Ya el 27 de marzo de 1641, había visitado la villa de San Clemente don Antonio Miranda, del Consejo de su Majestad, con la intención de que la villa aportara voluntarios para levantar una compañía de coraceros. No parece que fuera bien recibido, la villa se quejó que hacía ocho días que había aportado hidalgos para la guerra de Portugal, aunque no tenemos base documental de este hecho ni lo hemos de dar por cierto. Es más, cuando don Antonio Miranda vuelve el 28 de mayo con 120 coraceros reclutados en la Mancha, los regidores serán remisos a ofrecer sus casas como alojamiento, aunque ofrecerán gustosos las de sus convecinos.
En abril de 1642, el rey anuncia una jornada real para el frente catalán. La nobleza, forzada por la vieja obligación del auxilium medieval, debería acompañar al rey. No parece que Felipe IV estuviera muy convencido que así sucediera, por lo que se dispuso como medida complementaria el enrolamiento de los regidores de las ciudades y villas. Los regidores del ayuntamiento de San Clemente, en una vergonzosa sesión para la historia de la villa, celebrada el 18 de abril de ese año 1642,
se les arreglarán para que se les excuse del servicio militar por el corregidor Antonio Sevillano Ordoñez, que aplicaba una doble vara de medir alargándose, como él mismo decía, con los regidores y persiguiendo de noche por los campos manchegos a los pobres pecheros que trataban de eludir la guerra y evitar dejar abandonadas en la necesidad a sus familias. Así, los diecisiete regidores sanclementinos existentes a la sazón quedaron exentos. No sólo eso, como moneda de cambio propusieron aumentar la contribución pechera del partido a la guerra catalana con un contingente de ciento cincuenta infantes.
La desafección de la nobleza, en palabras del historiador Domínguez Ortiz, no tenía nada de excepcional en la actitud de los patricios de San Clemente. El historiador nos cita el caso de la próxima villa de Albacete, donde los hidalgos antes que servir en la guerra, preferían reconocer, sin parecer importarles mucho ser objeto de escarnio público, que su nobleza era fingida y no real, o como se decía en la época, que eran postizos o introducidos en el estamento nobiliario. En la cercana villa de Las Pedroñeras, la jornada real de abril de 1642 había sido respondida por cinco de los ocho hidalgos existentes en el pueblo con una retahíla de alegaciones excusadoras. Cinco de ellos decían estar enfermos, ser viejos o simplemente pobres de solemnidad. En favor del estamento nobiliario hay que decir que lo común era actuar como se hizo en diciembre de 1642, cuando se intentó enrolar a los caballeros de las Órdenes: el que más y el que menos se buscaba un sustituto.
La desafección de la nobleza castellana, que obligó a Felipe IV a salir de Cuenca camino de Zaragoza, sin apenas tropas, durante el mes de julio de 1642 por los intransitables caminos de la serranía conquense (los mismos que habían recorrido sus soldados con destino a la guerra), concluiría el 7 de octubre con la derrota española ante las tropas francesas en las inmediaciones de Lérida. En aquel desastre, el refuerzo de tropas recibido en septiembre no pudo impedir que cuatro mil castellanos perdieran la vida.
Los reveses militares provocarían la caída del conde duque de Olivares. pero la Monarquía hispana no cedería en su determinación de continuar la guerra. Ya desde 1638, la Junta de Ejecución se había valido de comisarios reales, llamados superintendentes de milicias, para hacer efectivo el reclutamiento militar. Que la figura fue efectiva da fe su extensión al campo fiscal. En el terreno militar se habían nombrado superintendentes para arrastrar a la guerra a los lugareños, miembros de las milicias creadas en 1598, que vieron como la pertenencia a un cuerpo que sólo les había procurado exenciones y preeminencias hasta entonces, ahora les obligaba a encaminarse hacia Cataluña en una guerra ajena. El impacto en los pueblos fue tremendo: en poco más de media década verían su población disminuida a la mitad.
La utilización de superintendentes como vía compulsoria para el reclutamiento militar de la población se extendería a la nobleza. El 12 de febrero de 1646, Jerónimo Garcés Carrillo de Mendoza, XII conde Priego, es nombrado maestre de campo y recibe la orden de levantar un tercio de ochocientos a mil hidalgos en los obispados de Cuenca y Sigüenza.
