El corregimiento de las diecisiete villas (fotografía: Jesús Pinedo)


Imagen del poder municipal

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EL CORREGIMIENTO DE LAS DIECISIETE VILLAS EN LA EDAD MODERNA (foto: Jesús Pinedo)

jueves, 3 de septiembre de 2015

Rodrigo de Santelices Guevara y Arredondo: reclutamiento militar en la Mancha conquense en 1640






Rodrigo de Santelices Guevara y Arredondo Bracamonte, superintendente de milicias

                               "Hacemos lo que debemos. Ya que la necesidad nos obliga, seamos dignos y fuertes…"(Wallenstein, Schiller)



Cuando los hermanos Rodrigo y Juan de Santelices de Guevara fueron comisionados para levantar dos coronelías de 1.500 soldados en agosto de 1640,  debieron pensar en todas y cada una de las palabras pronunciadas por el Wallenstein de Schiller doscientos años después. Nadie mejor que ellos para ejecutar los planes de Olivares en aquel difícil verano de 1640. Su experiencia vital les convertía en los ejecutores ideales para llevar a cabo unos planes militares en un momento crítico: extrema necesidad de la Monarquía hispánica por la amputación de uno de sus miembros, tras la rebelión catalana de junio, y oportunidad única de los dos hermanos para olvidar una desagradable memoria familiar y hacer una carrera profesional fulgurante. 

 Ambos hermanos habían abandonado su tierra natal de Escalante, en la Montaña, para hacer carrera en la administración del conde duque; estigmatizados por la memoria de un padre engañado por su primera mujer al ausentarse los veranos por sus obligaciones militares, que hacía dudar de la propia legitimidad de los hijos, a pesar de ser nacidos de un segundo matrimonio más respetable. El hermano mayor Juan hizo carrera en el campo de la administración, legando a su sobrino su puesto en el Consejo de Castilla, título al que añadió el de regente de la Audiencia de Sevilla, arzobispo de Salamanca e Inquisidor de la Suprema. Por su parte, Rodrigo, nacido en 1604, hizo carrera religiosa como inquisidor apostólico en el Tribunal de Cuenca, coincidiendo con las levas de milicias de 1640 y 1641, y posteriormente en el de Sevilla, donde salieron a relucir sus conductas indecorosas con monjas del convento de San Leandro y su afición por el buen comer. Esta terrenal vida no le impediría ser nombrado capellán de honor de Felipe IV, después de obtener con su hermano en 1648 expediente de limpieza de sangre. Poco después moriría victima de la peste el 12 de junio de 1649. Su muerte fue un ejemplo más de la perseverancia, que no acompañó su vida, en el cumplimiento de los cometidos reales, pues poco antes había sido nombrado miembro de la Junta para combatir la peste. Tildado de tonto en vida por sus vecinos sevillanos (su hermano Juan no salía mejor parado con los títulos de bellaco y traidor); quizás esa simpleza, apego al vivir diario por escarmiento de la trayectoria vital paterna, fue su principal valor, y lo que necesitaba la monarquía en esos momentos: hacer lo que debía, es decir lo que se le mandaba, aunque fuera con excesivo celo, pues de la segunda frase de Schiller, ya que la necesidad nos obliga, eran conscientes sus comitentes, el círculo de hechuras próximo a Olivares. 

