Bernal lo había llevado preso hasta Madrid, en un gesto que hemos de ver un intento de primacía del Consejo Real sobre la Chancillería de Granada
Entre los jareños destacados enemigos de la justicia sanclementina, los había que dieron la cara en el proceso contra el corregidor Mendoza Mudarra. Uno de ellos era Pedro Clemente Arostegui, un mozo soltero e hijo del regidor Andrés Clemente que narraba los hechos y a su modo de ver la parcialidad del corregidor de San Clemente, apoyando a Pedro Monteagudo y su cuñado Miguel Mondéjar frente a los alcaldes doctor Bravo, Cuevas y el alguacil Saiz de Pozoseco. Lo que señalaba, al fin y al cabo, unas diferencias de bandos en Villanueva en la que los Clemente habían tomado partido por los segundos. Eran familiar que se cerraban a la presencia de nuevos aspirantes al poder; así, Andrés de Alarcón, que se decía tenía casa y familia en Buenache o Pedro de Tébar Mondéjar (era hermano de Miguel), morador en Cañada Ancha (un enclave de Alarcón, residual de lo que fue su alfoz y en medio de la Jara y sus antiguas aldeas).
El ambiente en Villanueva de la Jara estaba muy enrarecido. Pedro de Monteagudo recién liberado andaba retraído de iglesia en iglesia y en los cambios de templo iba con una escopeta dispuesto a disparar a quien lo prendiera para meterlo en la cárcel, de donde había escapado tras pegarle con un mástil de grillos a la mujer del alcaide, refugiándose después en la iglesia mayor, junto a otros huidos, como Antón López de Castillo, recaudador de alcabalas, o Juan de Ergueta, acusado por una mujer, hasta que sus aventuras acabaron por intervención y apresamiento por el corregidor. Otros testigos hablan que por las calles andaba un condenado a muerte acusado del asesinato de cuatro o cinco personas y otro delincuente condenado a galeras. Pero la cárcel de Pedro de Monteagudo tampoco fue bien vista, pues fue llevado a San Clemente, saltándose las ejecutorias de Villanueva, como escandaloso debió resultar el apresamiento del receptor granadino Pedro Bernal, que fue llevado a la cárcel de la corte en Madrid, donde estuvo tres meses, perdiendo seiscientos ducados en su apresamiento. La villa estaba revuelta con tales amaños... y escandalizada tras haber deshecho la última elección sin saber qué camino buscar.
La Chancillería de Granada era vista por los pueblos como un alto tribunal que defendía sus privilegios frente a las intromisiones de la monarquía polisinodial de los austrias. La llegada del receptor granadino Gaspar Mínguez junto a su criado Gabriel de Torres a Villanueva de la Jara en la noche del 29 de abril de 1608 fue vista como un libertador de la villa frente al corregidor sanclementino Diego Mendoza Mudarra, que, en palabras repetidas una y otra vez por los jareños, la quería destruir. En la percepción de la situación de la oligarquía de los jareños, la villa, al no respetarse sus privilegios de primera instancia, estaba alborotada. Como era habitual, el corregidor intentaba conseguir el apoyo de algunos vecinos para imponer la política del Consejo Real, que no era otra que el control de los granos para alimentar a la población y evitar situaciones pasadas de riesgo de hambre o que ese hambre fuera real, como debió ocurrir en pueblos tales como Casasimarro u Honrubia en 1607. La situación no era nueva, en la década de 1580, y en especial tras la desastrosa cosecha de 1584, ya se registraron las cámaras y graneros de los particulares (catas, en la jerga de la época) para evitar el acaparamiento de trigo. Ahora, una generación después, el remedio buscado entonces, la creación de nuevos pósitos para regular el abasto de granos, evitando la irregularidad de las cosechas, se había mostrado como un fracaso. Los pósitos eran almacenes de granos para prevenir la escasez y una especie de depósito bancario con caudal suficiente para la compra de granos si llegaba la ocasión. Prestaban además grano a los labradores para la siembra, que era devuelto con un pequeño interés en el momento de recogida la cosecha para el quince de agosto. Pero la realidad era que los especuladores se presentaban en las mismas eras para comprar el trigo para luego venderlo a precios más altos. Muestra de la situación es la sucesión de quejas de los frailes franciscanos, que tenían por costumbre acudir a las eras para pedir la llamada limosna del pan y que ahora no hallaban trigo para su sustento. Estos especuladores eran llamados en la época "los que comen de los pósitos", pues reteniendo el grano en sus cámaras, provocaban el alza desmesurada de los precios.
Al llegar Gaspar Mínguez a Villanueva de la Jara, el día, 29, se dirige en primer lugar al convento de San Francisco, donde están retraídos el doctor Bravo Hervías, Agustín Utiel, Andrés Sánchez y el alcalde mayor Juan Sánchez. El receptor pretendía recoger una información de testigos en contestación a 22 preguntas, solicitada por los retraídos y que era una acusación contra el corregidor, su alcalde mayor, los escribanos de San Clemente y el ejecutor del pósito Morales, pero además la probanza iba contra los enemigos en la propia villa de Villanueva de la Jara: Pedro de Monteagudo Francisco Cardos, Miguel Mondéjar, Pedro de Tébar, Andrés de Alarcón el viejo y su nieto Juan de Alarcón, Juan del Barrio Córdoba y Francisco de Villena. En lo inmediato se acusaba al corregidor de quitar las varas de justicia a los elegidos en noviembre de 1607, pero las acusaciones se retrotraían a los últimos cinco años, con continuos incumplimiento de la ejecutoria de primera instancia que la villa tenía. La defensa de la primera instancia de la villa la encabezó el alcalde doctor Bravo Hervías, que contó con el apoyo y testimonio de familias de peso como los Clemente y otras recientes en el panorama político jareño como los Cuevas, vecinos dispuestos a declarar contra el corregidor y su alcalde mayor. El doctor Bravo encabezaba una facción que iba más allá de los elegidos en noviembre de 1607 y que recogía el poder de grandes familias el 21 de agosto de 1606: Miguel Sánchez de Mondéjar, Pedro López de Tébar, Juan Gacía de Ruipérez, Lorenzo Borgoño, Ginés González, Francisco Granero y el mismo doctor Bravo, todos ellos regidores perpetuos de la villa.
Grupo de oficiales jareños opuestos al corregidor, según carta de poder de 14 de septiembre de 1607
Juan Sánchez de Ruipérez, Martín López de Valera, Agustín de Utiel, Gabriel Martínez, Andrés Sánchez, Ginés González, Pedro de Ruipérez y Francisco de Garay
Testigos contra el corregidor de San Clemente
Benito López, barbero, de San Clemente
Pedro Clemente Arostegui, mozo soltero
Alonso Saiz de Pozoseco, 33 años
Albaladejo, arrendador de la correduría. 40 años
Lucas Solera, ha sido alguacil y es hombre del campo
Juan de Cuevas Zapata, hidalgo, 36 años. hidalgo de ejecutoria (es hijo de Diego Cuevas Montoya, ejecutoria de 1595, ganada por su madre en Las Pedroñeras, en nombre de su hijo)
Francisco Martínez,
Miguel Sánchez de Mondéjar, vive de su hacienda y de unas viñas, 30 años
Pedro de Cuevas Montoya, hidalgo. 40 años
Andrés Clemente, no se define como hidalgo
...Sáez del Pozoseco
Pedro Montoya, 50 años, vive de su hacienda
ACHGR, C 736-5 El doctor Bravo y consortes contra el corregidor Diego Mendoza y Mudarra. 1607-1608
