martes, 8 de marzo de 2016
El Peral y Juan Simarro hacia 1630 (II)
Tras la crisis de comienzos del seiscientos, El Peral, al igual que otras villas, había recurrido al crédito para afrontar las penurias de sus vecinos y las nuevas cargas fiscales. El resultado era un concejo ahogado por deudas de más de ocho mil ducados. El pago de los intereses incidía directamente en el aprovechamiento de los propios, destinados ahora al pago de la deuda y de las nuevas imposiciones; medida que entraba en colisión con algunas familias acomodadas del pueblo, habituadas a usar y abusar de los mismos en beneficio propio y que no querían dejar escapar los beneficios de las licencias reales para su arrendamiento. La elección de oficios adquiría un papel nodal en este juego de intereses. Los defensores de los cargos añales, es decir, regidores elegidos anualmente por San Miguel, presentaban este sistema como el gobierno ideal de la república en defensa del bien común. Por contra, la compra de regimiento perpetuos y la instauración de un ayuntamiento cerrado era la expresión de la claudicación a los intereses oligárquicos. Juan Simarro y sus hermanos, llegados al pueblo hacia 1610 desde Villanueva de la Jara eran pues el más vivo retrato del gobierno al servicio de las oligarquías. Pero esto era simplificar demasiado la realidad del pueblo. Los acusadores, como veremos, no eran pobres aldeanos, sino los vecinos principales, que se habían visto alejados del control del pueblo por la presencia de este advenedizo llamado Juan Simarro. Además el contencioso tenía una veste jurisdiccional; mientras algunos vecinos del pueblo defendían la resolución de los conflictos dentro del pueblo, defendiendo la primera instancia de su justicia ordinaria, Juan Simarro actuaba como el caballo de Troya del corregidor de San Clemente. De hecho, no dudaba en denunciar a sus vecinos, ante la justicia de la cabeza de partido, cuando sus convecinos se apropiaban indebidamente de los propios de la villa, presentándose cínicamente como defensor del bien común. Ni qué decir tiene que las desgracias de sus paisanos redundaba en su provecho personal.
Los conflictos por el control de los oficios municipales era viejo. El Peral también había participado en la compra de regimientos perpetuos, pero el sistema no había cuajado y con la muerte de sus propietarios los oficios se habían consumido definitivamente hacia 1588. Sólo la presencia de Juan Simarro y sus hermanos había vuelto a la actualidad los regimientos perpetuos, que se volvieron a implantar en 1618. Aunque con escaso éxito, pues la villa puso pleito y lo ganó consiguiendo la retirada de estos oficios. No cejaría Juan Simarro en su empeño, pero esta vez, se haría con la vara de alguacil mayor del pueblo, puesta a servicio del corregidor de San Clemente. El paso siguiente lo daría en 1629, cuando puso el dinero necesario para comprar de nuevo cinco regimientos perpetuos, dejándolos en manos de allegados. Como tantos otros, se haría con un oficio de familiar de la Inquisición como mejor garantía de su persona.