Los ochocientos hidalgos reclutados habrían de ser llevados por el conde de Priego hasta la plaza de Fraga. El reclutamiento estaría bajo el control directo de José González, de los consejos de Cámara y de Castilla, que, a su vez, coordinaría la correspondencia mantenida con el conde de Priego y otros superintendentes, para su comunicación al conde de Castrillo.
La supervisión y control de la acción del conde de Priego correspondía al Consejo de Castilla, pero la jurisdicción delegada era del Consejo de Guerra. De hecho, su secretario, Fernando Ruiz de Contreras, era quien refrendaba la cédula real de nombramiento del conde de Priego y también la instrucción secreta que le acompañaba.
En la mencionada instrucción se ampliaba el territorio de reclutamiento al resto de la Mancha, se recordaba la formación de dicho tercio por los medios más suaves y el carácter personal de la misión confiada al conde de Priego. Es decir, la misión se debía ejecutar por su persona sin delegarlo en otras, se le confería la potestad regia de nombrar capitanes para la formación de compañías, dotándole de patentes en blanco, y sobre todo una jurisdicción privativa en su misión, a la que estaban sometidos el resto de oficios públicos, con inhibición del resto de jueces y exclusividad de las apelaciones ante la Junta de Guerra de España. Como se ha dicho, contaba además con la asistencia de José González, al qual abéis de dar noticia de todo lo que fuéredes obrando y executando y de cualesquiera dudas que se ofreçiere y de los medios que executaredes... y vos executaréis lo que por el liçençiado Joseph González se os avisare. Por último, se ordenaba a los corregidores la obligación de asistir al conde de Priego. Estaban pues presentes los tres rasgos que definen a los superintendentes: la correspondencia continua con el comitente, la supeditación del resto de autoridades a su comisión y la existencia de una jurisdicción diferenciada. A diferencia de las comisiones no había término de plazo.
En un principio, el conde de Priego intentó ejecutar su comisión desde Cuenca con el auxilio de los corregidores, exhortándoles a reunir para pasar muestra a los hidalgos incluidos en las memorias que se les acompañaba, relacionando los hidalgos reclutados. La dejadez del corregidor Bernardino de Cuéllar, obligaría a don Jerónimo Garcés a desplazarse a San Clemente el 22 de abril, donde pretendía reunir el día 24 a los hidalgos de su partido y tierras de señorío. Llegado el día 24 de abril, sabemos que algunas localidades no se habían dado por enteradas y no habían hecho ninguna gestión para el reclutamiento. Entre estas villas, en las que eran más numerosas las de señorío, estaban Madrigueras, Barchín, Gabaldón, Puebla de San Salvador, Tresjuncos, Torrubia, aldea del Castillo, Montalbanejo y Villalgordo de Villarejo.
En realidad, las ausencias de los hidalgos iba más allá de los pueblos citados e incluso los que se habían prestado a pasar revista no parecían muy dispuestos a ser reclutados. No tenemos el listado de hidalgos reclutados e inscritos en las mencionadas memorias, pero de los casos individuales conocidos se desprende que las rencillas locales estuvieron presentes en la formación de las listas. El caso es que llegado el 9 de mayo, el conde de Priego, que se ha desplazado ya a Alcázar de San Juan, sin duda en busca de los hidalgos que no ha conseguido en la provincia de Cuenca, decide elevar el tono. Jerónimo Garcés, impotente, pide amenazante al corregidor Bernardino de Cuéllar su colaboración, pero dejando bien claro su superioridad: v.md. vea la cédula en poder de Juan de Ávalos y vea cómo diçe que los correxidores y demás justiçias cumplan y guarden mis mandamientos... no sé qué puede decir más. Ese mismo día envía un exhorto al corregidor para que los hijosdalgos de Vara del Rey y Pozo Amargo sean enviados a Alcázar de San Juan sin perder tiempo y si los alcaldes hordinarios de las dichas villas no dieren ni el favor y ayuda neçessario a la persona que se ymbiare... y no dieren el uso della se me avierte dello para que castigue al ynobediente.