 La dignidad nadie se la había pedido ni era necesaria en la labor encomendada, puramente ejecutiva. Rodrigo de Santelices, como juez privativo para el establecimiento y ajustamiento de las compañías de milicia de los partidos de Cuenca, Alarcón, tierra del marqués de Escalona, y San Clemente, se puso manos a la obra con decisión. Rescatando la real cédula de 10 de abril de 1625, que establecía la milicia en todo el Reino y por mandamiento impreso de 25 de agosto de 1640, llevado por Juan Pareja, daba un plazo a la villa de San Clemente de dos días para remitir los soldados de milicia, sustituyendo los muertos por otros nuevos, apresurándose a elegir arbitrios para correr con los gastos de armas y socorros, calculados en 150 reales por soldado y encomendado la conducción no ya a un cabo sino a los propios justicias y regidores. A las repetitivas penas condenatorias por incumplimiento, no vaciló en añadir de su puño y letra: “y se executarán las penas sin rremisión ninguna”. Esta vez las penas iban contra los soldados, en próximos mandamientos irán contra los regidores. Aunque para la imposición de arbitrios era necesaria licencia previa del rey, ahora  Rodrigo de Santelices llevará autorización real de 8 de agosto para conceder la licencia necesaria para garantizar la financiación de su leva, pudiendo esperar cuatro meses la expedición de títulos para el arrendamiento de los propios. Para sufragar el coste de 80 soldados de la milicia de la villa de San Clemente, calculado en 6.600 reales, se recurre, en una fórmula que tendrá éxito en posteriores ocasiones; se adelanta el dinero, 600 ducados, del caudal del pósito de don Alonso de Quiñones, que se repondría del fruto del arrendamiento de las dehesas y pinares. El concejo debía nombrar un depositario, Baltasar de la Fuente, para la administración del dinero de la compañía de Andrés Sanz de los Herreros e igual debían obrar los otros tres concejos donde residía el capitán de sus milicias. En apenas una semana, que va del 31 de agosto al 6 de septiembre da por cerrada su estancia en San Clemente. Las compañías están completadas y el dinero de los gastos asegurado, incluido el establecimiento de un sistema de socorros para las mujeres de los soldados.  Se pensaba movilizar los  584 soldados del partido de San Clemente con sus capitanes y oficiales al mando de las cuatro compañías existentes. Sin embargo, el 17 de noviembre Rodrigo de Santelices manifiesta su malestar desde Cuenca por la gran cantidad de fugitivos e impedidos de los soldados enviados en septiembre; de los ochenta soldados que debía mandar San Clemente cuarenta y dos se han fugado o están impedidos. En esta ocasión su rabia va dirigida contra los soldados, pero responsabiliza también a los  regidores de la villa. Para hacer efectivas sus drásticas decisiones se hace valer de las dos personas más próximas a la corona en la villa. Ordena al corregidor Antonio Sevillano Ordóñez reponer los 42 soldados por sorteo o elección, le da facultad para prender, secuestrar y vender los bienes de los fugitivos con los que se ha de pagar la nueva leva y a falta de dinero deberá responder el ayuntamiento con sus bienes y los propios regidores con penas de 200 ducados por incumplimiento de las órdenes. Se comprende que la causa de las deserciones es el desvalimiento de las familias de los milicianos, por lo que se dan socorros a sus mujeres, a cuenta de las alcabalas y rentas de la villa. Francisco Destudillo, tesorero de rentas reales, no dudará pedir la prisión de los regidores para hacerse con el dinero. Un dinero que no olvidemos estaba consignado al pago de juros y asentistas.

 Cuando en febrero de 1641, Rodrigo Santelices, ya titulándose superintendente de milicias, inicia su segunda leva, ha perdido algo de su ingenuidad pero no su determinación. Ahora le preocupa más la selección de los soldados; evitar los casados con más de cuatro hijos, y en lo posible reclutar solteros y casados sin hijos, que sean hábiles para el manejo de las armas y cumplan con los límites de edad marcados para los milicianos, de dieciocho a cincuenta años. Vuelve a las formas de financiación anteriores para la conducción de soldados, adelanto del caudal del pósito que se ha de reponer de los arbitrios, aunque rebaja la cantidad por soldado a setenta reales. Y endurece las amenazas a los regidores a los que hace responsables de la marcha de los soldados hacia Cuenca y del pago de socorros, so pena de 4.000 ducados para gastos de guerra, prisión y embargo de sus bienes. El 8 de marzo, en presencia de Rodrigo Santelices, San Clemente tiene los 80 soldados de la villa listos para marchar hacia Molina. Para el día 12 los soldados salen conducidos, no por un cabo, sino por el regidor Juan López Toledano, que lleva los 4.400 reales de la conducción consigo y la responsabilidad de llevar a buen término la empresa. El perseverante inquisidor manda dar traslado de los autos al escribano Julián Albiz de Laredo, para su remisión a la Junta de Ejecución. Como garantes del cumplimiento firman los alcaldes ordinarios de la villa, Juan Rosillo y Mateo Lucas. Esta  vez ha conseguido levantar la milicia en quince días. 

A los regidores no se les da respiro. El 27 de marzo reciben la visita de Antonio Miranda, del Consejo de su Majestad, con nuevas peticiones y presentando al ayuntamiento el desolador estado del Reino. Viene a pedir 1000 ducados y levantar una compañía de coraceros. El ayuntamiento eleva el tono, recuerda los donativos anteriores y la reciente aportación de los 600 ducados a soldados de milicia, redondeados en sus quejas a 1.000; tiene deudas por valor de 10.000, contraídas con sus acreedores los González Galindo y Piñán Castillo. Se accede a dar los mil ducados que se endosarán al resto de los pueblos del partido, pero no  los coraceros, pues el omnipresente como odiado corregidor Antonio Sevillano hace ocho días que ha  adelantado una leva de hidalgos para la guerra de Portugal. El 29 de mayo Antonio Miranda vuelve con 120 coraceros reclutados en la Mancha y Albacete. A los caballos se les dará paja y cebada, a él y  sus soldados, salvo tres regidores que hospedarán a familiares de otras localidades, les negarán la hospitalidad, teniendo que repartirse entre las casas del corregidor y el resto de casas de los vecinos.