Pero sus enemigos eran muchos y transcendían del pueblo. Es más, las primeras acusaciones contra Juan Simarro no vinieron del pueblo; su creciente poder no era bien visto en los pueblos aledaños. La denuncia directa vino de un familiar lejano, vecino de Villanueva de la Jara. Pronto se sumarían vecinos significados de otras villas, que aparecían como testigos de cargo, apoyando un nuevo memorial presentado por Andrés de Luján y Frías, también vecino de Villanueva. Se sumaron a la acusación en Villanueva de la Jara, el cura doctor Pedro de Hervías, y, en Iniesta, el doctor Cantero, encabezando una panoplia de autoridades y vecinos principales
En Villanueva con el dotor Pedro de Ervías, cura desta villa, y con Gaspar Prieto, Martín Ferrer, don Juan Ferrer, don Juan Prieto, el licenciado Alonso Hortega, el licenciado Pedro Gamir y el licenciado Pedro García Navarro y toda la rresta del lugar, en la Motilla el cura el licenciado Diego García, los alcaldes, el regidor Benito Martínez y toda la rresta del lugar, en Iniesta el dotor Cantero con toda la rresta del lugar, en el Campillo Alonso de Frías, Julián Martínez, Cristóbal Obejero, y toda la rresta del lugar
Cuando el cura de Motilla y comisario del Santo Oficio, el licenciado Mateo Fernández de Bobadilla, fue enviado a El Peral a recibir los testimonios de la sumaria conteniendo las acusaciones contra Juan Simarro, no faltó ninguno de sus enemigos a la cita, entre ellos, todos los vecinos más notorios de la villa: Álvaro Monedero, alcalde por los hombres buenos, Pedro López de Espinosa, alcalde por los hijosdalgo, el regidor perpetuo Alonso García Moreno, el licenciado Isidro Monedero y Gracia, teniente de cura, el licenciado Ginés de Tresjuncos, Gabriel de Luján y Frías, Francisco de Valverde, Pedro Jiménez, Francisco de Valverde el mozo, alguacil mayor, Andrés Monedero, regidor perpetuo, Benito Jiménez, familiar del Santo Oficio, Alonso Gómez, Andrés de Luján y Frías, vecino de Villanueva de la Jara.
Era Juan Simarro un hombre desvergonzado, conocido por sus bravuconadas. En alguna ocasión que no se había salido con la suya, había amenazado con abrasar el lugar y echarle fuego y hacerles a algunos vecinos desta dicha villa consumir las haciendas. En las declaraciones de estos testigos no faltaron los insultos a Juan Simarro, presentado como un mal criado y persona inquieta que los trae a todos revueltos, para mayor vergüenza de su hermano, el presbítero Tomás Simarro, reprendido públicamente por el obispo:
por fomentar estas disensiones y pleitos le quitó el seruicio de la iglesia desta dicha villa el señor obispo don Andrés Pacheco y sobre fomentar estas causas se le causaron al dicho licenciado Simarro (Tomás) muchos pleitos en la audiencia episcopal y le llebaron preso y le bio este declarante al dicho señor obispo reprehenderle públicamente con mucha aspereça
Hasta los dos regidores perpetuos, que supuestamente le debían su puesto, declararon en su contra, habiendo sido forzados a aceptar su cargo. El resto de declaraciones era una suma de agravios; testigos perjudicados por las denuncias de Juan Simarro, que tenía especial habilidad para implicar a la justicia de San Clemente y otras villas contra sus vecinos. A Francisco de Valverde, preso hasta en diez ocasiones en San Clemente, le había arruinado la hacienda, le acusaba de apropiarse indebidamente, como depositario que era, de diecinueve mil cuatrocientos reales procedentes del arrendamiento de las dehesas y destinado a redimir un censo tomado por la villa, y también de talar las dehesas del pueblo. Los pleitos que tenía que afrontar en San Clemente le habían costado 150 ducados. Inútilmente se excusaba con la devaluación que había sufrido el dinero custodiado, afectado por una de tantas rebajas de moneda o devaluaciones de los Austrias. A Pedro López de Espinosa, que había intentado advocar su causa como alcalde ordinario, lo había denunciado ante la justicia de Vara de Rey por talar leña en esa villa, pagando con sus huesos en la cárcel y sufriendo una multa de 60 reales. Ginés de Tresjuncos, que se había significado doce años antes en la supresión de los oficios de regidores perpetuos, le acusaba de perder 500 ducados de su hacienda por las denuncias sufridas de Juan. Por último, eran especialmente agrias las acusaciones de los hermanos Luján y Frías, acusados por Juan Simarro de taladores, que hacían hincapié en la falta de virtudes y honestidad de Juan Simarro para ser comisario del Santo Oficio; a su falta de decoro, incluido su intento de enredarlo con una tal María Motilla, se añadía el intento de acusarle de palabras heréticas, pues en cierta ocasión había jurado por el alma de Christo.
(continuará)
AHN. INQUISICION. 1925, Exp. 7. Proceso Criminal contra Juan Simarro, familiar de la Inquisición de El Peral, 1630-1634
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