San Clemente, 1553 (II)

(Cont.) La situación creada se consideró tan grave que el juez licenciado Cisneros y el alcalde mayor aunaron voluntades con decisiones determinantes. Primeramente, se procuró aislar a los sediciosos encerrados en la Iglesia, con un cuerpo de guardia de veinticuatro personas armadas al mando del alguacil de la comisión del pesquisidor Cisneros. Ocho se situaron junto a la puerta de la Torre, cinco junto a la puerta de Santiago, cuatro en la puerta que miraba a la plaza, cinco más en medio de la plaza, en la obra nueva de la iglesia y, por último, otros dos en la esquina de la Iglesia que miraba al Real Peso. Los voluntarios no faltaron y allí estaban miembros de una misma familia como eran los Origüela y los Tébar o de otras familias, como los Oropesa o los Remírez de Caballón, que se prestaban a la colaboración con la justicia llevados de su odio a los Rosillo o simplemente del oportunismo de quienes buscaban un lugar junto a las clases dirigentes de la villa.
Se declara un auténtico estado de excepción en el pueblo; estableciéndose turnos rotatorios para las guardias de la iglesia, se prohíbe al resto de los veçinos portar armas y se ordena a los clérigos y tenientes de cura de la iglesia de Santiago, Tristán Pallarés y Hernando de Juera, que no den de comer ni beber a los internados en la torre. Sabemos que el segundo de ellos había ayudado a los prófugos a refugiarse en la torre.
Al día siguiente se pone en marcha todo el proceso judicial, supeditado al más estricto legalismo. Informe del cirujano Juan de Mérida, que certificó la gravedad de la herida de la cabeza de Hernando, informaciones de los testigos y secuestro de bienes.
La declaración del alcalde mayor, licenciado Cordobés, vino apoyada por el testimonio de su criado Lucas Méndez, y las minuciosas aportaciones de Cristóbal de Tébar y Hernando de Origüela, y, sobre todo, de la familia Garnica al completo, tanto del padre Pedro como de los hijos Juan y el menor de 15 años Cristóbal, que además de ser testigos de los hechos, desde su casa situada junto a la iglesia, habían sido determinantes para evitar el linchamiento de los Montoya.
Posteriormente se procedió al secuestro de bienes de los encerrados en la torre. De las relaciones de bienes sabemos que los prófugos eran hombres con haciendas ricas, sin ser las principales del pueblo. Sus casas se situaban junto a familias de primera línea de la villa. Diego de Avalos junto a Pedro Barriga, cuyo hijo Antón se había sumado a la reyerta, y a las de su enemigo Cristóbal de Tébar; Francisco Jiménez era vecino de uno de los hombres más ricos del pueblo, el licenciado Guedeja, y Juan Jiménez tenía sus casas lindantes con Pedro Caballón y los herederos de Rodrigo Ortega el rico, destinados a dominar la política local en la centuria siguiente.
La fuente de su riqueza se fundaba en las dos actividades principales de la economía sanclementina: las viñas y el ganado. Francisco Jiménez poseía en el momento de secuestro de bienes 1000 cabezas de ganado lanar y cabrío, 40 arrobas de lana prieta y 20 tinajas de vino de a 30 arrobas. Francisco Rosillo, 400 cabezas de ganado lanar, lo mismo que Juan López de Garcilópez. Ni qué decir tiene que se constituyeron en depositarios de los bienes secuestrados los familiares de los perseguidos.
Francisco Jiménez se prestaba a aumentar su hacienda con el monopolio conseguido desde San Juan de junio como abastecedor de carnicerías. Aquí empezaron las diferencias  con Montoya y Origüela, que de la mano de Hernando dominaban la alcaldía, algo que no aceptaban ni los Jiménez ni los Rosillo. De hecho, el incidente de las carnicerías tenía su origen real en que el acto de partición de la vaca había comenzado ante el alcalde mayor, pero en ausencia de Hernando Montoya, cuya autoridad como alcalde ordinario era ninguneada por sus adversarios. La figura del alcalde mayor licenciado Cordobés se nos presenta como una persona pusilánime en manos de los dos bandos del pueblo. En un principio las medidas que toma están determinadas por la presión de los Montoya: encarcelamiento de Francisco Jiménez el viejo y posteriormente de sus hijos y parientes, así como secuestro de bienes. Pronto la presión del otro bando le haría mudar su acción judicial. ¿Por qué estos vaivenes? El alcalde mayor se veía sobrepasado por la virulencia alcanzada por la lucha de bandos de la noche del 22 de julio de 1553.