Una apelación en Barchín del Hoyo (1666)

Es posible que para 1666, Barchín del Hoyo no tuviera ni siquiera los 180 vecinos que le atribuía el censo de 1646; una cifra muy alejada de los 305 vecinos que le atribuía el censo de millones de 1591 y que le aseguraba pasar con creces los mil habitantes. Los mismos vecinos del pueblo se quejaban de las recientes guerras y una excesiva presión fiscal como causa de la ruina de esta villa y apuntaban como los vecinos huyendo de esta situación crítica habían iniciado un imparable éxodo hacia el Reino de Valencia. Este vaciamiento del interior en beneficio de la periferia debió ser una constante en otros pueblos comarcanos.

El pueblo gozaba de privilegio para que sus alcaldes juzgaran en primera instancia. Esta preeminencia, no obstante, debió ser vista por algunos vecinos como ejercicio arbitrario de la justicia por los vecinos principales del pueblo. Por eso no dudaban en acudir en defensa de su derecho ante la justicia del corregimiento de San Clemente, al tener reconocida los vecinos de Barchín tal derecho en grado de apelación.

Uno de los vecinos que ejerció tal derecho, como conocedor del mismo, fue Francisco Martínez. El mencionado vecino había sido víctima de un proceso ejecutivo de dudosa legalidad contra sus personas y bienes seguido por el alcalde ordinario de la villa Damián de la Parrilla. Dicho alcalde incapaz de embargar bien alguno a Julián García, padre de Francisco, por las deudas contraídas en la administración de la panadería pública de la villa se las exigiría a su hijo, que acabaría pagando la deuda y vería embargado un pollino de su propiedad que alcanzaría en pública subasta el valor de 150 reales.

Francisco Martínez debía conocer sus derechos y por eso exigió un traslado de los autos ejecutivos para poder acudir ante la justicia de San Clemente. Eso no hizo sino agravar su situación; Damián Parrilla acabaría encarcelándole. No obstante un perseverante Francisco Martínez se haría oír ante el alcalde mayor de San Clemente solicitándole que conociera su pleito en grado de apelación. El auto del alcalde mayor de San Clemente, el licenciado Francisco Calderón, es tajante en las formas, ordenando la soltura de Francisco y la remisión de los autos en el plazo de tres días ante su audiencia para conocer en grado de apelación dicho auto. Pero la falta de continuidad del proceso nos indica que la causa se sustanciaría en Barchín y con pocas garantías para el acusado. La debilidad de la justicia del corregidor y alcalde mayor es notoria en esta época. En la propia villa de San Clemente muchos agravios de los vecinos que antes acudían ante el corregidor son resueltos por autos muy parcos de regidores del ayuntamiento escritos en el dorso. La sociedad castellana pleiteante de Kagan parece dar paso a las mendicantes peticiones de agravios donde se espera más la concesión y la gracia que la justicia. Por esta misma razón nos llama más la atención el tono altanero y orgulloso y la exquisitez jurídica de Francisco Martínez en pedimento de su derecho:

... citado el dicho alcalde debajo de graves penas y so pena de ellas no me prenda ni moleste ni haga vejaciones contra mi persona y bienes... que cumpla luego y sin dilazión alguna con lo que se le manda ni impida la remisión de dichos autos declarándole por incurso en las penas si no lo cumpliere con los apercibimientos necesarios...



AMSC. CORREGIMIENTO. Leg. 64/56. Admisión de apelación de Francisco Martínez, vecino de Barchín del Hoyo, en causa ejecutiva seguida contra su padre por alcance en la panadería. 1666