 Entretanto Juan López Toledano regresa; el 8 de abril da cuentas al ayuntamiento y, en especial al corregidor Antonio Sevillano. Esta vez faltan 17 soldados; las órdenes de Santelices son taxativas: prendellos, secuestro de bienes y condenados a muerte. Algunos de los soldados han vuelto  a sus hogares, entre ellos el propio sargento de la compañía, Juan de Alarcón. También un soldado que en la expedición de septiembre de 1640 ya se había incorporado con retraso a su compañía en marcha, no sin antes garantizar para su mujer un socorro de un real diario; se trata de Juan Pontones, que se mueve en los peldaños inferiores de la administración municipal; cuando salga por segunda vez ya no volverá de la guerra. Con él irán, camino de Molina, dos García Iniesta, hermanos de aquel Melchor que conducía como cabo los soldados de presidios. Un año después, Francisco López Lope pide la libertad de su hijo, huido en las levas de los dos años anteriores, pues ha dejado de labrar sus barbechos y sus viñas, su hacienda se arruina y con la suya la del Rey y la de la Iglesia, es deudor de más de 500 reales de rentas, tercias y primicias. Todos ellos son vecinos con arraigo en el pueblo. Debemos pensar en aquellos hombres que habían visto en la milicia un reconocimiento social a nivel local y ahora están inmersos en una guerra distante de la que no saben si volverán. Los regidores, auxiliares del reclutamiento, se veían obligados a enviar al frente a aquellos que por redes clientelares  constituían su base social. Nuevos hombres, que han comprado regidurías perpetuas se van incorporando al ayuntamiento en sustitución de la vieja oligarquía. El ayuntamiento colabora y pide a  Santelices que no mande ejecutores contra la villa, se considera su coste insoportable, 150 reales del ejecutor Juan Pareja y 200 reales del escribano Juan Albiz. Se decide nombrar tres comisarios para todo lo anejo a las diligencias del corregidor, a saber, apresamiento de soldados fugitivos, presentes en la villa, y de los nuevos sorteados, entre los que hay hermanos y padres de los huidos sin paradero.  El corregidor garantiza que los soldados vayan con prisiones a Molina, a cargo de cabo veterano, Alonso de Arcos, salvo que den imposible fianza de 500 ducados. Los gastos los ha de pagar el regidor Juan López Toledano, de los 4.400 reales que recibió todavía tiene en su poder 2.730 reales. 

Los pueblos intentan eludir sus obligaciones, pero el rigor no es menor. El 17 de marzo se presenta ante el corregidor Antonio Sevillano, el cabo Diego López Carbonel que ha conducido los 13 soldados de Vara del Rey. Han huido todos. El corregidor no se arredra y pide que los prendan y secuestren sus bienes muebles y raíces. Diego Embito de Robres, alcalde ordinario de la villa debe garantizar con su persona y bienes el cumplimiento de la orden. El corregidor Antonio Sevillano tiene fama ganada de perseguir a los soldados huidos por los campos. Acaba de mandar al alguacil ejecutor, Francisco de Salcedo, a Belmonte a apresar al soldado Juan Villarejo, vecino de San Clemente. Es un soldado huido de presidios, que se ha refugiado en tierra de señorío como también otros soldados de la conducción de Santelices. Apresado se le pone con el resto en la Roda, camino de Cartagena. No se repara en gastos: 70 reales de la comisión del alguacil que ha perseguido al soldado de presidio y 180 reales para pago de las actuaciones contra los milicianos por Pedro Nieto, verdugo de Belmonte. Los paga conjuntamente López Toledano, sin rechistar, aunque su dinero sea expresamente para milicias y no para presidios. El obrar de Rodrigo Santelices parece excesivo a la Junta de Ejecución, que por boca de su ministro José González advierte en mayo que “algunas de las cosas las dispone con mucha  irregularidad y rigor; y particularmente no me puedo conformar en que quede puerta abierta a las justicias para que quede a su arbitrio la ejecución de las penas”. Junto con la arbitrariedad, se abre la puerta de las venganzas locales y lo que menos se desea es la anarquía y el enseñoreamiento del particularismo. Habrá un giro en el modo de proceder. Los superintendentes se mantendrán, pero de las labores de reclutamiento se encargará el sargento mayor.

Fuentes:

  • AMSC. CORREGIMIENTO. SECCIÓN MILICIAS
  • https://www.academia.edu/20355067/El_reclutamiento_militar_en_el_corregimiento_de_San_Clemente

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