Pero el conde de Priego, a pesar de disponer de escribano y alguaciles propios, necesitaba de la colaboración del corregidor Bernardino de Cuéllar para hacer efectiva su comisión. El auxilio del corregidor, definido por el conde de Priego como brío en el cumplimiento de sus órdenes, escondía la mutación que había sufrido el proceso de reclutamiento: la redención del servicio militar por dinero. Aunque se seguía con el envío de ejecutores a los pueblos, el conde de Priego se hacía cargo de los gastos, para lo que adelantaba el dinero de los pagos a Baltasar de Fuente, vecino de San Clemente, y que ya tenía experiencia como depositario en otras levas. El conde de Priego reconocía su fracaso para hacer pagar a los pueblos las ejecuciones de apresamiento de hidalgos y su aceptación de la alternativa de la redención por dinero: me parece que todo lo que he podido hacer por los culpados lo he hecho. Es más en un tono desairado finalizaba la misiva enviada al corregidor con fecha de 20 de mayo con un va pagado el correo.
La colaboración de los pueblos en el reclutamiento, libres del pago de los ejecutores, se tradujo en los llamados indultos de los nobles reclutados. En San Clemente, fueron varios los hidalgos indultados, es decir, que pagaron librarse de su reclutamiento forzoso: Manuel Piñán, Andrés de los Herreros y Francisco de Ávalos. La cantidad pagada debió acercarse a los 220 reales que pagó un hidalgo de Honrubia por eximirse del servicio de armas.
No obstante, mientras que el conde de Priego continuaba su misión reclutadora en la actual provincia de Ciudad Real, no se excluyeron las ejecuciones para la leva obligatoria de nobles. Unas veces, como en el caso de Pedro del Castillo Villaseñor, hidalgo de San Clemente, pagaba con sus huesos en la cárcel las rencillas existentes en la villa, teniendo que mediar el alcalde mayor para soltar a este hidalgo, al que poco había servido el indulto expedido por el escribano de la comisión del conde de Priego, Juan Romero de Ágreda.
Otras veces, era el corregidor quien se desplazaba a los pueblos para prender a los hidalgos prófugos. Así ocurrió con la leva de un hidalgo de Mota del Cuervo. Benito de la Peña Izquierdo, que se había comprometido a sustituir a su hermano Martín Izquierdo, en una de las compañías del tercio de hidalgos, la de Diego de Jaraba; pero llegado el momento de partida no acude. El corregidor de San Clemente se desplazará a Mota, junto al alcalde mayor, para prender a los dos hermanos y a su padre, Juan de la Peña; pero lo único que puede hacer es constatar la complicidad de algunos regidores de la villa en la huida.
En el caso de Vara del Rey y su aldea Pozo Amargo, quien acude es José de Segovia, un alguacil de la comisión del conde de Priego, que recibirá su salario a razón de 500 maravedíes al día, sacados del dinero de los indultos en poder de Baltasar de la Fuente. Conocemos los hidalgos que debían ser apresados y creemos que hubo inhibición intencionada por la justicia de San Clemente. Estos hidalgos, aunque avecindados en Vara del Rey, eran miembros de familias que participaban en la vida política sanclementina. Se trataba de Martín Montoya, Diego de Montoya Abengoza, Pedro López de Garcilópez y Antonio de la Torre. Llegado el alguacil a Vara de Rey a fines de junio, recibe largas de las justicias ordinarias que lo llevan de casa en casa de los parientes de los hidalgos nombrados para unas infructuosas averiguaciones sobre el paradero de quienes ha tiempo han decidido ausentarse temporalmente del pueblo. Después de dos días, el alguacil abandona el pueblo, lamentando no haber acabado su comisión, pero sin olvidar exigir al alcalde mayor, a su regreso a San Clemente, el pago de 1.000 maravedíes de su comisión.
Indultados o huidos, el caso es que la desafección de la pequeña nobleza fue lo común una vez más. Desconocemos el resultado del reclutamiento del conde de Priego en tierras de Ciudad Real, donde suponemos que completó el número de ochocientos hidalgos con voluntarios pecheros; ahora bien, esta vez la desafección de la nobleza tuvo un precio caro, 220 reales, que no todos pudieron o quisieron pagar.
FUENTES:
AHN.NOBLEZA. PRIEGO, C-3, D. 34-35
AMSC. CORREGIMIENTO. Legs. 146/28-31, 146/60-61 y 148/26-29
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