Los galeotes y gitanos del Marquesado de Villena (1572)

Las necesidades militares de la Corona en 1572 fueron recibidas en el Marquesado a  través de un mandamiento dirigido al gobernador licenciado Martínez Santotis. El expediente que se ha conservado nos muestra las gestiones del alcalde mayor del Marquesado, el licenciado Gallego de Alarcón, durante 1572, y del propio gobernador Santotis el año 1573. La imagen que se nos traslada es que se echó mano de los presos de las cárceles condenados por las justicias ordinarias y se intentó completar el cupo con los sectores marginales de la sociedad, principalmente los gitanos.

A la parte baja del marquesado fueron enviados los alguaciles mayores Gaspar Pérez de Peralta y Luis de Heredia con un salario de 300 maravedíes diario a costa de los propios y rentas de las villas. Las órdenes que llevaban del alcalde mayor licenciado Gallego de Alarcón eran llevarse a las personas condenadas a galeras por sentencia firme, pero también aquellos condenados sin embargo de sus apelaciones, los presos que por delitos de hurtos, ser rufianes o vagabundos merezcan el castigo de galeras y los gitanos; respecto a los cuáles se decía expresamente prendáis todos qualesquier gitanos que hallaredes en las dichas villas y sus términos y los pornéis en las cárceles públicas.

La respuesta que obtuvo Gaspar Pérez de Peralta en Sax y Yecla fue que no había presos o vagabundos a galeras. El testimonio del escribano de Sax resultaba más creíble al afirmar que no se conocían autos contra delincuentes en los últimos ocho años, mientras que en Yecla parecía pesar más la preocupación por deshacerse de un alguacil mayor cuya estancia debía pagar la propia villa. Quizás por el fracaso de su comisión en estos dos pueblos, el alguacil mayor decidió apresar a su paso por Villena a un pobre aserrador francés, procedente de Bearne, que andaba pidiendo limosna por el pueblo. De poco le valió su sinceridad, al reconocer que sin trabajo y sin comer se veía obligado a pedir. Los dos reales que le encontraron en el bolsillo pesaron tanto o más que su condición extranjera para ser apresado con destino a las galeras. Un insistente Gaspar Pérez de Peralta consiguió arrancar del escribano la confesión de que recientemente había sido apresado por un hurto menor un vecino de la ciudad, llamado Lorenzo Gil y condenado a treinta días de cárcel.

Otro alguacil mayor del Marquesado, Luis Heredia, llegaría a Tobarra y Hellín. No encontraría procesos en Tobarra, pero, al igual que en Villena, el pueblo aprovecharía la oportunidad para deshacerse de un portugués, Antonio Herrero, que era conocido como rufián que anda por Chinchilla, engañando mujeres.

Si había algún pueblo conflictivo, ese era Hellín. Aparte de los procesos existentes del pueblo, los hechos delictivos se acumulaban en torno a la venta de Mojón Blanco. La dureza de las condenas de los alcaldes ordinarios eran parejas al nivel de criminalidad del pueblo, lugar de paso de gente de toda condición. La justicia se había dirigido, en primer lugar, contra algunos vecinos del pueblo. El herrero, Juan de Robles, sin que conozcamos la causa, había sido condenado a seis años de galeras; sentencia que se había cumplido inmediatamente por el alguacil Juan Bañón. En ese momento, Silvestre Boluda tenía apelado un proceso ante la Chancillería de Granada por delito de incesto, cometido con Pascuala de Ribada, su parienta. El caso venía de 1566, cuando había sido condenado por la justicia local al destierro del pueblo, cien azotes y seis años de galeras a remo sin sueldo. Además, varios vecinos del pueblo, Antonio de Escámez, Mateo Vázquez y Ginés de Escámez, habían sido condenados a muerte por el asesinato del tejedor Miguel Ramos.

No obstante, los casos más comunes en Hellín eran los relacionados con forasteros y la citada venta de Mojón Blanco. Unos alpargateros valencianos, Alonso de Belmonte, Francisco Sánchez, Juan de Ruzafa y Juan de Novella, estaban acusados de dar muerte a puñaladas a un vecino del pueblo, Francisco Torres. Los hechos ocurridos hacía dos años, estaban pendientes de sentencia definitiva.
En la venta de Mojón Blanco, en la noche del 21 de diciembre de 1572, un día antes de la comisión del alguacil Luis de Heredia, un cordobés de Bujalance, Martín Hernández Delgado, había robado 104 doblones y cierta ropa de vestir. Preso en la cárcel de Montealegre, estaba pendiente de ser trasladado a la cárcel de Hellín.
Aunque la mala fama de la venta de Mojón Blanco le venía por los delitos de sangre. El propio ventero había sido malherido por unos carreteros, causa que pendía ante el alcalde mayor licenciado Gállego de Alarcón. Dos años antes, se había pronunciado sentencia por la muerte de Pedro de Torres; condenados en rebeldía estaban el mesonero Alonso Martínez y un andaluz de nombre Juan Martínez.

El gobernador Luis Godínez también se había hecho cargo personalmente de la redada de galeotes. Ya había mandado a la ciudad de Cartagena con destino a Galeras a dos presos en la cárcel de Albacete, uno en la de Iniesta y otro en la de Villanueva de la Jara. Ahora, en diciembre de 1573, retomaba las ejecuciones. En Albacete, nos informa de un  preso de veintiséis años, Antonio Rodríguez, condenado por un alcalde de casa y corte, cuyo único delito era la locura, y de un joven de diecinueve años acusado de rufián. Frente a estos casos de limpieza de gente marginal, más serio parece el caso de un preso de la cárcel de San Clemente, condenado a galeras dos años antes. Santiago de Funes estaba acusado de vender un morisco que previamente había hurtado.
En Chinchilla, el gobernador intentó llenar el cupo de galeotes con varios moriscos, acusados de robo. Y en Villarrobledo, con los presos de la cárcel. Aquí consiguió llevarse un preso por robo, pero no dos soldados desertores, que, protegidos por la justicia local, habían sido soltados de la cárcel.
Al gobernador Luis Godínez no le quedó mas remedio que cumplir sus obligaciones a costa de la población gitana, encargándose personalmente de prender a todos los gitanos que sin vecindad vagaban por el Marquesado. Quince de ellos fueron detenidos y llevados a galeras. Tan poca consideración merecían estos pobres hombres que el escribano no se molestó en trasladar sus nombres al expediente.

Fuente:

AGS. CÁMARA DE CASTILLA. DIVERSOS. Libro 29, nº 2